Málaga, 11 de julio de 2025 – La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha inyectado un torrente de esperanza y oportunidades en la provincia de Málaga, destinando 55,1 millones de euros desde 2022 a la creación, sostenimiento y adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Esta ambiciosa iniciativa, que abarca tanto centros especiales de empleo como empresas del mercado ordinario, refleja el firme compromiso del gobierno andaluz con la inclusión laboral y la autonomía de este colectivo.
El anuncio, realizado hoy durante la visita de la consejera Rocío Blanco a las instalaciones de Amappace, entidad malagueña de referencia en la atención a personas con discapacidad desde 1977, llega en un momento crucial. La nueva convocatoria de ayudas, que duplica prácticamente la inversión de 2018 con más de 110 millones de euros a nivel autonómico, asigna 21,4 millones de euros a Málaga, cerca del 20% del total, consolidando a la provincia como un epicentro de la inclusión laboral.
La elección de Amappace como escenario para este anuncio no es casualidad. La consejera Blanco elogió a la asociación, destacando su "sello especial" al ser impulsada desde sus inicios por padres y madres de los propios usuarios. Esta arraigada conexión con las necesidades reales del colectivo ha convertido a Amappace en un faro de esperanza y un modelo a seguir en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. En el caso de Amappace, esta inyección económica se tradujo, desde 2022, en casi 30.000 euros que facilitaron la creación de dos puestos de trabajo en empresas ordinarias y la conversión a indefinidos de ocho contratos.
"Son diez oportunidades laborales con las que promocionar otros tantos proyectos de vida, porque no olvidemos que no hay mejor inversión social que el empleo", enfatizó Blanco, resaltando la importancia de abordar la inclusión desde "una perspectiva integral". La consejera, acompañada por Inmaculada Martínez, presidenta de Amappace, Esteban Mancha, director del Centro de Día y Centro Ocupacional, Adela Porrino, directora de la Residencia de Adultos, y Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial de la Consejería en Málaga, reafirmó que la atención al colectivo de personas con discapacidad es "un objetivo prioritario del Gobierno de Andalucía". Este programa, que tiene como objetivo facilitar la inclusión laboral y generar oportunidades para personas con discapacidad, representa un paso adelante hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Si bien la inyección de 55,1 millones de euros en Málaga para la inclusión laboral de personas con discapacidad desde 2022 es, sin duda, una noticia digna de celebración, es imprescindible analizarla con una lupa crítica que vaya más allá del autobombo institucional. La clave reside en la efectividad real de esta inversión. ¿Cuántos de esos puestos de trabajo creados y mantenidos son empleos de calidad, con salarios dignos y perspectivas de desarrollo profesional? ¿Se están implementando medidas de seguimiento y evaluación para garantizar que la inclusión laboral no se convierta en una mera cifra estadística, sino en una experiencia transformadora para los beneficiarios?
El énfasis en la inversión es importante, pero no suficiente. La visita a Amappace, un referente en la atención a personas con discapacidad, es un gesto loable, pero no exime a la Junta de Andalucía de la responsabilidad de abordar las barreras sistémicas que dificultan la inclusión laboral a gran escala. Es fundamental trabajar en la sensibilización del tejido empresarial, ofrecer incentivos fiscales atractivos y, sobre todo, garantizar la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida. De lo contrario, esta inversión récord podría quedarse en un parche que no aborda la raíz del problema: la persistente discriminación laboral que sufren las personas con discapacidad en nuestra sociedad.
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