La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato, ha dado a conocer este jueves los detalles del presupuesto municipal para el año 2025, que se eleva a más de 38,88 millones de euros, lo que representa un incrementó del 5,49% respecto al año anterior. Este presupuesto se discutirá en el último Pleno del año y, sumando las cuentas de Turismo de Ronda y de la empresa pública de limpieza Soliarsa, se aproxima a la cifra de 40,5 millones de euros. Uno de los puntos más destacados es la asignación de cerca de 20 millones de euros para inversiones en infraestructuras que transformarán la ciudad.
Fernández Lobato ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía, resaltando que el objetivo es «prestar todos los servicios que el rondeño necesita». La alcaldesa ha mencionado que se invertirá un millón de euros, en colaboración con la Junta de Andalucía, para facilitar la contratación temporal de desempleados de larga duración, en un esfuerzo por fomentar el empleo y la inclusión social.
La venta reciente del Cortijo San Juan ha generado un rendimiento de 971.000 euros, el cual será destinado a diversas iniciativas de inversión. Entre estas se encuentra la reurbanización de la conexión vial entre Cuevas del Becerro y José Díaz de Giles en La Harinera, así como la conversión del antiguo colegio de Padre Jesús en un moderno centro cultural; además, se llevarán a cabo mejoras significativas en los caminos rurales de las pedanías.
Las inversiones de 2025 no solo se centran en nuevos proyectos, sino que también se ejecutarán obras ya iniciadas que presentan un valor acumulado de 8,43 millones de euros. Entre estas iniciativas sobresale la renovación de la pista de atletismo en la Ciudad Deportiva y la segunda fase del proyecto del Paso de la Garganta, además de la remodelación integral de Las Sindicales en su tramo entre Ricardo Navarrete y calle Jaén.
En un avance hacia el futuro, la alcaldesa ha enfatizado que en 2025 se desarrollarán proyectos de gran envergadura, como el aparcamiento en el Barrio de San Francisco, con una estimación de 6,5 millones de euros, y un segundo aparcamiento en los terrenos del antiguo cuartel de la Concepción, cuyo coste se proyecta en 10 millones de euros. Estos desarrollos reflejan un compromiso claro del Ayuntamiento por adaptarse a las necesidades urbanas y por optimizar la gestión del presupuesto municipal.
Con todas estas medidas, Ronda se posiciona no solo como un referente en la gestión de los recursos públicos, sino también como un ejemplo de impulsor del desarrollo sostenible y del bienestar ciudadano, buscando siempre la mejora continua y la modernización de sus infraestructuras. Sin duda, se espera que este presupuesto no solo transforme la ciudad, sino que también ofrezca nuevas oportunidades a sus habitantes.
El presupuesto presentado por la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato, sin duda refleja una ambición significativa por transformar la ciudad y responder a las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, es crucial analizar si las promesas de inversión en infraestructuras y en empleo se traducirán realmente en beneficios tangibles para la población. La asignación de 20 millones de euros para infraestructuras es un paso positivo, pero conviene preguntarse cómo se gestionarán estos recursos y si se priorizará la calidad y sostenibilidad de los proyectos. La historia pasada de muchas administraciones nos enseña que un elevado presupuesto no siempre garantiza el éxito ni la satisfacción de los ciudadanos.
Además, el enfoque en el **empleo y la inclusión social**, con la colaboración de la Junta de Andalucía, es un aspecto que debe ser monitoreado de cerca. La idea de contratar a desempleados de larga duración es loable, pero resulta insuficiente sin un plan a largo plazo que garantice la estabilidad laboral y las condiciones adecuadas de trabajo. En este sentido, la **venta del Cortijo San Juan** y su reinversión en la comunidad son iniciativas que pueden aportar valor, pero se necesita un compromiso real que vaya más allá de los números y las promesas. La gobernabilidad responsable implica que la ciudadanía no solo vea un aumento en la inversión, sino también una mejora palpable en su calidad de vida y el acceso a servicios esenciales.
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