En una escalada de tensión sin precedentes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado duras acusaciones contra "una parte" del Poder Judicial, señalando una supuesta campaña orquestada para desestabilizar al Gobierno. Sus declaraciones, realizadas durante la Conferencia Política de Movimiento Sumar, llegan tras la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo.
Díaz ha elevado el tono, argumentando que la sentencia contra García Ortiz no es más que un "punto de inflexión" que revela una intervención política inaceptable. Según la vicepresidenta, el Poder Judicial habría "suspendido sus funciones constitucionales" al condenar a un hombre "inocente" cuyo único delito fue "ejercer las funciones por las que ha sido nombrado". La vicepresidenta ha denunciado la existencia de un complot fraguado por "sectores" del "poder económico", de los "medios de comunicación" y de la "política", junto con una parte del Poder Judicial, para lograr el "derribo" del Gobierno.
La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a la movilización de la sociedad progresista en defensa del Gobierno de coalición. Díaz ha advertido que PP y Vox "van a por todas" y ha equiparado la situación actual a la estrategia del "quien pueda hacer que haga" de José María Aznar, instando a una respuesta contundente en las calles.
La vicepresidenta ha vinculado directamente el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP con la condena del fiscal general, sugiriendo que la estrategia de los populares busca "dominar" el órgano para "incidir en la vida política". Díaz ha insistido en que se ha condenado a un "inocente" por "defender la transparencia frente a los bulos y por luchar contra el fraude fiscal", mientras que "no se tocan" a los evasores fiscales y a los mentirosos.
Las acusaciones de Yolanda Díaz, sin duda, intensificarán el debate político y judicial en España, abriendo un nuevo frente en la ya compleja relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La respuesta de los partidos de la oposición y del propio Tribunal Supremo se espera con máxima expectación en los próximos días. La estabilidad política del país, sin duda, pende de un hilo.
Las acusaciones de Yolanda Díaz, más allá de la comprensible defensa de un miembro clave de su equipo, incurren en una peligrosísima banalización del concepto de «intervención política». Cuestionar la independencia judicial mediante la simple acusación de parcialidad, amparándose en una vaga teoría conspirativa de poderes fácticos, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Aunque la politización de la justicia en España es un secreto a voces, especialmente evidente en la persistente incapacidad para renovar el CGPJ, señalar con el dedo a «sectores» sin aportar pruebas concretas es un ejercicio irresponsable que alimenta la polarización y dificulta el debate sosegado necesario para abordar las verdaderas deficiencias del sistema judicial. En lugar de agitar el fantasma de un complot, la vicepresidenta haría mejor en proponer reformas concretas que garanticen una mayor transparencia y rendición de cuentas, blindando así la imparcialidad del Poder Judicial frente a cualquier injerencia, venga de donde venga.
La llamada a la movilización progresista, evocando el «quien pueda hacer que haga» de Aznar, revela una preocupante estrategia de victimización que, lejos de fortalecer al Gobierno, lo debilita. Equiparar la crítica legítima, incluso la más vehemente, a una conspiración para «derribar» al Ejecutivo es una táctica burda que ignora la esencia del pluralismo democrático. La defensa de la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal, argumentos esgrimidos por Díaz para justificar la actuación del fiscal general, son objetivos loables que no pueden servir de escudo para eludir la rendición de cuentas ante la justicia. El Estado de Derecho exige que todos, sin excepción, estén sujetos a la ley, y la instrumentalización de la narrativa progresista para desacreditar las decisiones judiciales sienta un precedente nefasto que socava la legitimidad del propio Gobierno.
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