El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga ha dado un paso significativo al admitir a trámite el recurso interpuesto por el PSOE contra la controvertida operación de compra que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo para adquirir la totalidad del edificio que alberga la Delegación de Urbanismo. Este inmueble es propiedad de la sociedad Nuevos Aires 2002 S.L., vinculada con Juan Hoffman, el exconsejero condenado en el caso ‘Malaya’ y prófugo de la justicia. La situación se complica aún más al implicar a figuras políticas de renombre, como el alcalde de Estepona, José María García Urbano, del Partido Popular.
La demanda del PSOE surge tras la desestimación de las alegaciones presentadas por la formación política ante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que ignora sus preocupaciones sobre el proceso de adquisición. Según la portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, el expediente que respalda la compra enmascara una maniobra que podría desembocar en una expropiación disfrazada, destinada a declarar de "utilidad pública" el edificio y favorecer una operación que afecta directamente a las arcas municipales. Pérez ha manifestado su inquietud ante la posible creación de una deuda financiera insostenible, enfatizando que la alcaldesa Ángeles Muñoz no cesa de pedir préstamos para financiar proyectos.
Este inmueble no es ajeno a la controversia. Durante los años del gobierno del GIL, fue objeto de regateos y negociaciones turbia, lo que llevó a la eventual regularización de algunas de sus dependencias via el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, que fue posteriormente anulado por el Tribunal Supremo en 2015. La alegación de que el PGOU no podía normalizar construcciones irregulares pone en tela de juicio no solo la legalidad de la propiedad, sino también los motivos subyacentes de la actual operación.
El anuncio del Ayuntamiento de ofrecer un justiprecio de 5,1 millones de euros a la sociedad Nuevos Aires 2002 S.L. ha generado críticas furibundas en la oposición. Pérez alega que la acción de adquirir el edificio no solo es un intento de favorecer a ciertos intereses, sino que carece de justificación lógica en términos de rentabilidad para los ciudadanos. “No hay ninguna otra razón que valide esta compra más allá de un favor político”, declaró la representante socialista, quien se mostró firme en su oposición a lo que considera una gestión municipal irresponsable.
El equipo de gobierno, por su parte, defiende que la compra total del inmueble permitirá una mejor prestación de servicios públicos y una mayor eficacia en la gestión local. Mientras tanto, el proceso sigue su curso en los tribunales, dejando a la ciudadanía marbellí en la incertidumbre sobre el futuro de esta propiedad emblemática y el impacto que tendrá en las finanzas del Ayuntamiento.
La situación generada por la operación de compra del edificio de la Delegación de Urbanismo en Marbella es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia y la posible connivencia entre ciertos sectores políticos pueden arrojar sombras sobre la gestión pública. La impugnación del PSOE no es simplemente un reto político; representa un grito de alerta ante un proceso que no solo parece estar plagado de irregularidades, sino que también podría traducirse en una *carga financiera insostenible* para los ciudadanos. La relación del inmueble con figuras como Juan Hoffman y su oscura historia refuerzan la necesidad de cuestionar el sentido de esta adquisición, que, más que una mejora en la prestación de servicios, podría estar destinada a satisfacer intereses de grupo más que a atender las necesidades del pueblo marbellí.
La defensa presentada por el equipo de gobierno es, en el mejor de los casos, insatisfactoria. Al afirmar que la compra permitirá una *mejor prestación de servicios públicos*, se esfuerzan por adornar la operación con un halo de legitimidad que no parece sostenido por hechos concretos. La crítica del PSOE resuena con fuerza; al parecer, el simple hecho de alinear cifras y promesas no es suficiente para borrar la historia de opacidad que pesa sobre el edificio. Es imperativo que, más allá de la lucha política, se priorice el interés general y se garantice que los recursos municipales se inviertan de manera responsable y coherente, evitando que episodios del pasado se repitan en el presente de Marbella.
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