La apacible rutina de la urbanización Elviria Las Chapas, en Marbella, se vio brutalmente interrumpida el pasado viernes. Juan, de 84 años, ha sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado del terrible asesinato de su esposa, Eva, de 83 años. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella ha tomado esta drástica decisión tras la declaración del acusado, quien, según fuentes judiciales, respondió a todas las preguntas formuladas.
La escena del crimen, una vivienda unifamiliar en una zona residencial, evidenciaba la brutalidad del ataque. Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo sin vida de Eva, con múltiples heridas de arma blanca, un testimonio silencioso de una violencia incomprensible. La detención de Juan, presente en el domicilio, fue inmediata. La vivienda, ahora sellada bajo la atenta mirada de la Policía Nacional, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la convivencia y los horrores ocultos tras las puertas cerradas.
El caso ha conmocionado a la comunidad, especialmente porque no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia doméstica. La pareja no figuraba en el sistema Viogén, lo que ha generado interrogantes sobre la detección y prevención de la violencia machista en personas mayores, un problema a menudo invisible. Los vecinos, consternados, describen al matrimonio como «tranquilo y reservado», incapaces de imaginar la tragedia que se gestaba en el interior de su hogar. «Nunca escuchamos una discusión, parecían una pareja normal», comentaba una vecina visiblemente afectada.
En un intento por comprender la motivación detrás de este acto atroz, el juzgado ha ordenado que Juan sea sometido a rigurosos exámenes médicos y psicológicos. Se busca determinar su estado mental en el momento del crimen, una pieza crucial para la investigación y el posterior juicio. ¿Padecía alguna enfermedad mental no diagnosticada? ¿Fue un arrebato repentino o un acto premeditado? Las respuestas a estas preguntas son esenciales para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado.
La confirmación oficial por parte del Ministerio de Igualdad de que se trata de un crimen de violencia de género eleva la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025 a 29, una estadística que estremece y exige una reflexión profunda sobre las políticas de prevención y protección. Desde 2003, año en que se iniciaron los registros oficiales, 1.324 mujeres han perdido la vida a manos de la violencia machista, una cifra escalofriante que no debe quedar en el olvido.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más enérgica condena y han reiterado la necesidad de reforzar la detección temprana de la violencia machista en todas las etapas de la vida, especialmente entre las mujeres mayores, un colectivo vulnerable y a menudo ignorado. Este crimen en Marbella es un recordatorio trágico de que la violencia de género no conoce edades ni fronteras sociales, y que la lucha contra esta lacra debe ser una prioridad constante.
La brutalidad de este crimen en Elviria Las Chapas resuena con una sordidez particular, un eco perturbador en el aparentemente tranquilo sosiego de la jubilación. Que la violencia machista se manifieste en la tercera edad, en un contexto de aparente normalidad y sin denuncias previas, nos obliga a replantearnos radicalmente nuestros mecanismos de detección y protección. No basta con los protocolos estándar ni con la sensibilización genérica; urge una estrategia específica para abordar la violencia intragénero en la vejez, una realidad silenciada y, por lo tanto, insuficientemente atendida. La idea de que el amor romántico y la convivencia prolongada son sinónimos de seguridad es una falacia peligrosa que debemos desmantelar, especialmente cuando las estadísticas nos gritan que el horror puede esconderse tras la fachada de una vida compartida durante décadas.
Más allá de la necesaria condena y el comprensible estupor vecinal, este caso nos interpela como sociedad: ¿qué falla en nuestro sistema que permite que un hombre de 84 años llegue a asesinar a su esposa, también octogenaria, sin que ninguna señal de alarma haya sido detectada? Si bien la evaluación psicológica del agresor es crucial para entender los hechos, no debemos perder de vista la responsabilidad colectiva de construir una red de apoyo y vigilancia que abarque todas las edades y contextos sociales. La confirmación del Ministerio de Igualdad de que se trata de un crimen de violencia de género es un mazazo que nos devuelve a la cruda realidad: la lucha contra esta lacra es un camino largo y tortuoso que exige un compromiso constante, una vigilancia activa y una revisión continua de nuestras políticas y estrategias.
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