Una jornada marcada por la violencia y la inseguridad ha sacudido la prisión de Alhaurín de la Torre, según ha denunciado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). El balance de los hechos deja a un funcionario con una mordedura en la mano y a varios trabajadores penitenciarios con lesiones tras intervenciones con reclusos agresivos. El colectivo alerta sobre la situación de riesgo que enfrentan los empleados del centro, agravada, según sus palabras, por la «falta de médicos» que imposibilita la aplicación de protocolos de seguridad esenciales.
El primer incidente de gravedad tuvo lugar en el módulo 9, donde la tensión acumulada estalló cuando un recluso, previamente señalado por lanzar un zapato a otro empleado el día anterior, propinó una dolorosa mordedura en la mano a un funcionario. La intervención se produjo en el intento del trabajador penitenciario de reconducir una situación que se describió como «tensa». La ausencia de personal médico en el centro, un problema recurrente según TAMPM, impidió que se aplicaran las medidas regimentales habituales, como el traslado al módulo de aislamiento. Ante esta imposibilidad, el interno tuvo que ser conducido al módulo de ingresos, una solución que el sindicato considera «claramente inadecuada» para la contención de este tipo de comportamientos.
La jornada de terror continuó en el módulo 13 con un segundo episodio de una violencia desmedida. Un interno de complexión física imponente protagonizó una intervención que el sindicato ha calificado como «muy violenta», resultando en lesiones para varios funcionarios. Las agresiones no quedaron ahí, ya que el recluso habría proferido amenazas de muerte contra los trabajadores. El origen del conflicto, según las mismas fuentes, se remonta al contexto del Ramadán. A pesar de que al interno se le había preparado la comida correspondiente al horario especial, este habría decidido consumirla en el comedor del módulo en lugar de llevarla a su celda, desobedeciendo las indicaciones de un funcionario e intentando imponer su voluntad frente a las normas establecidas. La tensión se disparó, poniendo en riesgo una situación que el sindicato temía que derivara en un «plante del módulo», con las graves consecuencias de seguridad que ello habría implicado. Una vez más, la falta de sanitarios impidió el traslado del interno al módulo de aislamiento, obligando a su reubicación en el módulo ordinario.
Estos dos graves incidentes no son hechos aislados. El día anterior, en el módulo 6, funcionarios habían localizado teléfonos móviles y lo que a simple vista parecía ser droga. Sin embargo, el recluso implicado tampoco pudo ser trasladado al módulo de aislamiento debido a la misma carencia de personal médico. El sindicato TAMPM lanza una seria advertencia ante este preocupante patrón de conducta. Sostienen que este tipo de situaciones pueden transmitir un «mensaje peligroso» al resto de internos, sugiriendo que «las conductas graves no tienen consecuencias inmediatas». Esta percepción, advierten, debilita la autoridad del personal y compromete seriamente la seguridad del establecimiento penitenciario.
La noticia que nos llega desde la prisión de Alhaurín de la Torre es un alarmante reflejo de un problema estructural que trasciende el ámbito penitenciario. No hablamos de meros incidentes aislados, sino de la palpable consecuencia de una política de precariedad y abandono que pone en jaque la seguridad y la dignidad tanto de los internos como, y de forma especialmente preocupante, de los trabajadores. La agresión a un funcionario y las lesiones de varios compañeros, perpetradas en circunstancias que el sindicato TAMPM describe como de extrema tensión, no son hechos que debamos normalizar. Son, más bien, el grito de auxilio de un sistema al borde del colapso, donde la falta de personal médico, piedra angular en la gestión de cualquier centro de reclusión, impide aplicar protocolos básicos de contención y aislamiento, generando un caldo de cultivo de impunidad y desorden.
Es indignante constatar cómo la desidia administrativa se traduce en agresiones físicas y psicológicas para quienes desempeñan una labor tan delicada y necesaria. Permitir que situaciones como las descritas, con reclusos mordiendo y amenazando a funcionarios, queden sin una respuesta contundente y protocolaria, envía un mensaje profundamente peligroso y desmoralizador. No se trata solo de la seguridad física, sino de la autoridad y el respeto que se le debe al personal penitenciario, pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier institución. Es imperativo que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto de manera inmediata, no con parches temporales, sino con una revisión profunda y una dotación de recursos que garantice tanto la rehabilitación de los internos como la seguridad y el bienestar de los hombres y mujeres que trabajan cada día en condiciones extremas.
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