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Andalucía: El plan de la Junta para atender a víctimas de violencia de género choca con los colegios profesionales ante la escalada de casos.
Málaga, 8 de agosto de 2026 – Un terremoto de disconformidad sacude los cimientos de la atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía. Lo que la Junta pretendía ser un avance innovador para optimizar el apoyo psicológico se ha convertido en un campo de batalla legal y profesional. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tras años de un modelo reconocido a nivel nacional, ha presentado un nuevo pliego que, lejos de ser un mero retoque, supone una reordenación completa del sistema de atención. Si bien la administración defiende la iniciativa como un paso hacia una «atención individualizada y de mayor calidad», los colegios profesionales de psicólogos de la comunidad han alzado la voz, impugnando conjuntamente el proyecto y vislumbrando ya la vía contencioso-administrativa.
La fotografía de un futuro más humano y eficaz para las supervivientes de la violencia machista se ha teñido de sombras y desacuerdos. Los psicólogos, pilares fundamentales en el acompañamiento y la sanación de estas mujeres, se sienten ninguneados y alertan de que el nuevo modelo, lejos de mejorar la atención, podría debilitar la estructura de apoyo y la calidad del servicio. Se cuestionan aspectos cruciales del pliego, desde la asignación de recursos hasta la metodología de intervención, generando una profunda brecha entre quienes defienden la necesidad de adaptación y quienes temen un retroceso en derechos y garantías. La sensación en los despachos profesionales es de incredulidad ante un giro que consideran precipitado y carente de un diálogo constructivo.
Este choque de visiones, que ha pasado de las mesas de negociación a los tribunales, pone de manifiesto la complejidad inherente a la defensa de las víctimas. El modelo andaluz, considerado hasta ahora un «pionero y referente» en España, se enfrenta a una encrucijada histórica. Las organizaciones profesionales argumentan que la administración parece haber olvidado la experiencia acumulada y la especialización necesaria para tratar a un colectivo tan vulnerable. La impugnación conjunta, tras ser inadmitida en primera instancia, es una clara señal de la firmeza de su postura y del profundo malestar generado por lo que perciben como una imposición unilateral que ignora su conocimiento experto. El futuro de la esperanza para muchas mujeres pende ahora de un litigio que podría redefinir las reglas del juego.
La reciente noticia sobre la reordenación de la atención psicológica a víctimas de violencia de género en Andalucía nos confronta con una realidad preocupante. Que un modelo considerado «pionero y referente» a nivel nacional sea sometido a una modificación tan profunda, generando una brecha insalvable entre la administración y los profesionales que han dedicado años a su implementación, debería encender todas las alarmas. La pretensión de la Junta de Andalucía de «mejorar y avanzar en la atención individualizada» choca frontalmente con la impugnación conjunta y decidida de los colegios de psicólogos, quienes ven cuestionados aspectos fundamentales de un sistema que, precisamente, ha logrado esa atención y ese avance. Resulta difícil no percibir en esta maniobra administrativa un desprecio velado hacia la experiencia y el conocimiento acumulado por quienes trabajan en primera línea, poniendo en riesgo la continuidad y la calidad de un servicio esencial. **La protección de las víctimas no puede convertirse en un campo de pruebas para una burocracia que parece priorizar la apariencia de cambio sobre la solidez de la gestión.**
Es imperativo que se abra un espacio de diálogo real y constructivo, donde las voces de los expertos no sean meras invitadas de piedra. La eventual vía contencioso-administrativa que barajan los colegios profesionales evidencia la gravedad de la situación y el escaso margen de entendimiento ofrecido hasta ahora. No podemos permitirnos que la defensa de los derechos de las víctimas se vea mermada por intereses o visiones cortoplacistas que desestabilicen un entramado que, si bien puede ser susceptible de mejoras puntuales, ha demostrado su eficacia. **La fragilidad de las víctimas exige un compromiso inquebrantable con la estabilidad y la excelencia en su atención, y cualquier modificación debe contar con el consenso y la validación de quienes mejor conocen las necesidades del terreno.** La administración andaluza tiene la responsabilidad de demostrar que su intención es genuinamente mejorar, y no desmantelar, un recurso tan valioso.
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