Málaga, 19 de junio de 2026. Mientras las persianas metálicas de las naves industriales del polígono Alameda, estratégicamente ubicado junto al vibrante Campus Universitario de Teatinos, comienzan a elevarse para dar paso a la jornada laboral, una rutina completamente distinta se despliega a escasos metros, oculta tras la densa vegetación de los cañaverales. Cuatro tiendas de campaña y una improvisada construcción de carácter precario emergen en una franja verde que serpentea paralela a la concurrida avenida María Zambrano. La estampa, discordante con el pujante entorno empresarial, evoca más la imagen de un asentamiento informal que la de una zona verde cuidada, añadiendo una capa de complejidad social a uno de los motores económicos de la ciudad.
Esta insólita escena, desprovista de cualquier servicio o infraestructura básica, evidencia una cruda realidad: quienes han hecho de este campamento improvisado su hogar, se ven obligados a realizar sus necesidades en el entorno y a asearse a la intemperie cada amanecer. La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Alameda ha sido la encargada de alzar la voz, denunciando una situación que, a su juicio, “encaja a duras penas con la actividad económica que muy cerca se desarrolla”. La imagen es un contraste lacerante entre el progreso y la vulnerabilidad, un recordatorio constante de las desigualdades que coexisten en el tejido urbano.
Desde la gestión del polígono, se subraya la urgencia de una “intervención social” integral, rechazando de plano la tentación de “criminalizar a personas vulnerables que han encontrado en este enclave un lugar donde refugiarse”. El mensaje es claro: “El problema no son ellos”, sino el origen de su situación y la falta de recursos para abordarla. La preocupación principal recae en la propia entidad, que se ve en la tesitura de tener que gestionar una compleja realidad social para la que, insisten, carecen de los medios y las competencias necesarias. El personal encargado de las tareas de barrido y jardinería se enfrenta a diario a un panorama que excede con creces sus funciones, con la acumulación de basura como un síntoma visible y, en ocasiones, con reproches mutuos que evidencian la tensión latente.
El denominado Parque Carniceros, una extensa zona verde de unas siete hectáreas que delimita el perímetro este del polígono, se ha convertido en el escenario perfecto para este particular refugio clandestino. La topografía del terreno, con un pequeño arroyo que lo atraviesa, la densa presencia de cañaverales y una vegetación exuberante, propician el anonimato. Es en este rincón natural donde, entre las cañas, se ha ido consolidando una suerte de campamento base. Este espacio alberga una construcción “precaria improvisada” junto a varias tiendas de campaña, un lugar donde, desde hace ya tres años, se venía detectando una “presencia intermitente de personas”, un goteo constante que ha culminado en la actual configuración del asentamiento.
La paradoja reside en la obligación de la junta de conservación de mantener estas zonas verdes en perfecto estado, una labor supervisada periódicamente por el Ayuntamiento, y que además es crucial para la obtención de determinadas ayudas y subvenciones municipales. Sin embargo, la creciente acumulación de residuos y la “dificultad para mantener el parque y la zona verde en condiciones adecuadas” ponen en jaque estas exigencias. Se reclama un buen estado de conservación, pero este mantenimiento se ve obstaculizado por un problema social que desborda las capacidades reales del polígono empresarial, que, se insiste, “no cuenta con capacidad para ofrecer una respuesta social”.
La Entidad Urbanística de Conservación ha trasladado formalmente el asunto al Ayuntamiento de Málaga, pero las conversaciones, hasta la fecha, se han limitado a un tira y afloja de responsabilidades. Lo que tienen meridianamente claro es que un polígono industrial no puede, ni debe, asumir la carga de resolver un problema de sinhogarismo. Lejos de querer alimentar un debate sobre inmigración o exclusión social, desde la entidad reclaman “una intervención coordinada de las áreas municipales y servicios competentes”, un enfoque multidisciplinar que permita, por un lado, atender socialmente a los afectados y, por otro, recuperar la dignidad de la zona verde.
El polígono Alameda, pese a todo, demuestra no ser un espacio ajeno a la convivencia con distintas realidades sociales. Dentro de su ámbito se desarrolla el proyecto Aquileo+ del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, una iniciativa dedicada a mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión laboral. Esta actividad, que forma parte del día a día del polígono, se desarrolla con normalidad y, hasta la fecha, “sin que haya generado problemas de convivencia”, lo que pone de manifiesto que la integración y la coexistencia son posibles cuando existe un compromiso y una estrategia clara.
La imagen que se dibuja en el polígono Alameda es, cuanto menos, desoladora y profundamente reveladora de una fractura social que no podemos permitirnos ignorar. La coexistencia de persianas metálicas que se levantan para la actividad económica con campamentos improvisados en zonas verdes colindantes, nos enfrenta a una realidad cruda: el progreso y la exclusión social, a menudo, avanzan de la mano, uno casi ocultando al otro. No se trata simplemente de un problema de estética o de cumplimiento de normativas urbanísticas, sino de una ineludible cuestión de dignidad humana. La queja de la Entidad Urbanística de Conservación, aunque legítima en cuanto a sus responsabilidades de mantenimiento, no puede convertirse en una cortina de humo que oculte la urgencia de una respuesta social integral.
Es cierto que un polígono industrial no es, ni debe ser, el hogar para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, pretender «trasladar» el problema o diluir responsabilidades entre administraciones, como se apunta en la noticia, es un síntoma alarmante de inacción y falta de empatía. La verdadera preocupación no debería ser la acumulación de basura o la dificultad para mantener la zona verde, sino la existencia misma de personas que se ven forzadas a vivir en esas condiciones. Reclamar una «intervención coordinada» es el primer paso, pero es crucial que esta coordinación se traduzca en acciones concretas y efectivas, que vayan más allá de la mera gestión de residuos y aborden las raíces del sinhogarismo y la exclusión.
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