Los habitantes del Valle del Guadalhorce están decididos a defender su entorno natural frente a los avances de la energía fotovoltaica, tras la reciente aprobación por parte del Gobierno español de cuatro proyectos que podrían transformar radicalmente la comarca. Con el respaldo de la compañía energética austriaca Verbund, las comunidades locales se encuentran en pie de guerra ante el temor de que la declaración de ‘Utilidad Pública’ otorgue vía libre a la expropiación de tierras.
La alarma se encendió en septiembre de 2024 cuando se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los nombres de numerosos propietarios de terrenos en los municipios de Coín, Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela y Pizarra. La plataforma vecinal Álorasol, que trabaja incansablemente para informar sobre los impactos de estos proyectos desde 2021, denuncia que muchos de estos propietarios aún desconocen que sus propiedades están en la línea de fuego de las futuras instalaciones solares.
Las preocupaciones por el impacto ambiental son palpables entre los vecinos, quienes resaltan que la construcción de estas megaplanta fotovoltaicas podría acarrear Serie de consecuencias negativas. “La pérdida de biodiversidad, el deterioro del patrimonio natural y el daño a la vida rural son solo el comienzo”, declara un miembro de Álorasol, quien subraya que tales proyectos no solo afectan el paisaje, sino que amenazan el turismo rural, vital para la economía local, que ve su futuro comprometido por el riesgo de la contaminación y la sobreexplotación de recursos acuáticos.
Cuatro proyectos están en el centro de la controversia: Faballones, Natera, Orla y Volateo. La planta de Faballones se extendería por más de 200 hectáreas a lo largo del río Guadalhorce, una obra monumental que requeriría además una línea de alta tensión hacia la Estación de Cártama. La planta Natera Solar, de 39,075 MW, y su infraestructura asociada, abarcarán áreas en Coín, Alozaina y Casarabonela, mientras que la Orla Solar II incluirá un ambicioso proyecto de 49,11 MW en la misma zona.
El proyecto más grande, Volateo Solar, con un asombroso potencial de 138,23 MW, afectaría las comunidades de Antequera, Campillos y Valle de Abdalajís. Se estima que más de 600 fincas estarán en juego, dejando a muchos propietarios inesperadamente vulnerables a un proceso de expropiación que algunos consideran injusto. Carolina, de Alorasol, señala que “mucha gente ni siquiera es consciente de que su propiedad puede ser expropiada; hay casos en que, tras años de lucha, descubrimos que, de repente, su finca ya está afectada debido a modificaciones en los proyectos”.
Los ecologistas y habitantes del Valle del Guadalhorce ven esta lucha como un imperativo que no solo atañe a su calidad de vida, sino también a un legado que podría perderse para siempre. La resistencia se intensifica mientras los grupos locales organizan asambleas y marchas, intentando llamar la atención sobre su realidad. La comunidad se agrupa en un esfuerzo colectivo, comprometidos a proteger su hogar y mantener la belleza natural que, hasta hoy, les ha acompañado.
Mientras la fecha de ejecución se aproxima, la pregunta que resuena en los corazones de los vecinos es clara: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para salvaguardar el futuro de un valle que ha sido su hogar por generaciones? En un contexto donde la transición energética es crucial, la balanza se inclina entre el desarrollo y la conservación, y el Valle del Guadalhorce podría ser el próximo campo de batalla en la búsqueda de un equilibrio sostenible.
La situación en el Valle del Guadalhorce pone de manifiesto un dilema social y ambiental que no se puede ignorar: ¿realmente estamos dispuestos a sacrificar la riqueza natural y el estilo de vida de comunidades enteras en nombre de la energía renovable? Las protestas de los habitantes, que sienten que sus tierras están en la línea de fuego por proyectos altamente cuestionables, resaltan la urgente necesidad de un debate más amplio sobre la transición energética y sus verdaderos impulsos. Si bien la energía fotovoltaica es esencial para mitigar el cambio climático, no podemos permitir que su implementación se realice a expensas de la biodiversidad y el patrimonio cultural, pilares fundamentales de nuestra identidad como región.
Este conflicto pone de relieve un sistema que muchas veces actúa sin consultar a las comunidades afectadas, dejando a la población vulnerable ante procesos de expropiación y decisiones tomadas desde lejos. La lucha de Álorasol y otros grupos vecinales no es meramente una defensa del paisaje; es un grito por el derecho a decidir sobre lo que sucede en sus tierras y sobre su futuro. La balanza entre desarrollo y conservación es delicada, y el Valle del Guadalhorce debe ser un ejemplo de que la sostenibilidad no significa ignorar las voces locales. Cualquier avance en energías renovables debe ser acompañado de un compromiso real con la comunidad y el entorno, buscando un equilibrio donde la modernidad y la tradición puedan coexistir en armonía.
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