La sombra de la incertidumbre se cierne sobre miles de familias malagueñas que aguardan la llegada de las prestaciones por dependencia. Según denunció ayer José Luis Ruiz Espejo, portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento andaluz, Málaga ostenta el deshonroso título de provincia con la mayor lista de espera en dependencia de toda la comunidad autónoma. Una realidad que, a juicio del PSOE, evidencia una gestión «nefasta» por parte del gobierno de Juanma Moreno.
La cifra es alarmante: 6.900 personas aguardan una valoración y otras 5.000 la ansiada atención. Tras estos números se esconden historias de personas mayores, enfermos y familias desbordadas que ven cómo el tiempo corre en su contra. La lentitud burocrática, especialmente en las revisiones de grado para mayores de 80 años o personas cuyo estado de salud ha empeorado, agrava la situación. Ruiz Espejo asegura que la Junta de Andalucía tarda más de dos años en llevar a cabo estas revisiones, un plazo que puede significar la diferencia entre recibir una ayuda a tiempo o lamentar una oportunidad perdida.
El debate se centra, inevitablemente, en el destino de los fondos. Ruiz Espejo destacó el importante incremento en la financiación estatal destinada a la dependencia en Andalucía, pasando de 240 millones de euros en 2018 a 738 millones en 2025. Una inyección económica que, según el PSOE, no se traduce en una mejora sustancial en la atención a los dependientes. «El gasto por dependiente en Andalucía es el más bajo de España, con 7.173 euros, casi la mitad de lo que destina el País Vasco«, denunció Ruiz Espejo.
La secretaria coordinadora del Área Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, fue aún más contundente al calificar la situación de la dependencia en Andalucía como «de agonía». Según sus datos, la media de espera se sitúa ya en 574 días. Ante esta situación, el PSOE exige un plan de choque urgente que agilice los trámites y garantice una atención digna a las personas dependientes de la provincia. La promesa de una sociedad que cuida a sus mayores y a los más vulnerables parece diluirse en una maraña burocrática y una gestión que, a juicio de la oposición, deja mucho que desear.
La situación de la dependencia en Málaga no es simplemente un dato estadístico, sino un **síntoma de una enfermedad social más profunda: la desidia institucional hacia los más vulnerables.** Que nuestra provincia lidere la lista de espera en Andalucía, con miles de personas aguardando desesperadamente una valoración o una prestación, es un baldón que debería sonrojar a cualquier administración que se precie de velar por el bienestar de sus ciudadanos. No se trata solo de la lentitud burocrática, que ya es de por sí exasperante, sino de la **erosión de la confianza en un sistema que debería ser un garante de dignidad y apoyo, y que en la práctica se revela como un laberinto kafkiano donde las esperanzas se diluyen y el tiempo juega en contra de quienes más lo necesitan.**
La inyección de fondos estatales, aunque bienvenida, no puede ser una coartada para justificar una gestión deficiente. **La comparación con otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde la inversión por dependiente dobla la andaluza, es un espejo implacable que refleja nuestras carencias.** No basta con aumentar el presupuesto; es imperativo optimizar su aplicación, erradicar la burocracia innecesaria y dotar de recursos humanos suficientes al sistema. En definitiva, se necesita una verdadera voluntad política, no meras promesas vacías, para transformar la atención a la dependencia en Málaga en un modelo de eficiencia y humanidad, en lugar del lastre que es actualmente. La cuestión ya no es cuánto se invierte, sino cómo se invierte y si realmente se está priorizando el bienestar de quienes más lo necesitan por encima de otros intereses.
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