La temporada estival se cierne sobre Marbella como un sol implacable, pero no todo brilla en la ciudad dorada. Una sombra de preocupación se extiende entre los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, ante la perspectiva de afrontar una avalancha turística con recursos mermados. El Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha alzado la voz, denunciando una situación que podría poner en jaque la seguridad de los ciudadanos y visitantes: la combinación explosiva de una plantilla reducida por las vacaciones y la necesidad de destinar efectivos a la protección de ex altos cargos políticos.
El problema reside en la coincidencia de factores. Por un lado, es innegable el derecho al descanso de los agentes, y el disfrute de sus vacaciones es acorde a la normativa. Sin embargo, Marbella, con sus 117 kilómetros de extensión, experimenta un crecimiento poblacional exponencial durante el verano, multiplicando la demanda de servicios policiales. A este reto se suma la tradición de que ex presidentes del Gobierno, como José María Aznar y Felipe González, elijan la ciudad como destino vacacional, lo que implica la movilización de unidades para garantizar su seguridad, tal y como lo estipula el Real Decreto 405/1992.
La controversia se centra en el origen de los recursos destinados a estas tareas de protección. Mariló Valencia, portavoz del SRP, denuncia que, en lugar de contar con escoltas propias, los ex mandatarios estarían utilizando vehículos patrulla del 091, reduciendo la capacidad de respuesta ante emergencias ciudadanas. "En un día buenísimo, hay cuatro o cinco vehículos patrulla en Marbella para los 117 kilómetros de extensión que tiene", señala Valencia, dibujando un panorama de escasez que se agrava con la dedicación de efectivos a servicios estáticos.
La situación se complica aún más por la aparente desaparición de las comisiones de servicio específicas para Marbella, que permitían reforzar la plantilla en temporadas de alta demanda. "La realidad es que hay policías nacionales que se van de vacaciones y se merma la plantilla. Si a eso se le suman servicios estáticos, el servicio diario se complica", advierte la portavoz del SRP. El sindicato exige un "incremento específico de policías" para el verano, destinado a cubrir tanto la seguridad ciudadana como las tareas de escolta, evitando así que la protección de personalidades VIP se realice a expensas de la seguridad general.
La presión también se siente en la Policía Local, que denuncia una sobrecarga de trabajo cuando los recursos de la Policía Nacional se ven comprometidos. "Cuando esto ocurre, en un verano en que Marbella llega a tener una población de 400.000 euros, todo el trabajo nos lo desvían a nosotros", lamentan fuentes internas de la Jefatura, evidenciando una situación insostenible. Mientras tanto, la Costa del Sol aguarda conocer el número exacto de agentes que reforzarán la seguridad durante la Operación Verano 2025, un anuncio que se espera con urgencia y expectación ante un verano que se prevé caliente, tanto por las temperaturas como por la tensión policial. La pregunta que resuena en el aire es si Marbella podrá garantizar la seguridad de todos, o si las vacaciones VIP se convertirán en una carga demasiado pesada para las fuerzas del orden.
La problemática expuesta en Marbella es un espejo distorsionado de nuestras prioridades como sociedad. Si bien es comprensible y necesario garantizar la seguridad de ex altos cargos, la aparente canibalización de recursos destinados a la seguridad ciudadana para este fin resulta, como mínimo, cuestionable. No es sostenible un modelo donde la protección de unos pocos se financia a costa del bienestar y la seguridad de una población que, durante el verano, se multiplica exponencialmente. La falta de planificación y la ausencia de comisiones de servicio específicas, tal como denuncia el SRP, revelan una alarmante miopía política y administrativa que, a la larga, puede generar graves consecuencias. En lugar de buscar soluciones creativas y asignaciones presupuestarias adecuadas, se opta por un parcheo constante que perjudica tanto a los agentes como a los ciudadanos.
La situación en Marbella no es solo un problema de números y recursos, sino también de ética y responsabilidad política. ¿Cómo justificar que, en una ciudad que presume de exclusividad y lujo, se priorice la seguridad de unos pocos VIPs mientras los agentes de la Policía Local se ven desbordados y los ciudadanos temen por su integridad? La imagen que proyectamos es la de una sociedad donde los privilegios pesan más que el derecho fundamental a la seguridad. Quizás sea hora de replantear el modelo, exigiendo una mayor transparencia en la asignación de recursos y apostando por soluciones innovadoras, como la colaboración público-privada en la seguridad, o una reevaluación de los protocolos de protección a ex altos cargos que no comprometan la seguridad general. De lo contrario, el «Marbella al límite» no será solo un titular, sino una peligrosa realidad.
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