Hoy, 23 de septiembre de 2025, el asfalto madrileño ha resonado con la indignación de los trabajadores penitenciarios, quienes, convocados por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), han tomado las calles para denunciar la creciente violencia en las prisiones y la inacción del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Un nutrido grupo de funcionarios de prisiones de Málaga, cerca de un centenar, se ha unido a la protesta, viajando a la capital para hacer oír su grito de auxilio.
Desde primera hora de la mañana, los funcionarios malagueños, con pancartas y camisetas con el logo del sindicato, se han concentrado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, punto de partida de la manifestación. «Estamos aquí porque no podemos más», declaraba a eldiariodemalaga.es uno de los funcionarios desplazados desde la prisión de Alhaurín de la Torre. «Cada día vamos a trabajar con miedo, sabiendo que podemos ser agredidos, insultados o amenazados. Y el Ministerio sigue mirando para otro lado». La marcha ha continuado hasta el Congreso de los Diputados, donde se ha leído un manifiesto en el que se exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios.
La protesta ha contado con el respaldo de diputados del Partido Popular y Vox, quienes han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios. Entre los asistentes también destacaba la presencia de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció secuestrado por ETA durante 532 días. Su presencia, según los manifestantes, simboliza la lucha por la dignidad y la seguridad de los trabajadores penitenciarios, y recuerda los peligros a los que se enfrentan a diario. La sombra del secuestro de Ortega Lara, un episodio que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva española, se ha proyectado sobre la manifestación, añadiendo un peso simbólico a las demandas de los funcionarios.
Las exigencias de los funcionarios son claras y contundentes: reconocimiento como agentes de autoridad, endurecimiento de las penas por agresiones, jubilación anticipada y equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña y País Vasco. Manuel Galisteo, presidente de TAMPM, ha insistido en que la situación es insostenible. «No podemos seguir permitiendo que nuestros compañeros sean agredidos sin que haya consecuencias», ha declarado. «Exigimos medidas urgentes y efectivas para proteger a los trabajadores penitenciarios y garantizar la seguridad en las prisiones». La manifestación de hoy en Madrid, con la fuerte presencia de funcionarios malagueños, es un claro mensaje al Gobierno: la paciencia se ha agotado.
La manifestación de funcionarios de prisiones malagueños en Madrid, más allá de la comprensible demanda de mayor seguridad y mejores condiciones laborales, pone de manifiesto una profunda crisis de legitimidad y gobernanza en el sistema penitenciario español. Reducir el problema a una mera cuestión de «agresiones» y «falta de seguridad» es simplificar una realidad mucho más compleja, donde la falta de recursos, la escasez de personal y la obsolescencia de las infraestructuras juegan un papel determinante. Exigir endurecimiento de penas sin abordar las causas profundas de la violencia en las prisiones, desde la salud mental de los internos hasta la falta de programas de reinserción efectivos, es pan para hoy y hambre para mañana. El oportunismo político de PP y Vox, abrazando sin matices las reivindicaciones, evidencia una vez más la instrumentalización del sufrimiento para rédito electoral, sin ofrecer soluciones reales y sostenibles a largo plazo.
La resonancia mediática de la figura de Ortega Lara, aunque comprensible desde el punto de vista emocional, corre el riesgo de distorsionar el debate y perpetuar una visión simplista y revanchista del sistema penitenciario. Si bien el secuestro de Ortega Lara es una herida aún abierta en la memoria colectiva, no podemos permitir que ese dolor nuble la necesidad de un análisis sereno y objetivo de los desafíos actuales. Equiparar la situación actual con los horrores del terrorismo es una simplificación peligrosa que alimenta el populismo punitivo y dificulta la búsqueda de soluciones basadas en la evidencia y el respeto a los derechos humanos. Urge un debate público honesto y profundo sobre el futuro de las prisiones en España, donde se prioricen la reinserción, la seguridad y la dignidad de todos los implicados, tanto funcionarios como internos.
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