La Costa del Sol, conocida por su sol y sus playas, se ha visto salpicada por una trama de blanqueo de capitales que involucra a ciudadanos albaneses y chinos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado una compleja red que habría movido 22 millones de euros en efectivo en Málaga, presuntamente provenientes del narcotráfico. La investigación, que se inició en 2021, revela cómo un entramado de negocios asiáticos se habría utilizado como canal para lavar dinero procedente de la venta de drogas, principalmente marihuana cultivada en interiores. La red, con ramificaciones en diversas ciudades españolas, habría utilizado el sistema "hawala" para transferir fondos fuera del control del sistema bancario tradicional.
El polígono industrial Guadalhorce, en Málaga, emerge como uno de los puntos clave en la investigación. Allí, varios negocios chinos habrían actuado como tapadera para la recogida y entrega de dinero procedente del narcotráfico. Los investigadores han detectado más de 200 entregas de efectivo solo en la provincia de Málaga. La magnitud de las operaciones es tal que se estima que la red podría haber movido más de 60 millones de euros en todo el país, extendiéndose a ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante y Sevilla. La presunta estructura de "bancos en la sombra" permitía a las organizaciones criminales recibir dinero en metálico a cambio de compensaciones fuera del país, facilitando así el blanqueo de capitales.
Aunque la investigación judicial sigue su curso, uno de los presuntos cabecillas, de origen asiático, ha quedado en libertad mientras continúa la instrucción del caso. Su abogado penalista, Juango Ospina, ha señalado que hay "cientos de investigados". Esta liberación, aunque provisional, no detiene la investigación, que se centra en esclarecer los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La Policía Nacional ya informó en septiembre de 2023 de la detención de casi una treintena de personas en varias ciudades españolas, así como de la incautación de 615.000 euros en efectivo y relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros.
La investigación revela que la Costa del Sol no solo era un centro de entrega de dinero, sino también un punto estratégico para la logística y el control financiero de la red. Desde Málaga se habrían coordinado operaciones de blanqueo vinculadas a plantaciones de marihuana situadas en otras provincias. La organización estaba compuesta por dos grupos principales: uno, de origen albanés, encargado de la producción y distribución de marihuana; y otro, chino, dedicado a canalizar los beneficios a través de comercios y empresas de importación. Los investigadores consideran a los delincuentes albaneses como "altamente peligrosos", con posesión de armas de fuego y "un gran riesgo de huida". El caso, instruido por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, promete desvelar los entresijos de una trama que ha puesto en el punto de mira a la economía sumergida en la Costa del Sol.
La reiterada aparición de Málaga como epicentro de operaciones de blanqueo de capitales, especialmente vinculadas al narcotráfico, deja una sensación agridulce. Si bien es plausible el trabajo de la UDEF en desmantelar estas redes y sacar a la luz la magnitud del problema, resulta alarmante que la Costa del Sol siga siendo tan atractiva para estas actividades ilícitas. La concentración de capital, el turismo de alto poder adquisitivo y, lamentablemente, la laxitud de ciertos controles, parecen dibujar un escenario propicio para que la economía sumergida campe a sus anchas. No basta con desmantelar una red si no se atacan las raíces que permiten su florecimiento, y esto requiere una profunda reflexión sobre el modelo económico que estamos construyendo y las medidas preventivas que se implementan.
La noticia, además, pone de manifiesto una preocupante diversificación del crimen organizado, con la confluencia de grupos albaneses y chinos, cada uno especializado en una fase del negocio ilícito. Esta sofisticación requiere de una respuesta coordinada y global por parte de las autoridades, no solo policiales, sino también judiciales y financieras. La liberación provisional de uno de los presuntos cabecillas, aunque amparada en la presunción de inocencia, genera cierta inquietud sobre la eficacia del sistema judicial para abordar este tipo de delitos complejos. Es crucial que la investigación avance con celeridad y contundencia, no solo para castigar a los culpables, sino para enviar un mensaje claro a quienes pretenden utilizar nuestra tierra como un paraíso del blanqueo: Málaga no es, ni debe ser, un refugio para la impunidad.
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