El clima de tensión se ha palpado este jueves en la capital andaluza, donde un grupo de alrededor de medio centenar de trabajadores de la Agencia de Salud y Empleo se ha manifestado enérgicamente frente a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Estos empleados, todos delegados y representantes del comité de empresa, han alzado sus voces para demandar un avance en la mesa de negociación que, afirman, lleva paralizada más de tres años. Con cánticos como “¡Blanco, escucha, el SAE está en lucha!” e “¡Igual trabajo, igual salario!”, los manifestantes han dejado claro su descontento ante una situación que consideran insostenible.
Las reivindicaciones giran en torno a dos ejes fundamentales: la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre la negociación colectiva de un único convenio de trabajo, en lugar de los 14 convenios actuales, y la equiparación salarial de quienes realizan las mismas funciones a pesar de recibir diferentes remuneraciones y derechos sociales desde 2007. Este hecho ha creado un ambiente de desigualdad en el que algunos trabajadores, denunciando las diferencias, revelan que pueden llegar a percibir hasta seis mil euros anuales menos que sus compañeros que desempeñan roles equivalentes.
Los presentes en la protesta expresaron su frustración. «Somos mileuristas y empleados públicos de segunda», lamentaron algunos manifestantes de CCOO y UGT. Uno de los puntos más preocupantes que los trabajadores señalaron es que el 70% del personal laboral del SAE, aproximadamente 1.900 empleados, está por debajo de los salarios de otros trabajadores de la Junta de Andalucía en la misma categoría. Esta situación, descrita por los afectados como una “situación de precariedad”, se ha agudizado desde la crisis financiera de 2011, cuando se empezaron a perder derechos fundamentales como la ayuda para guarderías, promociones o, incluso, la posibilidad de traslado.
Alejandro Rodríguez, coordinador de UGT de Agencia SAE en Andalucía, fue uno de los portavoces destacados durante la manifestación. En sus declaraciones, Rodríguez subrayó la “inexistencia de voluntad política” como el mayor obstáculo para encontrar soluciones y mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Según sus estimaciones, la Junta de Andalucía podría estar ahorrando cerca de 14 millones de euros anuales por la falta de aumento en los salarios, mientras la precariedad persiste entre los empleados del SAE.
La situación plantea un dilema ético y social que requiere atención urgente. Los manifestantes, frustrados pero decididos, han dejado claro que no cesarán en sus esfuerzos hasta que se restablezca la justicia laboral. “No tiene sentido que los empleados del SAE enfrentemos diferencias económicas y sociales cuando todo el mundo debería gozar de las mismas condiciones”, enfatizó Rodríguez durante su intervención en la concentración.
El encuentro, que en principio se vislumbraba como una reunión de trámite, se ha transformado en un llamado colectivo a la acción. La expectativa es que la viceconsejera de Empleo reciba a los representantes de los trabajadores para dialogar de manera efectiva sobre sus demandas. Mientras tanto, la incertidumbre en torno a sus derechos laborales continúa, y los empleados del SAE se mantienen firmes en su lucha por la dignidad y la equidad en su trabajo.
La protesta de los empleados del SAE pone de manifiesto un problema que trasciende lo laboral y se adentra en el terreno de la justicia social. El hecho de que un grupo de trabajadores, con un nivel de formación y responsabilidades equivalente al de sus compañeros en otras agencias de la Junta de Andalucía, perciba salarios hasta seis mil euros anuales inferiores, evidencia una desigualdad intolerable que no solo afecta su calidad de vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad de trato en el empleo público. Este fenómeno de desigualdad, que arrastra consecuencias desde la crisis financiera de 2011, subraya la urgencia de una reforma que agrupe los 14 convenios actuales en uno solo, facilitando la equidad y el reconocimiento de la dignidad laboral. Sin embargo, el silencio y la inacción por parte de la Junta de Andalucía revelan una falta de voluntad política a la que hay que poner fin urgentemente.
La situación actual también invita a reflexionar sobre el papel de los sindicatos, que deben redoblar esfuerzos no solo por la defensa de sus representados, sino también por la creación de un clima de solidaridad y cohesión en el ámbito laboral. Es crucial que se conviertan en la voz de los descontentos y den visibilidad a las luchas de aquellos que consideran ser empleados públicos de segunda. Nuevas estrategias de presión y comunicación son necesarias para que las reivindicaciones de los trabajadores del SAE no caigan en el olvido. La precariedad laboral debe ser combatida decididamente, no con el silencio, sino con la movilización constante y el diálogo abierto, donde la reivindicación no solo sea escuchada, sino también atendida de manera efectiva por las autoridades competentes. Solo así se podrá garantizar un marco laboral justo, donde la dignidad y la equidad sean los pilares fundamentales de cualquier organización pública.
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