La sombra de Rafael F. R., alias El Cachulo, vuelve a planear sobre el sistema penitenciario andaluz. Apenas diez días después de ser trasladado desde la prisión de Alhaurín de la Torre a la de Morón de la Frontera, este interno, conocido por su historial de incidentes violentos, ha protagonizado un nuevo y grave episodio: el intento de estrangulamiento de un funcionario.
El suceso, ocurrido en la tarde del viernes 1 de agosto, ha conmocionado a la plantilla de la prisión sevillana. Según fuentes sindicales, El Cachulo, supuestamente obsesionado con la idea de ser agredido sexualmente, abordó por sorpresa al funcionario mientras éste conversaba con otros internos en el módulo para internos con problemas mentales. Rodeándole el cuello con ambas manos, el agresor profirió amenazas de muerte y connotaciones sexuales, intentando estrangularle. La rápida intervención de otros funcionarios y los conocimientos de defensa personal de la víctima evitaron una tragedia mayor.
El funcionario agredido sufrió lesiones cervicales, dorsales, lumbares e irritación en la garganta, compatibles con el estrangulamiento, y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Este ataque ha reavivado la preocupación por la seguridad de los trabajadores penitenciarios y la idoneidad de la ubicación de internos con perfiles tan conflictivos en módulos con escasa supervisión.
El caso de El Cachulo no es nuevo en los anales de la crónica negra malagueña. En el año 2000, cuando aún era menor de edad, Rafael F. R. conmocionó a la sociedad al asesinar brutalmente a un hombre que le había recriminado su actitud vejatoria hacia una mujer. Aquel crimen desató un debate nacional sobre la responsabilidad penal de los menores y puso en entredicho la eficacia de la Ley del Menor.
Desde entonces, su historial penitenciario ha sido un reguero de incidentes y altercados. Su paso por la prisión de Alhaurín de la Torre estuvo marcado por continuos enfrentamientos y actos de indisciplina, lo que motivó su traslado a Morón de la Frontera, en busca de mayores medidas de seguridad. Sin embargo, como se ha demostrado, el cambio de centro no ha logrado contener su peligrosidad.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones ACAIP y UGT han alzado la voz para denunciar la "incoherencia" en la gestión de este tipo de internos. Critican que, pese a la peligrosidad conocida de El Cachulo y las advertencias sobre su inadaptación, se le haya ubicado en un módulo de PAIEM, diseñado para internos con problemas mentales y atendido por un solo funcionario.
Además, recuerdan que hace apenas unas semanas, una psicóloga de la misma prisión de Morón sufrió una agresión sexual por parte de otro interno, lo que evidencia, a su juicio, una "mala separación interior" y un riesgo constante para los trabajadores del centro. Exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los funcionarios y una revisión de los protocolos de clasificación y gestión de internos con perfiles conflictivos. El temor y la indignación se palpan en los pasillos de la prisión de Morón, donde la sombra de El Cachulo vuelve a generar inquietud y desconfianza.
La noticia del intento de estrangulamiento a un funcionario por parte de «El Cachulo» en la prisión de Morón no es solo un titular alarmante, sino un síntoma de un sistema penitenciario con graves deficiencias en la gestión de internos con perfiles psicológicos complejos y violentos. No se trata simplemente de un fallo puntual, sino de una concatenación de errores que ponen en riesgo la integridad física y mental de los funcionarios. La reincidencia de «El Cachulo» y la reiterada falta de adaptación a diferentes centros penitenciarios deberían haber activado protocolos mucho más estrictos y especializados, alejados de la ineficaz solución de trasladarlo a un módulo supuestamente diseñado para internos con problemas mentales, pero evidentemente carente de la supervisión y recursos necesarios. ¿Hasta cuándo vamos a esperar a que una tragedia mayor obligue a una revisión profunda de estas políticas?
Más allá de la comprensible indignación y temor de los sindicatos, es necesario un análisis más profundo de las causas subyacentes. La seguridad de los funcionarios de prisiones no puede ser un mero eslogan; debe ser una prioridad real respaldada por inversiones en personal, formación y recursos. Asignar un solo funcionario a un módulo con internos de alta peligrosidad, como denuncia ACAIP y UGT, roza la negligencia. La sociedad malagueña, que ya sufrió en el pasado las consecuencias de la violencia de «El Cachulo», tiene derecho a exigir respuestas claras y soluciones duraderas. No basta con lamentar los hechos; es imprescindible actuar con determinación para evitar que situaciones como esta se repitan, protegiendo así tanto a los trabajadores penitenciarios como a la sociedad en su conjunto.
El Diario de Málaga es el periódico digital dónde podrás seguir toda la actualidad malagueña al minuto.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
