El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha distanciado claramente de la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respecto al reparto de menores migrantes en el territorio nacional. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Moreno se refirió a esta medida como «un atropello», pero, a pesar de sus reservas, admitió que Andalucía cumplirá con la ley y aceptará la distribución de estos menores. «Es una imposición de un prófugo de la justicia», afirmó, en clara alusión a las negociaciones realizadas con Junts por parte del Gobierno español. Su declaración resalta un notable contraste con la resistencia mostrada por la Comunidad de Madrid, en un contexto en el que el tema de la inmigración ha vuelto a acaparar la atención política en España.
La decisión del Gobierno de España de repartir a los menores migrantes entre las comunidades autónomas ha desatado una serie de críticas en la comunidad andaluza. Moreno enfatizó que si bien «defenderán a los menores», la falta de financiación adecuada para afrontar esta situación representa un obstáculo significativo. Durante la sesión de control parlamentario, la oposición le recordó sus anteriores pronunciamientos sobre la necesidad de acoger a estos menores, resaltando que solo se han destinado 14 de los 50 millones de euros prometidos por el Gobierno central para su atención. «No se puede tener un corazón grande y actuar con una billetera pequeña», argumentaron desde el PSOE, subrayando la necesidad de acciones más contundentes y eficaces.
Desde el partido Vox, se pidió a Moreno que siguiera la senda de su homólogo en la Comunidad Valenciana, donde se ha optado por una postura más restrictiva hacia la inmigración. Los representantes de Vox defendieron que no debe haber «ni un solo MENA más» en Andalucía, argumentando que los recursos y la infraestructura de la comunidad no pueden sostener más llegadas. Este planteamiento ha encontrado eco en ciertos sectores de la sociedad andaluza, lo que plantea interrogantes sobre el impacto social y político de la llegada de nuevos menores en centros de acogida existentes.
Las tensiones políticas continúan intensificándose en el Parlamento andaluz, donde el tema de la vivienda también cobra protagonismo. La oposición ha apuntado a los altos costos de la vivienda de protección oficial, exigiendo al Gobierno triplicar sus esfuerzos y fondos destinados a garantizar un acceso real y justo a la vivienda para los ciudadanos andaluces. «Están pagando VPO al precio de mercado libre», enfatizó el portavoz de Por Andalucía, sugiriendo que la política actual está beneficiando a intereses empresariales más que a los ciudadanos que verdaderamente lo necesitan. Esta crítica se suma a la ya acentuada presión sobre Moreno, quien ha defendido su gestión al sostener que se ha aumentado la construcción de VPO en comparación con administraciones anteriores.
El debate sobre el reparto de menores migrantes y la política de vivienda en Andalucía no solo revela la complexidad de la situación política actual, sino que también pone de manifiesto la divergencia entre los diversos partidos. Lo que está claro es que las decisiones que se tomen en los próximos días tendrán repercusiones importantes tanto en la vida de los menores migrantes como en el bienestar de la población andaluza en su conjunto. La voluntad de cumplir con las normas nacionales, a pesar de las reticencias y la falta de recursos, plantea un conflicto que se intensificará en el futuro inmediato, dejando entrever la necesidad de un enfoque más sólido y cohesionado en torno a la inmigración y la vivienda.
El reciente anuncio de Juan Manuel Moreno sobre el reparto de menores migrantes en Andalucía pone de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre la legalidad y el respeto humanitario hacia una población vulnerable. Aunque su reconocimiento de la necesidad de cumplir con la normativa nacional es un aspecto positivo, la percepción de este proceso como un «atropello» refleja una falta de compromiso real con la integración y el bienestar de estos menores. La preocupación de Moreno por la escasez de recursos destinada a su atención es válida, pero resulta contradictorio cuando sus palabras no se traducen en acciones concretas que aseguren un manejo responsable y adecuado de la situación. Es momento de que los líderes políticos comprendan que no basta con cumplir la ley; es necesario abordar la complejidad de la inmigración con una visión que priorice la dignidad humana y la cohesión social.
Por otro lado, la presión ejercida por partidos como Vox evidencia las divisiones internas en Andalucía y la polarización del discurso sobre la inmigración. La postura restrictiva que propone Vox, al gritar a los cuatro vientos que «no debe haber ni un solo MENA más», atenta contra el principio básico de solidaridad que debe imperar en nuestra sociedad. La llegada de nuevos menores migrantes no es solo un desafío, sino también una oportunidad para que Andalucía muestre su capacidad de acogida y su compromiso con los derechos humanos. La presión de los partidos de oposición, que exigen más recursos para la vivienda, también subraya que la gestión política debe ser holística; enfrentar la crisis de vivienda en paralelo a la atención de los menores migrantes es esencial si se quiere evitar un colapso en la cohesión social. En definitiva, la situación de los menores y el acceso a la vivienda requieren un enfoque multidimensional, que priorice no solo la legalidad, sino también la empatía y la justicia social en Andalucía.
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