En una jugada que busca tensar la cuerda entre administraciones, el grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha elevado la voz en defensa de 39 familias del barrio de El Calvario, en Torremolinos. La formación política ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) ante el Parlamento andaluz, denunciando la «amenaza de desahucio» que, según afirman, pende sobre estos vecinos a manos de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Antonio Sevilla, diputado malagueño de Vox, compareció ante los medios para urgir a la Junta de Andalucía a tomar cartas en el asunto. Su discurso fue directo: colaboración «urgente» con el Ayuntamiento de Torremolinos para asegurar que estas familias puedan permanecer en sus hogares. La retórica de Vox no se anduvo con rodeos, acusando a la Sareb de actuar como un «fondo especulativo», priorizando beneficios por encima del bienestar de los ciudadanos que llevan años cumpliendo con sus obligaciones de alquiler.
La controversia se agudiza con las acusaciones vertidas por los abogados de las familias afectadas. Según Vox, estos letrados han denunciado que la Sareb habría cedido las 39 viviendas por un precio inferior al valor de mercado, lo que, de confirmarse, implicaría una clara «infracción del marco legal». La ley impide la venta de activos por debajo del valor catastral, una norma que busca evitar operaciones fraudulentas y proteger el patrimonio público. La pregunta que resuena ahora es: ¿se ha vulnerado la ley en este caso?
La PNL presentada por Vox no se limita a la denuncia. La formación política plantea soluciones concretas: en caso de no garantizarse una alternativa habitacional, exigen que la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, a través de la AVRA, facilite a las familias una vivienda habitual en Torremolinos. Pero la ambición de Vox va más allá. También reclaman a la Junta que inste al Gobierno central a impulsar una «reforma legal del marco regulador de la Sareb», buscando reforzar su «carácter social», especialmente en la gestión de su parque de viviendas. Una propuesta que busca transformar la imagen de la Sareb, alejándola del perfil de «banco malo» y acercándola a una entidad con un fuerte compromiso social.
La maniobra de Vox en Torremolinos, aunque envuelta en una retórica de defensa del ciudadano vulnerable, evidencia un calculado ejercicio de **oportunismo político que instrumentaliza la angustia de 39 familias**. Si bien es plausible la preocupación por evitar desahucios y garantizar el derecho a la vivienda, resulta simplista demonizar a la Sareb como un mero «fondo especulativo». La entidad, nacida como un instrumento para sanear el sistema financiero tras la crisis, debe rendir cuentas, ciertamente, pero también opera bajo la lógica de la recuperación de activos. La cuestión de fondo reside en la **inadecuada respuesta estructural a la problemática de la vivienda asequible** en la Costa del Sol, donde la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas efectivas generan situaciones de extrema vulnerabilidad.
Más allá del titular efectista, la propuesta de reforma legal de la Sareb planteada por Vox merece un análisis profundo. Transformar el «banco malo» en una suerte de agencia social de vivienda puede ser una solución atractiva a corto plazo, pero corre el riesgo de **desvirtuar el propósito original de la entidad y generar nuevas ineficiencias**. En lugar de cargar a la Sareb con responsabilidades ajenas a su mandato fundacional, sería más efectivo fortalecer los mecanismos de protección social existentes, invertir en la construcción de vivienda pública y establecer regulaciones más estrictas para evitar la especulación. El rescate de estas familias no debe ser una cortina de humo para encubrir la **falta de una política de vivienda seria y a largo plazo** en Andalucía.
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