La situación en la Finca Aljóbar, situada en el término municipal de Aznalcázar, Sevilla, ha dado un giro inesperado en las últimas semanas. A más de un año de que la Fiscalía de Medio Ambiente denunciara la presunta extracción ilegal de agua para regadío, una reciente inspección realizada el 11 de noviembre por el Seprona y miembros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado un uso indebido y no autorizado de pozos en la finca, propiedad de la Casa de Alba a través de Eurotécnica Agraria S.A.
Durante la inspección, los agentes encontraron que, de los nueve pozos que habían sido desprecintados, ocho estaban equipados con sistemas de captación y estaban extrayendo agua en el momento de la revisión. Esta acción ha intensificado la presión sobre las autoridades para que tomen medidas rápidas y efectivas, dado que el uso no autorizado de estos recursos hídricos podría acarrear graves consecuencias ambientales.
El juez a cargo del caso, en un auto emitido el 27 de noviembre, consideró que no había evidencias suficientes que justificaran medidas cautelares desde lo penal, dejando así en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la responsabilidad de actuar administrativamente. De acuerdo con fuentes del Correo de Andalucía, la Confederación ha decidido proceder al precinto cautelar de las captaciones de agua, dando un paso importante en el control sobre el uso de este recurso vital.
El informe presentado por la Fiscalía destaca que «el uso indebido de estos pozos es el objeto principal del presente procedimiento», haciendo hincapié en la urgencia de adoptar medidas que detengan la situación de ilegalidad que se ha estado perpetuando. Esta situación no solo pone en entredicho las prácticas agrícolas de la finca, sino que también plantea serias preocupaciones sobre el impacto ambiental en la zona, que ya sufre una presión hídrica considerable.
La controversia en torno a la Finca Aljóbar no se limita a los aspectos legales. También plantea importantes interrogantes sobre la gestión sostenible del agua en Andalucía, especialmente en un contexto donde el cambio climático y la sequía han llevado a una reducción crítica de los recursos hídricos. Recientemente, un informe de la misma Confederación había defendido que la ampliación de los puntos de extracción de dos a diez podría mejorar la «hidrodinámica del acuífero», pero la actual falta de autorización de explotación de estos pozos sugiere una contradicción que no puede ser ignorada.
Con la investigación aún en curso y la presión de la opinión pública y ambientalistas en aumento, la atención se centra en cómo las autoridades manejarán esta crisis y qué sanciones se impondrán a los responsables del uso indebido de recursos hídricos. La tierra y el agua en Andalucía, ya vulnerables, están bajo un escrutinio más intenso que nunca, y las decisiones que se tomen en los próximos días pueden sentar un precedente crucial para la gestión futura de estos recursos esenciales.
La situación en la Finca Aljóbar nos recuerda la constante batalla que enfrentamos entre el desarrollo agrícola y la sostenibilidad ambiental. La extracción ilegal de agua, confirmada por la recentísima inspección del Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pone de manifiesto no solo una falta de respeto hacia la normativa, sino también una clara negligencia por parte de quienes deben velar por la conservación de nuestros recursos hídricos. La falta de medidas cautelares por parte del juez deja en evidencia un sistema judicial que, en ocasiones, parece no entender la urgencia de la crisis hídrica que atraviesa Andalucía. Si no se toman decisiones firmes y rápidas, corremos el riesgo de que el descontrol en el uso del agua se convierta en la norma.
Además, es alarmante que la comunidad y las autoridades deban presionar continuamente para que se actúe. La toma de medidas administrativas sí es un paso importante, pero no es suficiente. La Confederación debe ir más allá de los precintos; necesita establecer un marco sólido que impida la repetición de estos abusos. La situación requiere no solo una respuesta legal, sino también un cambio paradigmático sobre cómo se gestiona el agua en nuestra región. La sostenibilidad no puede ser una mera palabra de moda en tiempos de crisis; tiene que ser el principio rector de nuestra política hídrica. La tierra y el agua en Andalucía son patrimonio común, y su cuidado debe estar por encima de los intereses económicos de unos pocos.
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