El reciente Informe E-Government Survey 2024 de la ONU ha puesto de relieve los avances que España ha realizado en la digitalización de los servicios públicos, situando al país en el puesto 17 de un total de 193 naciones analizadas. Este posicionamiento convierte a España en el décimo país europeo con mayor progreso en este ámbito, destacando la capital, Madrid, como una de las ciudades líderes junto a Tallin, Estonia, en la automatización de gestiones oficiales. Sin embargo, este estatus privilegiado no oculta las áreas de mejora necesarias para garantizar un acceso equitativo a todos los ciudadanos.
A pesar de los logros alcanzados en infraestructura y recursos, el informe subraya que el éxito no se mide solo en cifras. Los datos indican que, aunque ha disminuido significativamente, la brecha digital en España todavía se mantiene como un reto a superar. La percepción ciudadana y la eficacia de los servicios son aspectos que deben ser considerados con urgencia, ya que estos factores determinarán el verdadero impacto de la digitalización en la vida diaria de los españoles.
El Gobierno, reconociendo estos desafíos, ha mencionado que gran parte del éxito radica en una “estrategia nacional coherente” que promueve la colaboración entre los diferentes niveles de administración, así como con el sector privado y la ciudadanía. Este enfoque ha permitido mantener un alto nivel de inversión en recursos destinados a la gobernanza electrónica, y se traduce en la disponibilidad de servicios esenciales como la gestión de impuestos y licencias a través de plataformas digitales.
A pesar de su buena colocación en el ranking, el informe de la ONU advierte que todavía hay un largo camino por recorrer. El Gobierno ha enfatizado la importancia de seguir trabajando en la mejora de los servicios digitales, así como en la capacitación constante de los funcionarios públicos y la educación en competencias digitales para los ciudadanos. La necesidad de un gobierno electrónico más eficiente y transparente se hace evidente si se quiere construir un futuro en el que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de estas innovaciones.
Asimismo, el análisis de la fundación Alternativas destaca los objetivos del programa europeo Década Digital, que se fija metas ambiciosas para el año 2030, como la prestación en línea del 100% de los servicios públicos clave y asegurar que el 80% de los ciudadanos cuente con una identidad digital segura. Sin embargo, alcanzar estas metas requerirá un esfuerzo conjunto que no solo dependa de la activación de plataformas sino de un compromiso genuino con el ciudadano.
Celia Fernández Aller, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, identificó la fortaleza de España en las infraestructuras tecnológicas como un punto a favor. Sin embargo, advierte que la eficacia de los servicios va más allá de las estadísticas: “Una cosa son los números y otra la eficacia real de los servicios disponibles”. Este enfoque crítico invita a reflexionar sobre cómo convertir el progreso digital en un beneficio palpable para la ciudadanía. Con el trasfondo de un futuro digital prometedor, el reto está en acercar estas innovaciones al día a día de los españoles, asegurando que nadie quede atrás.
El reciente reconocimiento de España en el Informe E-Government Survey 2024 es un reflejo del avance significativo que hemos logrado en la digitalización de los servicios públicos. Situarnos entre los primeros 20 países del mundo es un motivo de orgullo que habla del esfuerzo colectivo entre las administraciones y el sector privado. Sin embargo, este triunfo no debe servir como un bálsamo que oculte la realidad compleja que persiste tras los logros: la brecha digital. Aún existe un número considerable de ciudadanos que, ya sea por falta de formación, recursos económicos o acceso a la tecnología, no pueden beneficiarse de estos servicios, lo que plantea serias interrogantes sobre la equidad de un sistema que se publicita como universal. La digitalización no puede ser considerada un éxito si no es accesible para todos.
En este contexto, las proclamaciones gubernamentales sobre una estrategia nacional coherente y el compromiso con la colaboración entre distintos niveles de administración suenan efectivas, pero es fundamental que se traduzcan en acciones concretas que aborden la eficacia real de los servicios digitales. La crítica de Celia Fernández Aller resuena con fuerza: los números son solo un primer paso, y la verdadera medición del éxito radica en cómo este progreso impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es imperativo implementar programas de capacitación digital que realmente empoderen a los usuarios, así como asegurar que la digitalización no se limite a la automatización, sino que fomente una participación ciudadana activa. Sin un compromiso genuino para cerrar estas brechas, corremos el riesgo de construir un futuro digital que, aunque brillante en su concepción, deje a muchos en la penumbra de la exclusión. La construcción de una sociedad inclusiva debe ser la verdadera meta que guíe nuestros esfuerzos de digitalización.
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