En una revelación que ha sacudido los cimientos del panorama tecnológico malagueño y nacional, eldiariodemalaga.es ha podido confirmar que el modelo de inteligencia artificial (IA) estrella del gobierno, Alia, se entrenó utilizando obras extraídas de Common Crawl, un repositorio masivo de contenido web que, en muchos casos, incluye material protegido por derechos de autor sin la debida autorización. La noticia ha desatado una tormenta de críticas y ha reavivado el debate sobre la ética en el desarrollo de la IA y la necesidad de proteger los derechos de los creadores en la era digital.
Desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, se defienden argumentando que la práctica está amparada por la Directiva de Mercado Único Digital y el Reglamento Europeo de IA, que establecen excepciones para la minería de datos. Según estas fuentes, Alia respetó los mecanismos de protección de derechos de autor, excluyendo contenido con opción de exclusión o que requiriera suscripción. Sin embargo, esta justificación no ha calmado las aguas, especialmente entre los creadores y defensores de la propiedad intelectual.
Eva Moraga, abogada especialista en el sector cultural y portavoz de la Coalición IA Respeta Cultura, denuncia la imposibilidad material de explicitar la protección de cada obra en cada soporte online. «Es una quimera», afirma Moraga, quien además argumenta que la normativa actual no fue concebida para la IA, sino para la investigación académica y el uso particular. La polémica se centra en la necesidad de que los autores deban activamente proteger su obra para evitar su uso en el entrenamiento de IA, en lugar de que la IA deba obtener el consentimiento explícito para utilizarla.
La presentación de Alia, impulsada por el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vendió como un hito para el reconocimiento y la promoción de las lenguas cooficiales españolas en el ámbito de la IA. Se destacó que el modelo había sido entrenado con un alto porcentaje de contenido en castellano, catalán, gallego, valenciano y vasco, superando la proporción de otras IA como ChatGPT o Gemini. Sin embargo, la revelación del uso de obras protegidas por derechos de autor ha empañado esta imagen, generando dudas sobre la legitimidad y la sostenibilidad del proyecto.
El hecho de que Alia sea un proyecto de código abierto, disponible para su descarga y manipulación, añade aún más complejidad al debate. Si bien esto fomenta la innovación y la democratización de la IA, también plantea interrogantes sobre la responsabilidad en el uso del modelo y la protección de los derechos de autor en las aplicaciones derivadas. La comunidad tecnológica malagueña, conocida por su espíritu innovador y su apuesta por la IA, se encuentra ahora ante un dilema ético: ¿justifica el fin los medios? La respuesta, sin duda, moldeará el futuro del desarrollo de la IA en la región y en el país.
La polémica en torno al entrenamiento de Alia, la IA estrella del Gobierno, no solo levanta una polvareda ética, sino que revela una profunda miopía estratégica en la política de innovación tecnológica de nuestro país. Celebrar un modelo lingüístico con acento andaluz mientras se socavan los derechos de los creadores que nutren ese mismo lenguaje es, en el mejor de los casos, una contradicción flagrante. Se ha priorizado la velocidad y la visibilidad política sobre la sostenibilidad y la legitimidad del proyecto. El argumento de ampararse en la legislación europea para la minería de datos suena a justificación conveniente, una interpretación legalista que ignora el espíritu original de la normativa y las consecuencias prácticas para quienes viven de su ingenio. ¿De qué sirve un hito tecnológico si se construye sobre la expropiación encubierta?
Más allá de la legalidad cuestionable, el caso de Alia nos obliga a reflexionar sobre el modelo de desarrollo de la IA que queremos para España. La apuesta por el código abierto, aunque loable en teoría, exige una responsabilidad aún mayor en la gestión de los derechos de autor. No basta con ofrecer la herramienta al público; es fundamental establecer mecanismos claros y transparentes para garantizar que su uso no perpetúe la injusticia. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en una potencia tecnológica a costa del talento y la creatividad de nuestros propios ciudadanos. La solución no pasa por demonizar la IA, sino por repensar el marco legal y ético que la regula, promoviendo un ecosistema donde la innovación y la protección de la propiedad intelectual coexistan de forma armoniosa y justa.
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