La Audiencia Provincial de Málaga se prepara para un juicio que promete remover conciencias y poner a prueba la credibilidad de la Iglesia. Francisco J.C., un sacerdote originario de Vélez-Málaga, se sentará en el banquillo acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2017 y 2019. La noticia, que ya conmocionó a la provincia en 2023 con su detención, vuelve a resonar con fuerza tras la conclusión del sumario y la remisión del caso a la Audiencia.
El periplo judicial del cura, actualmente en prisión provisional, ha estado marcado por la controversia desde el principio. Las pruebas incriminatorias, halladas por su propia pareja sentimental en un ordenador que compartían en Melilla, revelaron una serie de grabaciones que presuntamente documentan los abusos. Este descubrimiento fortuito fue la chispa que encendió una investigación que ha sacudido los cimientos de la comunidad religiosa malagueña.
El Obispado de Málaga, en un intento por mitigar el daño reputacional causado por las acciones del sacerdote, solicitó personarse como acusación particular en la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó su petición, relegándolos al papel de responsables civiles subsidiarios. Esta decisión judicial, justificada en la incompatibilidad entre el rol de posible garante económico y el de acusador, ha generado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad de la institución eclesiástica ante este tipo de delitos.
Mientras la defensa del acusado podría argumentar atenuantes y buscar una pena menor, las acusaciones particulares y el fiscal se mantienen firmes en su exigencia de justicia. El fiscal, en una comparecencia reciente, enfatizó el «patente riesgo de fuga» asociado a la elevada penalidad que podría enfrentar el sacerdote, así como la necesidad de garantizar su presencia física durante el proceso judicial. La prórroga de dos años de la prisión provisional, con fecha límite el 11 de septiembre de 2027, busca precisamente asegurar el desarrollo normal del juicio y evitar cualquier intento de eludir la acción de la justicia.
El caso de Francisco J.C. representa un desafío para el sistema judicial y para la propia Iglesia. La sociedad malagueña observa con atención el desarrollo de este juicio, esperando que se esclarezcan los hechos, se haga justicia a las víctimas y se depuren responsabilidades. La sombra de la duda planea sobre la institución religiosa, y solo un proceso transparente y justo podrá devolver la confianza a una comunidad que se siente traicionada.
El caso del sacerdote de Vélez-Málaga, acusado de gravísimos delitos, no es simplemente un escándalo local, sino un síntoma preocupante de una crisis sistémica que afecta a la Iglesia Católica. Más allá de la repugnante naturaleza de los presuntos abusos, lo que verdaderamente descorazona es la aparente incapacidad de la institución para abordar con transparencia y contundencia estos horrores. La tibia respuesta del Obispado, relegado a responsable civil subsidiario, revela una estrategia priorizada en el control de daños y la protección de su imagen, en lugar de una genuina voluntad de sanar las heridas de las víctimas y extirpar la raíz de la corrupción moral que permite estos abusos. ¿Cuántos casos más permanecerán ocultos bajo el manto del silencio, protegidos por una jerarquía más preocupada por su reputación que por la justicia y la verdad?
La lentitud de la justicia y la incertidumbre que rodea al proceso judicial no hacen sino agravar la sensación de desamparo que sienten las víctimas y la desconfianza generalizada hacia la Iglesia. Resulta imprescindible que este juicio se desarrolle con la máxima transparencia y celeridad, garantizando la seguridad de las denunciantes y ofreciendo un castigo ejemplar en caso de demostrarse la culpabilidad del acusado. Pero más allá de la resolución judicial, es fundamental que la Iglesia emprenda una profunda revisión interna, fomentando la denuncia de abusos, protegiendo a las víctimas y promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad que erradique definitivamente la lacra de la pederastia y los abusos de poder. De lo contrario, la fe malagueña, y la fe católica en su conjunto, seguirán tambaleándose al borde del abismo.
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