La aparente tranquilidad de un instituto de Villanueva del Trabuco se ha visto fracturada por un presunto y continuado caso de acoso escolar que ha llegado a oídos de la Guardia Civil. Los hechos, que apuntan a dos alumnos como presuntos acosadores, se centran en un menor de 14 años con un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga ha confirmado la aplicación de una «sanción disciplinaria» a los señalados, si bien la familia de la víctima considera que las medidas iniciales fueron insuficientes y que el acoso ha persistido. La investigación en curso busca arrojar luz sobre un calvario que, según la denuncia interpuesta, se remonta al curso pasado y ha incluido la difusión de imágenes íntimas del menor a través de Whatsapp y la colocación de «stickers» con su imagen en los aseos del centro.
El escenario de esta lamentable situación se agravó tras las vacaciones navideñas. A pesar de que la dirección del centro catalogó inicialmente los hechos como un «episodio aislado», la aparición de «nuevas conductas contra el alumno» llevó a la activación del protocolo específico de acoso escolar el pasado 8 de enero. Este protocolo, diseñado para recabar información y garantizar la seguridad de los implicados, contempló reuniones con las familias y la adopción de «medidas cautelares» destinadas a salvaguardar la integridad del adolescente. Sin embargo, la madre del menor, tras tener conocimiento de la gravedad de la situación, decidió dar un paso más allá y acudir a la Guardia Civil para presentar una denuncia formal.
La progenitora, quien trabaja como monitora del autobús escolar del instituto, relató a los agentes cómo tuvo conocimiento de los hechos a través de comentarios de otros alumnos sobre la supuesta expulsión de unos estudiantes. Lo más alarmante para ella fue descubrir que fotografías íntimas y «stickers» de su hijo habían sido colocados en los baños del centro y que se difundían imágenes suyas a través de Whatsapp desde junio de 2025. La familia considera estas acciones una grave vulneración de los derechos y de la intimidad del adolescente, cuyo comportamiento, según la denuncia, había experimentado un cambio significativo con episodios de mayor agresividad y ansiedad, inicialmente achacados a su Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El relato de la familia también pone de manifiesto una posible falta de comunicación y agilidad en la respuesta institucional. Según la denuncia, la Guardia Civil habría indicado que el protocolo contra el acoso escolar no constaba como abierto en la plataforma de Educación, una demora que el centro justificaría por «carga de trabajo». Además, la madre señala que la hermana melliza del afectado fue sacada del aula por un psicólogo del instituto para preguntarle por el estado de su hermano, sin que los progenitores fueran informados previamente, lo que incrementa la sensación de desprotección de la familia ante la magnitud de lo sucedido. La investigación de la Guardia Civil continúa su curso, recabando toda la información necesaria para esclarecer unos hechos que han dejado una profunda huella en la comunidad educativa.
La noticia sobre el caso de acoso escolar en Villanueva del Trabuco es, cuanto menos, desoladora. Lo más alarmante de esta historia no es solo la crueldad ejercida sobre un menor con un 65% de discapacidad, sino la desconcertante lentitud y aparente minimización de los hechos por parte de quienes debían haber actuado como escudos protectores. Que una «sanción disciplinaria» a dos alumnos sea la respuesta inicial a un presunto acoso, que además se describe como «episodio aislado» a pesar de las evidencias, genera una profunda inquietud. La recurrencia de las conductas y la posterior activación del protocolo específico, que parece haber sido inicialmente un trámite administrativo más que una respuesta urgente y contundente, nos obliga a cuestionar la efectividad de los mecanismos de protección que se supone deben salvaguardar la integridad de nuestros jóvenes en el entorno escolar. La sensación es que, hasta que la situación no escaló a una denuncia ante la Guardia Civil, las acciones fueron reactivas en lugar de proactivas, una deriva peligrosa cuando se trata de la vulnerable infancia.
Resulta particularmente hiriente que la madre del menor, en su rol de monitora del autobús escolar, se enterase del alcance del problema por rumores y comentarios de otros alumnos, y que el centro educativo llegase a calificar los hechos como «cosas de niños». Esta actitud, de confirmarse, sería una inaceptable falta de empatía y responsabilidad, una negación de la gravedad del bullying y sus devastadoras consecuencias. La presunta dilación en registrar el protocolo contra el acoso escolar, justificada por una supuesta «carga de trabajo», es un argumento que no puede justificar la desprotección de un menor. Es imperativo que la administración educativa revise y fortalezca los protocolos de actuación, garantizando una respuesta inmediata, sensible y efectiva ante cualquier indicio de acoso, especialmente cuando afecta a alumnos con especial vulnerabilidad. La confianza en el sistema educativo se fragiliza con episodios como este, y la prioridad absoluta debe ser la seguridad y el bienestar emocional de todos los estudiantes.
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