Un año después de la cumbre que prometía desatascar el eterno embotellamiento de la Costa del Sol, la paciencia parece agotarse. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha elevado el tono, presentando una moción contundente para el próximo pleno en la que denuncia el "incumplimiento" flagrante del Gobierno central en la implementación de mejoras en la movilidad. La moción, que se debatirá en los próximos días, es un grito desesperado por infraestructuras que se antojan vitales para el desarrollo de la provincia y la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.
La iniciativa ‘popular’ exige al Gobierno central que acelere los trámites para el estudio de viabilidad del ansiado tren litoral, un proyecto que se ha convertido en el símbolo de la eterna promesa incumplida. Recuerdan el compromiso adquirido por el Ministerio de Transportes de tener listo el estudio de viabilidad antes de finales de 2024 y el estudio informativo a lo largo de 2025. Ahora, con la vista puesta en la reunión de septiembre, exigen un "cronograma público y transparente", así como la consignación presupuestaria necesaria para su desarrollo. La sombra de un retraso hasta 2027 para el estudio informativo planea sobre el proyecto, lo que postergaría el inicio de las obras a un futuro lejano, una década quizás.
Pero la moción no se centra únicamente en el tren litoral. El PP también pone el dedo en la llaga del peaje de la Costa del Sol, calificado como "el más caro por kilómetro de España". Exigen al Gobierno que bonifique a los usuarios, como ya se hace en otras autopistas del país, al considerarlo una infraestructura esencial con un impacto desproporcionado en trabajadores, estudiantes y residentes. Esta demanda resuena con fuerza entre aquellos que a diario sufren el peaje como un impuesto adicional a su movilidad.
La autovía A-7, la columna vertebral de la Costa del Sol, también es objeto de crítica. El PP reclama la ejecución urgente del tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, así como la implementación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida para mitigar el colapso diario que sufren conductores y visitantes. Estas medidas, aunque transitorias, podrían aliviar la congestión y mejorar la fluidez del tráfico en una de las zonas más transitadas de la provincia.
Finalmente, la moción aborda la situación de las líneas de Cercanías de Málaga, calificadas como "construidas hace 50 años y sin actualización". El PP exige al Gobierno que destine partidas económicas significativas tanto para la inversión como para el mantenimiento de estas infraestructuras, así como un cambio contractual con Renfe que permita aumentar las circulaciones, prestando especial atención a la conexión con el aeropuerto las 24 horas y los fines de semana, y a la ampliación de trenes y apeaderos. Un sistema de Cercanías moderno y eficiente se considera clave para descongestionar la A-7 y fomentar el transporte público.
La moción del PP es una declaración de intenciones, un ultimátum al Gobierno central para que deje de lado las promesas y se ponga manos a la obra. La Costa del Sol exige soluciones reales y urgentes para sus problemas de movilidad, y los malagueños esperan que la reunión de septiembre no sea otra oportunidad perdida.
El clamor del PP malagueño por soluciones de movilidad, aunque comprensible dado el atasco perpetuo en la Costa del Sol, **adopta un tono de exigencia que, paradójicamente, suena a tardío reconocimiento de una inacción compartida**. Durante años, las administraciones locales y autonómicas han mirado hacia otro lado mientras el problema crecía, apostando por un modelo de desarrollo urbanístico que inevitablemente estrangularía las infraestructuras existentes. Ahora, la moción presentada, más allá de su legítima demanda al Gobierno central, proyecta una imagen de urgencia que debería haber sido prioritaria mucho antes, cuando la especulación inmobiliaria parecía ser la única hoja de ruta.
La eterna promesa del tren litoral, convertida en el símbolo de la dejadez institucional, ejemplifica la falta de planificación estratégica a largo plazo. Si bien es cierto que el Gobierno central tiene una responsabilidad ineludible en la ejecución de estas infraestructuras, **no es menos cierto que la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos costeros deben asumir su cuota de responsabilidad en la búsqueda de alternativas y la implementación de medidas paliativas**. Exigir un cronograma transparente y una consignación presupuestaria es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de un replanteamiento integral del modelo de movilidad en la Costa del Sol, que pasa por incentivar el transporte público, promover la movilidad sostenible y desincentivar el uso del vehículo privado.
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