Torremolinos, 19 de noviembre de 2025 – Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha culminado con la detención de un empresario en Torremolinos, acusado de un grave delito contra los derechos de los trabajadores. El individuo, propietario de un supermercado mayorista, presuntamente se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de migrantes en situación irregular para someterlos a condiciones laborales extremas, según informaron fuentes policiales. La investigación, que se inició el pasado mes de octubre, revela una trama de explotación que mantenía a las víctimas en un estado de precariedad y dependencia absoluta.
La Ucrif de Torremolinos ha liderado una investigación que ha sacado a la luz una realidad desoladora. Los migrantes, en su mayoría provenientes de Sudamérica, eran obligados a cumplir jornadas maratonianas que alcanzaban hasta las 70 horas semanales, muy por encima del límite legal establecido. A pesar de este esfuerzo inhumano, sus salarios apenas superaban los 900 euros mensuales, una cantidad que ni siquiera alcanzaba el Salario Mínimo Interprofesional. La situación se agravaba aún más al descontarles 250 euros mensuales por el «alquiler» de espacios insalubres e indignos dentro de la propia nave industrial.
El lugar de «residencia» de estos trabajadores era un claro reflejo de la crueldad de la explotación. Colchones tirados en el suelo, sábanas improvisadas como separadores y una falta total de intimidad eran el pan de cada día. Las condiciones de salubridad eran prácticamente inexistentes, exponiendo a las víctimas a riesgos sanitarios constantes. Pero la pesadilla no terminaba ahí. El empresario, vigilando a sus empleados a través de cámaras de seguridad, imponía multas de hasta 50 euros por infracciones tan absurdas como ir al baño con demasiada frecuencia o llegar unos minutos tarde al trabajo.
Además de las jornadas interminables y los salarios irrisorios, los trabajadores no contaban con el equipamiento de seguridad adecuado para realizar sus tareas. Algunos de ellos operaban maquinaria pesada, como elevadoras, sin la formación ni la protección necesaria, poniendo en riesgo su integridad física. Los investigadores han descubierto que este establecimiento ya había sido inspeccionado en 2023 por motivos similares, encontrándose en ese entonces a cuatro trabajadores en situación irregular. La reincidencia del empresario demuestra un desprecio absoluto por la ley y los derechos humanos. El caso ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, que deberá determinar la responsabilidad penal del detenido. Este nuevo caso de explotación laboral pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia para proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.
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