El Parlamento de Andalucía se prepara para una batalla crucial por el nuevo modelo de financiación autonómica, ondeando una bandera que creían olvidada: el acuerdo suscrito en 2018, con la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero al frente, y respaldado por la oposición del Partido Popular. Un pacto que ahora emerge como un arma cargada de argumentos para defender los intereses de la comunidad andaluza ante la inminente propuesta del Ministerio para todas las autonomías.
El núcleo del debate reside en el criterio de «ordinalidad», una fórmula que, según el Parlamento andaluz, podría «poner en peligro el principio de equidad». En esencia, la ordinalidad implica ordenar a las comunidades autónomas en función de su financiación per cápita, respetando su posición en términos de capacidad fiscal. Una metodología que, para Andalucía, supone un riesgo palpable de perpetuar las desigualdades existentes y lastrar su desarrollo.
El acuerdo de 2018, un documento que ahora resurge con fuerza, es contundente: «En ningún caso [la ordinalidad] puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto». Esta afirmación, contundente y respaldada por un consenso político transversal, se erige como el principal argumento de Andalucía para exigir un modelo de financiación que prime la suficiencia financiera y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad en la que residan.
La presentación de la propuesta ministerial en el primer trimestre de 2026 se vislumbra como un momento decisivo. Andalucía, con su acuerdo de 2018 bajo el brazo, buscará garantizar que el nuevo sistema de financiación autonómica no solo respete la legalidad vigente, sino que también se ajuste a las necesidades reales de la comunidad, apostando por una distribución de recursos que promueva un crecimiento equilibrado y sostenible. La partida ha comenzado, y Andalucía está lista para jugar sus cartas con firmeza.
La resurrección del acuerdo de 2018 como arma arrojadiza en la batalla por la financiación autonómica es, a la vez, sintomática y preocupante. Sintomática porque revela la permanencia de agravios comparativos históricos que ni siquiera un consenso político puntual, como el de aquel año, logra desterrar. Preocupante porque la insistencia en la «ordinalidad» como amenaza a la equidad parece simplificar en exceso un problema de financiación mucho más complejo y multifactorial. Andalucía hace bien en defender sus intereses, pero aferrarse a un pacto de hace seis años, en un contexto socioeconómico radicalmente distinto, suena más a maniobra táctica que a estrategia de futuro. Se corre el riesgo de enquistar el debate en viejas rencillas en lugar de buscar soluciones innovadoras y verdaderamente equitativas.
El quid de la cuestión reside, a mi juicio, en la definición misma de «equidad». Si entendemos equidad como igualdad aritmética, caeremos en el error de ignorar las necesidades específicas y los desafíos particulares de cada comunidad. Andalucía, con su innegable potencial y sus evidentes carencias, necesita una financiación que incentive el desarrollo y corrija las desigualdades estructurales. El modelo, por tanto, debe ser sensible a variables como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial o las tasas de desempleo. Agitar el fantasma de la «ordinalidad» puede ser útil para ganar titulares, pero lo verdaderamente relevante es proponer una fórmula de financiación que premie la eficiencia, fomente la inversión productiva y garantice unos servicios públicos de calidad para todos los andaluces.
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