La sombra de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se alarga, y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha decidido plantar cara. Tras recopilar 150 casos de mujeres afectadas, la asociación ha confirmado que iniciará una batalla legal a través de reclamaciones patrimoniales individuales ante la Junta de Andalucía. La decisión, tomada tras un exhaustivo análisis de cada caso por el abogado Manuel Jiménez, busca que la administración reconozca los daños causados y ofrezca una justa indemnización.
El camino hacia la justicia no será fácil. Amama se prepara para un largo proceso que, según la ley, comenzará con la presentación de reclamaciones individuales. La Junta tendrá un plazo máximo de seis meses para responder. Si la respuesta es favorable y la indemnización ofrecida es aceptable, el caso podría resolverse. Sin embargo, si la Junta rechaza las reclamaciones o no responde en el plazo establecido, Amama está dispuesta a llevar el caso ante los tribunales a través de la vía contencioso administrativa. Una demanda colectiva, por el momento, ha sido descartada, priorizando la individualidad de cada caso y la singularidad de los daños sufridos.
Mientras tanto, la crisis del cribado sigue generando una tormenta política y judicial. La Fiscalía Superior y la Fiscalía de Sevilla investigan los fallos en el proceso y las denuncias de manipulación de pruebas médicas en ClicSalud y Diraya. Los partidos de izquierda, por su parte, han presentado denuncias contra el Gobierno andaluz, acusándolo de "homicidio imprudente en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios". Adelante Andalucía incluso planea llevar el caso ante el TSJA, señalando a ex consejeras de Salud y otros altos cargos del SAS como responsables.
En medio de esta situación, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expresado su "solidaridad absoluta" con las mujeres afectadas, calificando la situación como "desastrosa". Gabilondo ha recordado que en julio de 2024 solicitó al Ministerio de Sanidad que se atendieran las listas de espera y ha insistido en la necesidad de mejorar la organización del sistema. La lucha de Amama y el clamor de las afectadas exigen una respuesta contundente y soluciones urgentes para evitar que este tipo de errores se repitan en el futuro. La salud y la vida de las mujeres andaluzas no pueden ser puestas en riesgo por fallos administrativos o negligencias.
La decisión de Amama de optar por reclamaciones patrimoniales individuales, aunque comprensible dada la singularidad del daño sufrido por cada mujer, revela una dolorosa realidad: **la dificultad sistémica para abordar las negligencias sanitarias de forma colectiva en Andalucía**. Si bien la vía individual permite personalizar las compensaciones, también corre el riesgo de atomizar la lucha y alargar los procesos judiciales, beneficiando a la administración que, con sus recursos, puede dilatar y desgastar a las afectadas. ¿No es hora de repensar los mecanismos legales para facilitar las demandas colectivas en casos de negligencia sanitaria manifiesta, protegiendo así de manera más efectiva los derechos de los ciudadanos ante la burocracia?
Más allá de las necesarias indemnizaciones, que no repararán el daño infringido, **urge una investigación profunda e independiente que depure responsabilidades y garantice la transparencia del sistema de cribado**. La tormenta política y judicial es inevitable, pero no debe eclipsar el objetivo fundamental: aprender de los errores para evitar que se repitan. Las denuncias cruzadas y las investigaciones paralelas, si bien necesarias, deben converger en un análisis riguroso que identifique los fallos de gestión, los protocolos inadecuados y las posibles negligencias individuales, para que la salud de las mujeres andaluzas no vuelva a ser puesta en riesgo por la desidia o la falta de control.
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