Málaga, 16 de enero de 2026. El eco de los tractores resonará de nuevo en las carreteras de toda España a finales de este mes. Las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han dado la voz de alarma y han convocado un ambicioso ciclo de movilizaciones para denunciar la alarmante pérdida de rentabilidad de las explotaciones, la implacable presión de los acuerdos comerciales internacionales y las inciertas transformaciones que se perfilan en la Política Agrícola Común (PAC). El punto álgido de estas protestas está fijado para el próximo 29 de enero, una fecha que el sector ya considera como la jornada central de reivindicación a nivel nacional, un día para visibilizar un malestar que, según afirman, se ha agudizado hasta un punto crítico.
La semana del 26 al 30 de enero se convertirá en un hervidero de actividad reivindicativa, con tractoradas, concentraciones y manifestaciones desplegándose de forma simultánea en numerosos territorios. El objetivo es claro: hacer que el campo, ese motor silencioso de la economía y la sociedad, vuelva a ocupar el centro del debate político y económico. Las organizaciones convocantes subrayan que el contexto actual es de «límite» para agricultores y ganaderos, ahogados por decisiones adoptadas tanto en el ámbito comunitario como en el nacional que, lejos de ofrecer soluciones, agravan su precaria situación.
En el epicentro del conflicto se encuentran dos frentes que generan profunda preocupación: el rechazo unánime al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la incertidumbre que rodea al futuro presupuesto comunitario y la PAC. Las organizaciones agrarias argumentan que el pacto con Mercosur abre la puerta a una competencia desleal, permitiendo la entrada de productos que no cumplen con las exigentes normativas sanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a los productores europeos. Esta «competencia a la baja» pone en jaque la supervivencia de las explotaciones locales. A esto se suma el temor a posibles recortes en la financiación europea y cambios estructurales en la PAC, medidas que, según las organizaciones, podrían debilitar aún más la renta agraria y acelerar el doloroso abandono de explotaciones, especialmente en las zonas rurales más despobladas.
Más allá de los grandes acuerdos comerciales, el campo español se enfrenta a problemas estructurales que minan su día a día. El constante incremento de los costes de producción, especialmente en lo referente a la energía y los fertilizantes, ha erosionado los márgenes de beneficio hasta niveles insostenibles. A esta presión económica se suma la creciente carga burocrática, un verdadero laberinto de trámites y controles que consumen tiempo y recursos valiosos, sin aportar, en muchos casos, mejoras reales en la eficiencia o competitividad. Esta combinación letal de factores está provocando el cierre de explotaciones, la reducción del patrimonio agrario y una progresiva descapitalización del tejido productivo en el medio rural, un fenómeno que exige una reflexión profunda y acciones contundentes para invertir la tendencia.
En Andalucía, la movilización del 29 de enero promete ser especialmente visible. ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias han convocado concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno en todas las capitales de provincia andaluzas. El campo andaluz lanza una advertencia contundente: el impacto del acuerdo de Mercosur, los posibles recortes en la PAC, el imparable aumento de los costes de producción y la persistente falta de simplificación administrativa no solo afectan a los productores, sino que repercuten en toda la cadena agroalimentaria, y en última instancia, en los bolsillos de los consumidores. Las movilizaciones buscan, por tanto, reabrir un debate inaplazable sobre el futuro del campo andaluz y su papel estratégico e insustituible en la economía y la sociedad.
Una vez más, el campo español se prepara para tomar las carreteras, un gesto que, si bien comprensible ante la asfixia económica que denuncian los agricultores y ganaderos, nos obliga a reflexionar sobre la insostenible espiral de protestas que parece haberse enquistado en nuestro sector primario. Es innegable que las reivindicaciones en torno a la rentabilidad, la competencia desleal de acuerdos comerciales como el de Mercosur y la incertidumbre de la Política Agrícola Común tienen un peso real. Sin embargo, resulta desalentador ver cómo estas movilizaciones se convierten, a menudo, en un clamor que, aunque legítimo, puede perder su capacidad de persuasión por su recurrencia y, en ocasiones, por la falta de propuestas claras y consensuadas que vayan más allá del grito de auxilio. La sociedad civil observa, a veces con empatía, a veces con hartazgo, cómo el debate se centra en la incomodidad del tráfico y se diluye la urgencia de soluciones estructurales y pactos a largo plazo.
Es imperativo que las organizaciones agrarias, junto con las administraciones, trasciendan este ciclo de protestas y avancen hacia un diálogo constructivo que aborde de raíz los problemas. La simplificación administrativa y la reducción de costes de producción son, sin duda, pilares fundamentales, pero es igualmente crucial una visión estratégica del futuro del sector. ¿Cómo integrar de manera efectiva la sostenibilidad medioambiental con la viabilidad económica? ¿Qué papel jugarán las nuevas tecnologías y la innovación para mejorar la competitividad? La flexibilidad territorial en las convocatorias es un guiño a la realidad local, pero el reto es global y exige respuestas coordinadas y valientes. Si no se abordan estas cuestiones de fondo, corremos el riesgo de que el campo, ese motor fundamental de nuestra economía y cultura, se convierta en un eterno campo de batalla, incapaz de cosechar el futuro que merece.
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