Málaga, 14 de enero de 2026. La intranquilidad se ha apoderado una vez más de los residentes de la Urbanización El Olivar en Churriana. Un nuevo incidente ocurrido el pasado viernes en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la Junta de Andalucía ha reavivado las protestas de los vecinos, quienes exigen el cierre cautelar de las instalaciones. Dos internos, de 16 y 18 años, fueron detenidos tras protagonizar un altercado que incluyó la rotura de una reja y gritos que resonaron en la zona residencial. Este suceso se suma a una cadena de incidentes que han puesto de manifiesto las profundas deficiencias de seguridad que, según los residentes, aquejan al centro y amenazan la convivencia en el barrio.
Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de vecinos, expresó la frustración y el temor que sienten. «Esta es la consecuencia de lo que venimos denunciando desde hace casi un año», declaró a eldiariodemalaga.es. Según el relato policial, el motín se gestó a raíz de un descontento con la comida, escalando durante la tarde hasta que los implicados recurrieron a métodos de autolesión y amenaza, utilizando cristales rotos como armas improvisadas. Vedia se mostró perplejo ante la facilidad con la que se rompieron las rejas y la posibilidad de que los internos pudieran acceder a materiales tan peligrosos. «No sé cómo un centro de menores tiene cristales que se pueden romper y utilizar», lamentó, subrayando la falta de medidas de seguridad básicas.
La proximidad del CIMI a las viviendas es una de las principales preocupaciones. Ángel Giles, vecino del área, describió la experiencia del viernes como «bastante incómoda», sintiéndose «rodeados de coches patrulla». La incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en adelante es palpable. «No sabes lo que puede pasar», insiste Giles, quien señala que la situación ha generado un clima de constante intranquilidad desde que los internos fueron trasladados al centro en junio. «Es una zona residencial donde viven vecinos justo enfrente, no pueden salir a la piscina, a su jardín, etc., se sienten incómodos en muchas situaciones», explicó. Además, criticó la inadecuación del edificio, describiéndolo como un «chalé no para esto».
Berta González, otra residente, rememoró los hechos con «miedo», especialmente al ver vídeos que circulaban en grupos de vecinos a altas horas de la noche, mostrando los golpes y la aparente facilidad para forzar las rejas que daban a un patio accesible. La larga espera de la policía en una situación «muy complicada» también añadió un factor de angustia.
Las denuncias vecinales no se limitan a los incidentes puntuales, sino que apuntan a carencias estructurales y de seguridad fundamentales. Vedia destacó la falta de un vallado perimetral «completo» y la preparación del edificio contra incendios. «Hay 50 menores en un edificio de 1972 y con unas pequeñas reformas solo han duplicado ese aforo pero no se acondiciona a la normativa, más aún con puertas cerradas con las que no se evacúa de forma normal», denunció.
González añadió una perspectiva histórica, recordando que el edificio fue una antigua residencia de monjas. «No nos parece aceptable el cambio de uso a un negocio de prestación de servicios como estos», afirmó, cuestionando cómo se otorgaron los permisos para un uso tan sensible en una zona residencial.
La comunidad de vecinos de El Olivar, unida y con el apoyo de urbanizaciones cercanas, reitera su petición de un cambio de ubicación. Consideran que la proximidad del CIMI a sus hogares es insostenible, especialmente cuando escuchan expresiones amenazantes provenientes del centro. «Hay que entender que tiene 17-18 años y por algún lado tienen que reventar», concluyó Vedia, evidenciando la complejidad de la situación tanto para los internos como para los residentes.
Este periódico ha intentado contactar con la Junta de Andalucía para obtener una declaración sobre los recientes altercados y la gestión del CIMI, pero la administración autonómica ha declinado hacer comentarios al respecto.
La noticia que rodea al Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) en Churriana, y la consiguiente alarma de los vecinos de la Urbanización El Olivar, pone de manifiesto una cruda realidad: la falta de planificación y la improvisación en la gestión de infraestructuras sociales críticas. Es innegable el derecho de los residentes a sentirse seguros y a disfrutar de su entorno. Sin embargo, la urgencia por realojar a estos jóvenes, fruto de lo que parece una toma de decisiones a la ligera, ha derivado en una situación insostenible. La conversión de un antiguo edificio, diseñado para un propósito radicalmente distinto como una residencia de monjas, en un centro para menores infractores, evidencia una profunda carencia de visión por parte de la Junta de Andalucía. Las denuncias sobre deficiencias de seguridad, la facilidad con la que se rompen las estructuras e incluso la alarmante presencia de cristales que pueden convertirse en herramientas improvisadas, son señales rojas que no pueden ser ignoradas.
Más allá de la legítima preocupación vecinal, la situación nos obliga a una reflexión más profunda sobre el tratamiento de los menores infractores en nuestra sociedad. No se trata de esconder el problema bajo la alfombra, sino de abordarlo con las herramientas y los recursos adecuados. La seguridad, tanto para los internos como para el entorno, debe ser una prioridad absoluta, y esto implica invertir en centros que cumplan con la normativa vigente y que estén concebidos desde su origen para tal fin. La argumentación de los vecinos, que apuntan a un edificio de 1972 con reformas insuficientes para albergar a 50 menores, y la falta de un vallado perimetral completo, son críticas fundadas que exigen una respuesta contundente. La Junta de Andalucía, al negarse a hacer declaraciones, tan solo agrava la sensación de desamparo y la falta de transparencia, alimentando el descontento y la incertidumbre en una zona residencial que, de la noche a la mañana, se ha visto convertida en un polvorín de inseguridad y preocupación.
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