Málaga, 22 de agosto de 2026. El mar Mediterráneo, escenario de tantos veranos y tantas vidas malagueñas, se ha convertido para la familia de Kati en el epicentro de una dolorosa incógnita. El pasado 13 de agosto, esta vecina de Málaga capital, descrita por su entorno como una «bastante buena nadadora», perdió la vida frente a la emblemática playa de El Palo. Sin embargo, lo que debería haber sido un trágico accidente sin más, ha derivado en una agria batalla judicial impulsada por su familia, que clama por una investigación exhaustiva para esclarecer los «tiempos de respuesta» y la asistencia recibida por Kati. Las dudas se ciernen sobre si se activaron los protocolos de rescate a tiempo y si la víctima pudo haber solicitado ayuda antes de ser hallada.
La empresa concesionaria del servicio de socorrismo sostiene que la muerte de Kati, de 75 años y no 80 como se publicó inicialmente, fue un accidente fortuito y que su cuerpo permaneció flotando en el agua durante aproximadamente una hora. Una versión que su hijo, José Domínguez, conocido como Dino, desmiente categóricamente. «Es mentira, mi madre estaba pidiendo auxilio», afirma rotundo, asegurando poseer testimonios que contradicen frontalmente la narrativa oficial. La familia se aferra a la idea de que Kati luchó por su vida en el agua, y la prolongada duración sin ser detectada, según la versión de la empresa, les resulta insostenible. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 recibió el aviso poco antes de las 11 de la mañana de aquel fatídico jueves, alertando de la presencia de una mujer flotando. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, la vida de Kati no pudo ser salvada, y su fallecimiento fue certificado por las autoridades presentes, incluyendo Policía Local, Policía Nacional, y personal de playas y sanitarios del 061.
Las dudas de la familia no son un eco solitario. La Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLT) del Servicio de Salvamento y Socorrismo de las Playas de Málaga, afiliada a CGT, se ha sumado a la petición de una «investigación inmediata». El sindicato ha puesto sobre la mesa cuestiones cruciales sobre el funcionamiento del dispositivo de vigilancia y rescate aquel día. Señalan la existencia de testimonios de trabajadores y documentación diversa —fotografías, audios, mensajes y registros internos— que consideran esenciales para arrojar luz sobre los hechos. Entre las interrogantes que plantean se encuentran la operatividad de las torres de vigilancia, el número de empleados presentes, las zonas cubiertas y la hora exacta de activación de los recursos. «¿Cómo es posible que una persona pueda permanecer en una zona de baño del litoral de Málaga durante un periodo tan prolongado sin ser detectada por el sistema de vigilancia?», cuestiona la organización sindical, una pregunta que resuena con fuerza en las mentes de los allegados de Kati.
La CGT revela, basándose en relatos de otros trabajadores, que el primer socorrista en llegar al agua lo hizo a nado desde la Torre 21, alcanzando a la víctima antes que la moto acuática de salvamento, a pesar de que esta última se encontraba a menos de un kilómetro y debería haber tardado menos de cinco minutos en llegar. «¿Por qué un socorrista que tuvo que recorrer aproximadamente 200 metros a nado llegó antes que una moto de salvamento que se encontraba a menos de un kilómetro y habría tardado menos de 5 minutos en llegar?», se interroga el sindicato, ubicando a la mujer en la zona de boyas. La familia comparte esta preocupación por los tiempos de respuesta y destaca que existen testigos que podrían haber presenciado lo ocurrido antes de que se activara la respuesta de emergencia.
José Domínguez, cuyo oficio como instructor de wingfoil y paddle surf le otorga un profundo conocimiento de las exigencias de seguridad en el mar, insiste en que sus dudas no nacen de la ignorancia sobre las dificultades de una emergencia acuática. «Yo arriesgo mi vida cada día en el mar», recalca. Sus reclamos se fundamentan en una profunda sensación de desasistencia y en la necesidad de que se conozca la verdad de lo sucedido. Su lucha no busca una confrontación política, sino «que se conozca exactamente qué ocurrió aquella mañana y que se determinen, si las hubiera, las responsabilidades correspondientes». Los orígenes marineros de su familia, con un abuelo que fue el «último cenachero de Málaga», Daniel, ‘El Grande’, y un linaje que «ha vivido de la mar toda la vida», añaden una capa adicional de significado a su empeño. La familia de Kati se ha personado en el juzgado y se ha opuesto al archivo de la causa, asegurando que «todo está judicializado» y exigiendo que el caso no se cierre sin tomar declaración a las personas presentes y sin contrastar los distintos relatos sobre lo acontecido.
La trágica muerte de Kati en la playa de El Palo no puede ni debe ser reducida a un simple accidente, como pretende la empresa concesionaria del servicio de socorrismo. Las profundas dudas y la desconfianza que emanan de los testimonios de su familia y del sindicato CGT exigen una investigación exhaustiva y transparente, alejada de cualquier intento de minimizar o encubrir posibles fallos. La edad de la víctima, lejos de ser un detalle menor a corregir, subraya la urgencia de garantizar que cada ciudadano, sin importar su edad, reciba la máxima atención y respuesta ante una emergencia. El hecho de que existan testigos que contradicen la versión oficial, y que el sindicato señale discrepancias flagrantes en los tiempos de respuesta del dispositivo de vigilancia, nos obliga a cuestionar la eficacia y la diligencia de un servicio público que, en última instancia, vela por nuestra seguridad.
La reclamación de una investigación «inmediata» por parte de la CGT, y la solicitud de la familia de Kati de que se declaren las responsabilidades que pudieran existir, ponen de manifiesto un problema más allá de un incidente aislado. Nos enfrentamos a la necesidad de auditar el funcionamiento de los servicios de salvamento y socorrismo en nuestras playas, especialmente en un contexto donde la temporada estival concentra un gran número de usuarios y, por ende, un mayor riesgo. La pregunta formulada por el sindicato –»¿Cómo es posible que una persona pueda permanecer en una zona de baño del litoral de Málaga durante un periodo tan prolongado sin ser detectada por el sistema de vigilancia?»– resuena con fuerza y nos exige a todos una reflexión sobre las prioridades y los recursos asignados a la seguridad ciudadana. La judicialización del caso es, por tanto, un paso necesario para arrojar luz sobre la verdad y evitar que esta tragedia se convierta en un triste recordatorio de la fragilidad de la vida y de la potencial inacción ante ella.
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