La costa del sol, antaño sinónimo de grúas danzando al ritmo del boom inmobiliario, parece estar bajando el telón a un acto de fervor constructivo. El Colegio de Arquitectos de Málaga ha revelado un descenso del 16,4% en la autorización de nuevas viviendas durante el tercer trimestre de 2025, un dato que invita a la reflexión sobre el futuro del sector en la provincia. Si bien la cifra total de 1.804 viviendas visadas aún refleja una actividad considerable, la comparativa con las 2.158 del mismo periodo en 2024 sugiere un cambio de tendencia que podría tener repercusiones significativas en el mercado laboral y la economía local.
La concentración de la actividad constructora en los municipios costeros –Málaga, Mijas, Manilva, Estepona y Fuengirola– continúa siendo una constante, evidenciando un modelo de desarrollo territorial que, a pesar de sus beneficios económicos, genera interrogantes sobre la sostenibilidad y la equidad. La pregunta que resuena en los círculos urbanísticos es si este enfoque litoral es realmente el más adecuado para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento y cada vez más exigente en términos de calidad de vida. ¿Se está sacrificando el interior de la provincia en aras de un turismo masivo y una especulación inmobiliaria descontrolada?
Pero el dato más preocupante de este informe es, sin duda, la ausencia total de proyectos de vivienda protegida de promoción privada durante el trimestre. Una sequía que, según la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, exige una revisión urgente de las políticas urbanísticas para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos. La falta de VPO no solo agrava la ya existente crisis habitacional, sino que también pone en riesgo la cohesión social y el futuro de miles de familias que no pueden permitirse el lujo de acceder al mercado libre.
La situación clama por una respuesta coordinada entre las administraciones, tal como destaca Gómez de Lara, para desbloquear esta emergencia habitacional. El Pacto de Estado por la Vivienda, reclamado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), se presenta como una herramienta fundamental para impulsar la construcción de vivienda asequible, la rehabilitación del parque edificado y la mejora de la eficiencia energética. De no actuar con celeridad, Málaga podría convertirse en un escaparate de lujo inaccesible para la mayoría de sus ciudadanos.
En un contexto de ralentización de la obra nueva, la rehabilitación emerge como una alternativa prometedora para dinamizar el sector y contribuir a la sostenibilidad del territorio. Los 53 nuevos hogares generados a través de proyectos de reforma parcial, junto con las 142 unidades autorizadas por reformas visadas y los nueve proyectos de reforma integral, demuestran el potencial de este ámbito. Sin embargo, es necesario acelerar los procesos en el interior de la provincia para combatir la despoblación y promover un desarrollo más equilibrado. La rehabilitación del parque edificatorio existente no solo es esencial para la sostenibilidad y la eficiencia energética, sino también para revitalizar los pueblos y ciudades que han sido olvidados por el boom inmobiliario.
A pesar de la moderación del último trimestre, Málaga sigue siendo la provincia andaluza con mayor volumen de actividad residencial, tanto en obra nueva como en rehabilitación. No obstante, la falta de vivienda pública y los altos costes de construcción amenazan con ralentizar el crecimiento del sector en 2026. El futuro de la construcción en la costa del sol está en juego, y requiere de decisiones valientes y una visión a largo plazo que ponga el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses especulativos.
El frenazo en la construcción residencial en Málaga, lejos de ser un simple ajuste de mercado, es un síntoma preocupante de un modelo territorial agotado. Celebrar esta ralentización como un «respiro» sería ingenuo, ignorando la creciente desigualdad que define nuestra provincia. La concentración exacerbada de la actividad en la costa, con la consiguiente asfixia del interior, revela una miopía estratégica que prioriza el beneficio cortoplacista sobre la sostenibilidad a largo plazo. ¿De qué sirve batir récords turísticos si la propia ciudadanía malagueña se ve expulsada de su tierra por precios inasumibles y una oferta de vivienda totalmente desajustada a sus necesidades?
La ausencia total de vivienda protegida de promoción privada es un fracaso estrepitoso de las políticas urbanísticas, un grito silencioso que resuena con la fuerza de la desesperación. No basta con lamentar la situación y reclamar un Pacto de Estado; urge una intervención decidida de las administraciones locales para incentivar la construcción de VPO y penalizar la especulación. La rehabilitación, aunque prometedora, no puede ser la única solución. Se necesitan medidas valientes que combatan la gentrificación, protejan a los inquilinos vulnerables y garanticen el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental, no como un lujo reservado para unos pocos.
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