Málaga, 17 de septiembre de 2025 – En una decisión judicial sin precedentes, el Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno central a hacer público el código fuente de «Bosco», el controvertido algoritmo encargado de la asignación del bono social eléctrico, una ayuda crucial para familias vulnerables. Esta sentencia, pionera en España, no solo supone un triunfo para la Fundación Ciudadana Civio, impulsora del recurso, sino que también sienta un precedente fundamental en la demanda de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública algorítmica.
La opacidad que rodeaba a «Bosco» había generado serias dudas sobre la equidad y la eficacia del sistema de asignación. Las sospechas de errores y sesgos en el algoritmo, que aparentemente dejaban fuera a beneficiarios legítimos, motivaron la lucha de Civio por desentrañar el misterio detrás de su funcionamiento. Ahora, gracias a la resolución del Supremo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de examinar las «tripas» del programa y comprender cómo se toman las decisiones que afectan directamente a su bolsillo y bienestar.
Durante el largo proceso judicial, el Gobierno argumentó que revelar el código fuente de «Bosco» podría infringir sus derechos de propiedad intelectual, comprometer la seguridad del sistema y exponer datos personales de los solicitantes. Sin embargo, el Supremo ha desestimado estos argumentos, priorizando el derecho de acceso a la información pública y la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La sentencia subraya que la publicación del código fuente no implica la revelación de datos personales, ya que el algoritmo en sí mismo no contiene información sensible sobre los solicitantes.
La decisión del Supremo también cuestiona la idea de que la opacidad es necesaria para proteger la seguridad de un algoritmo. Por el contrario, el tribunal argumenta que la transparencia y el escrutinio público pueden contribuir a mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema, permitiendo la identificación y corrección de posibles vulnerabilidades. Esta visión innovadora representa un cambio de paradigma en la forma en que se concibe la seguridad en la era de la inteligencia artificial y la administración algorítmica.
La sentencia del caso «Bosco» marca un punto de inflexión en la relación entre la administración pública y la ciudadanía. Al obligar al Gobierno a revelar el código fuente de un algoritmo que gestiona un bien público, el Supremo establece un precedente importante para futuros casos de transparencia algorítmica. La decisión judicial refuerza la idea de que la tecnología, por más compleja que sea, no puede ser utilizada como una excusa para ocultar información de interés público.
Ahora, el Gobierno deberá acatar la sentencia y poner a disposición de Civio y de la ciudadanía el código fuente de «Bosco». Este proceso de apertura permitirá no solo evaluar la calidad y la equidad del algoritmo, sino también generar un debate público sobre el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones que afectan a la vida de las personas. La sentencia del caso «Bosco» representa un paso crucial hacia una administración pública más transparente, responsable y democrática, donde la tecnología sirve al interés general y no al secretismo y la opacidad. Este precedente sienta las bases para un futuro donde los algoritmos que gestionan nuestros recursos públicos sean tan comprensibles y auditables como las leyes que los respaldan.
La sentencia del Supremo sobre el algoritmo ‘Bosco’ es, sin duda, una bocanada de aire fresco en un contexto administrativo cada vez más dependiente de cajas negras algorítmicas. Si bien la decisión supone un avance innegable hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, no debemos caer en la complacencia de considerar este acceso al código fuente como la panacea para los males de la administración digital. La complejidad inherente a este tipo de herramientas requiere, más allá de la simple publicación, la creación de mecanismos de control y auditoría ciudadana realmente efectivos. ¿Contamos con los recursos y la capacitación necesarios para interpretar y evaluar críticamente el funcionamiento interno de ‘Bosco’ y otros algoritmos similares? La pregunta, por el momento, queda en el aire.
Además, resulta preocupante que la judicialización haya sido el camino necesario para lograr este nivel de transparencia. ¿Por qué el Gobierno central se aferró a la defensa de la propiedad intelectual en detrimento del interés público, obligando a Civio a recurrir a los tribunales? Esta actitud revela una resistencia institucional a la apertura que, en última instancia, socava la confianza ciudadana. Más allá de la sentencia favorable, es fundamental que la administración pública adopte una cultura proactiva de transparencia algorítmica, implementando protocolos claros y accesibles para la auditoría y la supervisión de las herramientas digitales que impactan directamente en la vida de los malagueños y del resto de la ciudadanía.
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