Málaga, 24 de septiembre de 2025 – En una operación conjunta que pone de manifiesto la lucha contra el intrusismo en el sector del transporte, la Policía Local de Málaga y la Junta de Andalucía han desarticulado una empresa que operaba de forma fraudulenta como VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) en la ciudad. La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local en colaboración con la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta, ha revelado que la empresa ofrecía servicios de transporte de pasajeros con una flota de vehículos en su mayoría carentes de la preceptiva licencia VTC.
La empresa, cuya base de operaciones se ubicaba en una nave del parque empresarial El Viso, se dedicaba principalmente a recoger pasajeros en puntos clave como el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la estación de autobuses y la estación de tren María Zambrano, trasladándolos a hoteles y otros alojamientos turísticos. Lo que a simple vista parecía un servicio legal, escondía una trama que ponía en riesgo la seguridad de los usuarios y vulneraba la normativa vigente.
La investigación se inició tras detectar varias irregularidades por parte de algunos vehículos con matrícula azul, distintiva de los VTC, pero que no figuraban en el registro de licencias. Las pesquisas condujeron a la identificación de una flota de 20 vehículos, de los cuales solo uno contaba con la autorización legal para operar como VTC. El resto, actuaban en la clandestinidad, compitiendo de forma desleal con los profesionales del sector y evadiendo los controles administrativos.
El operativo policial culminó con la identificación del administrador de la empresa y dos conductores, así como la incautación de documentación relevante que permitirá depurar responsabilidades. La prueba irrefutable del delito se produjo cuando un vehículo camuflado del GIP sorprendió a uno de los coches sin licencia dejando pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto. El conductor fue identificado y el vehículo, inmovilizado y trasladado al depósito municipal.
Las autoridades han destacado la importancia de esta operación para garantizar la calidad y seguridad del transporte de viajeros en Málaga, así como para proteger los derechos de los profesionales que cumplen con la legalidad. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El caso ha sido remitido a la Oficina Municipal del Taxi del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, que se encargará de tramitar las sanciones correspondientes.
El desmantelamiento de esta empresa VTC pirata en Málaga no es sino el síntoma de una enfermedad más profunda que aqueja al sector del transporte: la persistente falta de una regulación clara y efectiva que impida la proliferación de este tipo de actividades ilícitas. Si bien la actuación policial y la colaboración entre las administraciones son loables y necesarias, no constituyen una solución definitiva. Es evidente que el vacío legal y la laxitud en el control facilitan que individuos y organizaciones se aprovechen, generando una competencia desleal que perjudica tanto a los taxistas como a las empresas VTC que operan dentro de la legalidad. La cuestión, por tanto, no reside únicamente en perseguir el fraude cuando ya se ha cometido, sino en implementar medidas preventivas, como una mayor transparencia en el otorgamiento de licencias y una supervisión constante de las actividades de transporte, para evitar que estas situaciones se repitan.
Más allá del mero cumplimiento de la ley, la existencia de estas empresas pirata plantea una cuestión ética fundamental: la seguridad de los usuarios. Al operar al margen de la legalidad, estos servicios no están sujetos a los mismos controles de calidad y seguridad que las empresas autorizadas, lo que implica un riesgo para los pasajeros. ¿Quién responde en caso de accidente? ¿Cómo se garantiza que los conductores poseen la formación adecuada? Estas son preguntas que la administración debe responder con urgencia. En un destino turístico como Málaga, donde la imagen y la reputación son cruciales, la permisividad con este tipo de prácticas puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Es imprescindible que la defensa de los intereses económicos del sector no se haga a costa de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y visitantes.
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