Málaga, 18 de enero de 2026. La sombra de la violencia machista ha teñido de luto Andalucía durante 2025, cobrándose la vida de 14 mujeres en crímenes que ponen de manifiesto la cruda realidad de la impunidad y la falta de herramientas que aún enfrentan las víctimas. Un escalofriante 78,6% de estas mujeres, 11 en total, no habían presentado denuncia alguna contra sus agresores, dejando a las autoridades sin constancia oficial de los maltratos que padecían. Esta cifra, que contrasta con el panorama nacional donde de 47 víctimas solo diez habían denunciado, subraya la urgencia de intensificar los mecanismos de detección y protección, incluso en ausencia de un proceso judicial formal. El terror se concentró especialmente en los meses de junio y noviembre, ambos con un trágico saldo de tres fallecimientos, y sorprendentemente, un 35% de estos horrores tuvieron lugar en municipios de menor tamaño, con menos de 30.000 habitantes, demostrando que la lacra no entiende de demografía urbana o rural.
El análisis de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad revela un perfil del agresor complejo: el 57% de ellos eran españoles, mientras que el 43% restante eran extranjeros. En un acto cobarde que cierra el círculo de la violencia, uno de los asesinos optó por el suicidio, mientras que en otros tres casos se registraron tentativas de asesinato. La mayoría, sin embargo, fueron detenidos. Por provincias, Málaga se alza con la cifra más desoladora, sumando 6 víctimas mortales, seguida de cerca por Sevilla con 3. Huelva registra 2 fallecimientos, mientras que Almería, Granada y Jaén lamentan una vida perdida cada una. En un atisbo de esperanza, Cádiz y Córdoba lograron cerrar el año sin víctimas mortales por violencia de género. Ante esta devastadora realidad, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) activó en diez ocasiones su servicio de apoyo psicológico en crisis, tendiendo una mano amiga a las familias y allegados que quedaron sumidos en el dolor y la incredulidad.
La consejera Loles López ha lanzado un contundente llamamiento a la acción, advirtiendo que no se puede «normalizar la violencia de género ni mirar para otro lado». Su mensaje es claro: «ello convierte a la sociedad en ‘cómplices de los cobardes que maltratan a las mujeres por considerarlas de su propiedad'». López enfatiza la importancia de no subestimar las «señales de alerta», recordando que, si bien la denuncia es un pilar fundamental para activar las órdenes de protección y las medidas judiciales, los centros de la mujer brindan asistencia a las víctimas «sin denuncia previa». El análisis profundo de estos 14 crímenes machistas en Andalucía arroja otra luz sobre la intimidad destructiva: en un alarmante 71% de los casos, la pareja convivía en el momento del asesinato, subrayando la vulnerabilidad extrema en el seno del hogar. La franja de edad de las víctimas oscila entre los 25 y los 83 años, siendo las mujeres de entre 41 y 50 años el grupo más afectado. Nueve de las asesinadas eran madres, dejando a seis menores huérfanos, una herida imborrable que la Junta de Andalucía ha decidido mitigar extendiendo la ayuda económica anual hasta que cumplan los 26 años, una medida que busca ofrecer un futuro, aunque sea con el peso de la ausencia.
Las cifras de 2025 sobre la violencia machista en Andalucía, desgranadas por la Consejería de Inclusión Social, son un golpe seco a la conciencia colectiva. El dato del 78,6% de mujeres asesinadas sin denuncia previa es alarmante, no solo por la ausencia de un rastro formal que hubiera podido activar protocolos de protección, sino por lo que revela sobre la dificultad inherente para que las víctimas, inmersas en dinámicas de terror y aislamiento, puedan dar el paso crucial de pedir ayuda. Que la mayoría de estos trágicos sucesos ocurran en municipios pequeños, lejos de la supuesta «protección» de la mirada atenta de las grandes ciudades, nos obliga a reflexionar sobre la desigualdad territorial en el acceso a recursos y concienciación. La lucha contra esta lacra debe ser una estrategia de vanguardia, no una reacción tardía a estadísticas mortuorias.
La insistencia de la consejera Loles López en la necesidad de no «normalizar» la violencia y de no «mirar para otro lado» resuena con una urgencia innegable. Sin embargo, la mera advertencia no es suficiente. Es imperativo que la sociedad andaluza, y la española en su conjunto, vaya más allá del discurso y se aboque a la acción. La existencia de centros que atienden a víctimas «sin denuncia previa» es un salvavidas fundamental, pero debemos cuestionarnos por qué tantas mujeres continúan en esta situación de desprotección visible. La convivencia de la pareja en el momento del asesinato, presente en el 71% de los casos, apunta a la necesidad de programas de intervención y prevención que incidan directamente en el seno de las relaciones, abordando las dinámicas de poder y control antes de que escalen al desenlace fatal. Málaga, como provincia con el mayor número de víctimas, debe ser un foco de atención prioritario en la implementación de nuevas y efectivas medidas.
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