La sesión plenaria de julio en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se vio sacudida por la controversia en torno a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno central, una medida que transpone normativas europeas. El debate, que se esperaba arduo, tomó un giro inesperado cuando el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, puso sobre la mesa serias dudas sobre la autenticidad de un número significativo de alegaciones presentadas contra la citada tasa. Más de un centenar de firmas en las reclamaciones presentaban "discrepancias notables" respecto a las rúbricas registradas en los DNI, lo que ha levantado las alarmas sobre la posibilidad de una campaña organizada para invalidar la medida. La sombra del fraude planea ahora sobre el proceso, poniendo en entredicho la legitimidad de las protestas iniciales.
Gutiérrez no se detuvo ahí. Además de las firmas sospechosas, el concejal denunció la existencia de al menos 11 alegaciones duplicadas y firmas que ya figuraban en expedientes administrativos ajenos a la tasa. Estas irregularidades, que califica de "incidencias", han llevado al Ayuntamiento a tomar medidas drásticas. "Este conjunto de incidencias genera serias dudas sobre la autenticidad de algunas solicitudes", sentenció Gutiérrez. La documentación será remitida a la Policía Nacional para su análisis exhaustivo, abriendo la puerta a una investigación que podría derivar en consecuencias legales para los responsables. A todo esto se suma un posible error jurídico generalizado, con los reclamantes citando una ley derogada (39/1995) en lugar de la normativa vigente (39/2015).
A pesar de la controversia, el Pleno aprobó, con la oposición en contra, la ampliación del plazo para presentar alegaciones una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Esto concederá un nuevo periodo de 30 días para registrar solicitudes, una medida que busca garantizar la participación ciudadana y evitar cualquier sombra de ilegitimidad en el proceso, aunque también podría ser vista como una oportunidad para subsanar las posibles irregularidades detectadas.
Más allá de la polémica tasa, la sesión plenaria dejó otros acuerdos notables. Por unanimidad, se aprobó la designación de una calle y una glorieta con los nombres de Manuel Martínez García de Castro, psiquiatra, y Miguel García Quintero, empresario, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a Vélez-Málaga. Asimismo, se dio luz verde a una inyección de 190.000 euros para reforzar los servicios especiales de la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en los numerosos eventos previstos para este año. En cuanto a las mociones presentadas por los grupos municipales, destaca la aprobación de una iniciativa de VOX para instar a la Junta de Andalucía a crear una unidad de pie diabético en el Hospital Comarcal de la Axarquía. El Pleno también acordó actualizar los precios/plaza en centros de educación infantil de 0 a 3 años, teniendo en cuenta los costes salariales y el IPC.
Finalmente, el Ayuntamiento rechazó una moción del Grupo Socialista sobre la limpieza de una parcela municipal, al considerar que ya se había actuado al respecto, pero aprobó estudiar la viabilidad urbanística de ese espacio para convertirlo en un parque o zona de aparcamiento público.
La controversia en Vélez-Málaga en torno a la tasa de basura es un síntoma preocupante de la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Más allá de la legitimidad de la propia tasa, la sombra del posible fraude en las alegaciones presentadas ensucia el debate y deslegitima cualquier reivindicación, por justa que sea. La presunción de inocencia debe prevalecer, por supuesto, pero la gravedad de las acusaciones del concejal de Hacienda exige una investigación exhaustiva y transparente por parte de la Policía Nacional. Si se confirman las irregularidades, la justicia debe actuar con contundencia para sancionar a los responsables, quienesquiera que sean, y restaurar la credibilidad del proceso democrático. Este incidente debería servir como un toque de atención a la clase política, recordándoles que la participación ciudadana no debe ser un mero trámite, sino un pilar fundamental de la gestión pública.
La decisión del Ayuntamiento de ampliar el plazo para la presentación de alegaciones, aunque comprensible en aras de la transparencia, corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo. Si bien es cierto que otorga una nueva oportunidad a los ciudadanos para expresar su opinión legítimamente, también podría permitir la subsanación de las irregularidades detectadas, dificultando aún más la investigación. Asimismo, la aprobación de otras medidas en el Pleno, como la designación de calles y la inversión en seguridad, si bien positivas en sí mismas, parecen actuar como cortinas de humo para desviar la atención del tema central: la credibilidad del proceso de participación ciudadana. Es imperativo que el Ayuntamiento vele por la integridad del proceso, garantizando que la voz de los vecinos se escuche de manera limpia y transparente, sin manipulaciones ni fraudes que socaven la confianza en las instituciones municipales.
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