Málaga, 9 de julio de 2025 – La aprobación de 34 nuevas titulaciones en universidades privadas por parte de la Junta de Andalucía ha desatado una tormenta en el panorama educativo andaluz. La Asociación de Universidades Públicas (AUPA) ha alzado la voz, denunciando lo que consideran una "asfixia económica" para las instituciones públicas y acusando a la Consejería de Universidad de "mercantilizar el derecho a la educación superior". El debate, lejos de amainar, ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones entre el sector público y el privado en la comunidad autónoma.
El detonante de esta controversia ha sido la autorización de la Consejería para que tres universidades privadas – CEU Fernando III de Sevilla, Loyola Andalucía de Córdoba y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (online) – amplíen su oferta académica. Desde AUPA, la crítica es contundente: consideran que este movimiento favorece desproporcionadamente a las universidades privadas en detrimento de las públicas, que se ven cada vez más presionadas por la falta de recursos. De hecho, fuentes internas de la Universidad de Málaga (UMA) han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la captación de estudiantes y en la financiación de proyectos de investigación.
La Junta de Andalucía, por su parte, defiende su postura argumentando que el porcentaje de titulaciones públicas en la región sigue siendo muy superior al de la media nacional: un 93% frente al 71%, según datos del Ministerio de Ciencia. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha insistido en que las universidades públicas "recibirán este año la mayor financiación de toda su historia, con más de 1.750 millones de euros", un 33% más que en 2018. Sin embargo, esta inyección económica no parece ser suficiente para calmar los ánimos. Los rectores de las universidades públicas insisten en que la creación de nuevas titulaciones en el sector privado diluye los recursos y resta competitividad a las instituciones públicas, que ven cómo se les escapan oportunidades de crecimiento e innovación.
La controversia se centra, además, en la disparidad en la oferta de másteres. De los 767 que oferta el sistema universitario andaluz, 734 corresponden a las públicas y tan solo 33 a las privadas, lo que eleva el porcentaje de las públicas al 95,7% frente al 4,3% de las universidades privadas. En el caso de los grados, de los 659 que oferta el sistema andaluz, 591 son de la pública (89,6%) frente a los 68 de las privadas (10,4%). Datos que, según la Consejería, demuestran que "no existe una privatización del sistema universitario andaluz".
La sombra del modelo universitario madrileño, donde la presencia de universidades privadas es significativamente mayor, planea sobre el debate. Algunos sectores temen que la Junta esté buscando replicar este modelo en Andalucía, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la calidad de la enseñanza pública y el acceso a la educación superior. Mientras tanto, la comunidad estudiantil observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el futuro de la universidad andaluza. La pelota está ahora en el tejado de la Junta, que deberá demostrar su compromiso con la educación pública a través de medidas concretas que garanticen su sostenibilidad y excelencia.
La proliferación de universidades privadas en Andalucía, con la consiguiente aprobación de nuevas titulaciones, no debería entenderse únicamente como un incremento de la oferta educativa, sino como una **reconfiguración del modelo que prioriza la competencia en lugar de la complementariedad**. La defensa a ultranza de la Junta, amparándose en un supuesto mayoritario porcentaje de titulaciones públicas, suena a excusa para justificar una deriva que, a medio y largo plazo, puede minar la calidad y accesibilidad de la universidad pública. El peligro no reside en la existencia de opciones privadas, sino en el riesgo de que la balanza se incline hacia un sistema dual, donde la excelencia quede relegada a aquellos que pueden permitírsela, perpetuando desigualdades sociales ya de por sí preocupantes.
Las cifras ofrecidas por la Consejería, aunque aparentemente tranquilizadoras, merecen un análisis más profundo. Si bien es cierto que la inversión ha aumentado, ¿se está distribuyendo equitativamente? ¿Se están destinando recursos suficientes a investigación y desarrollo en las universidades públicas, o se priorizan otros ámbitos menos estratégicos? La sombra del modelo madrileño, con su fuerte apuesta por lo privado, es alargada y genera incertidumbre. Urge, por tanto, un debate sereno y transparente, donde se analicen las necesidades reales del mercado laboral andaluz y se establezcan **sinergias entre el sector público y el privado**, garantizando que la educación superior siga siendo un motor de progreso social y no un privilegio al alcance de unos pocos. No se trata de demonizar la iniciativa privada, sino de asegurar que no se produzca una **mercantilización encubierta de la educación superior**, socavando el futuro de las generaciones venideras.
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