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Cierran un caso de bullying en Villanueva del Trabuco, investigan otros dos.

Educación cierra un protocolo de bullying por falta de indicios suficientes, mientras la familia clama indignación ante la situación de la menor.

Cierran un protocolo de acoso escolar en Villanueva del Trabuco tras analizar testimonios

La comisión de convivencia del instituto de Villanueva del Trabuco ha tomado la decisión de cerrar uno de los tres protocolos de acoso escolar que se encontraban activos, según ha confirmado la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga. La medida se ha adoptado tras un minucioso análisis de la documentación y los testimonios recabados, concluyendo que no concurren indicios suficientes para mantener abierto dicho protocolo en uno de los casos. Esta resolución, adoptada por el órgano colegiado compuesto por representantes del claustro, alumnado y familias, marca un hito en la investigación de las denuncias que han sacudido a la comunidad educativa del centro.

Detalles de la decisión y contexto de las denuncias

La decisión de cerrar uno de los protocolos se refiere específicamente al caso de una alumna de 13 años, cuya familia interpuso recientemente una denuncia ante la Fiscalía de Menores. Según el relato de la familia, la menor habría sufrido un presunto acoso escolar continuado durante al menos cuatro años, lo que habría desembocado en un grave trastorno de la conducta alimentaria. La adolescente se encuentra ingresada desde el pasado 15 de diciembre en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Civil de Málaga, recibiendo tratamiento especializado por anorexia. Los episodios de acoso, según el testimonio de la madre, se habrían iniciado en la etapa de Primaria y se habrían prolongado tras el paso de la menor a 1º de ESO, con insultos reiterados sobre su físico, como «gorda» o «fofa», que habrían contribuido a una profunda distorsión de su imagen corporal y una severa pérdida de autoestima.

Por otro lado, los otros dos protocolos de acoso escolar continúan activos. Uno de ellos investiga la denuncia de la madre de un menor con un 65% de discapacidad y Trastorno del Espectro Autista (TEA). A este alumno, presuntamente, le habrían tomado fotos íntimas en el baño del centro y las habrían difundido a través de grupos de Whatsapp con stickers. La Delegación Territorial ha trasladado su confianza “absoluta” en la actuación del equipo directivo, de la comisión de convivencia y del Servicio de Inspección Educativa, y ha anunciado la oferta de recursos complementarios para reforzar la convivencia en el instituto. La administración ha precisado que, en los tres casos denunciados, los protocolos de acoso escolar ya se encontraban activados con anterioridad a la interposición de las denuncias, y que la colaboración del centro con la Guardia Civil ha sido “absoluta”, llegando incluso a informar de los hechos con carácter previo a la denuncia en algún caso.

La reciente decisión de la comisión de convivencia del instituto de Villanueva del Trabuco de cerrar uno de los protocolos de acoso escolar, a pesar de las graves denuncias presentadas, genera una profunda inquietud que va más allá de la mera gestión administrativa. Si bien se argumenta la falta de «indicios suficientes» tras el análisis de documentación y testimonios, este tipo de resoluciones levantan interrogantes sobre la sensibilidad y exhaustividad con la que se abordan casos que involucran, además, a menores especialmente vulnerables, como el caso del alumno con discapacidad. La premisa de confiar «absolutamente» en los equipos directivos y la inspección es comprensible, pero no debe ser un escudo que impida una revisión crítica de los procesos, especialmente cuando las secuelas de un posible acoso, como en el caso de la menor con un trastorno alimentario, son devastadoras.

Es crucial que las administraciones educativas, ante la presentación de denuncias tan delicadas, no solo refuercen la convivencia, sino que también implementen mecanismos de verificación y acompañamiento que aseguren que las investigaciones sean rigurosas y transparentes. El cierre de un protocolo, sin importar la justificación formal, puede ser percibido por las familias afectadas como una invalidación de su sufrimiento y una desprotección del menor. Es imperativo que el sistema educativo garantice que cada denuncia de acoso sea tratada con la máxima seriedad, buscando la verdad de los hechos y ofreciendo un apoyo integral a las víctimas, sin dejar lugar a dudas sobre la contundencia de su compromiso contra el bullying.

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