La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha anunciado la presentación de una moción institucional destinada a instar al Gobierno de España a rectificar el controvertido Real Decreto 666/2023, que regula la distribución y uso de medicamentos veterinarios. Esta normativa ha generado una profunda inquietud en el sector veterinario, que señala que su puesta en marcha conlleva un aumento de la burocracia y repercute negativamente en los costes de los servicios veterinarios.
Fernández ha expresado su preocupación por cómo se ha implementado esta regulación sin consultar a los profesionales del ámbito veterinario. “La normativa ha sido diseñada sin tener en cuenta las opiniones ni las recomendaciones de quienes realmente conocen las necesidades del sector. Esta falta de diálogo ha llevado a los veterinarios a afrontar una carga administrativa considerable, lo que a su vez repercute en los propietarios de mascotas”, ha afirmado la regidora. La situación se ha vuelto insostenible, exigiendo una respuesta adecuada por parte del Gobierno.
La realidad es que el descontento del sector ha alcanzado niveles alarmantes, tal como se evidenció el pasado martes 11 de febrero, cuando seis clínicas veterinarias de Ronda decidieron cerrar sus puertas como protesta. Este acto de reivindicación subraya la urgencia de abordar las dificultades que ha traído consigo la obligación de comunicados a través del sistema ‘Presvet’ referente a las prescripciones de antibióticos para animales de compañía. Tal como lo han manifestado los veterinarios, esta exigencia no solo ha incrementado la carga de trabajo, sino que también plantea peligros para la salud animal y la adecuada atención de los pacientes.
Con la moción, la alcaldesa no solo busca la modificación del decreto, sino que también aboga por la implementación de un periodo de consultas con las Asociaciones Profesionales de Veterinarios. Esto permitiría establecer un enfoque colaborativo que garantice un uso responsable de antibióticos y que, a la vez, respete la viabilidad de las clínicas veterinarias. Dentro de las reivindicaciones se incluye el retorno al tipo reducido del IVA veterinario del 21% al 10%, lo cual aliviaría la carga financiera tanto para los profesionales del sector como para los dueños de mascotas.
El llamado a la acción por parte de la alcaldesa subraya la necesidad de que el Gobierno tome en serio las inquietudes planteadas por el sector. “La salud de nuestras mascotas no solo depende de la medicación correcta, sino también de la capacidad de los veterinarios para proporcionar un servicio de calidad sin obstáculos burocráticos que complican su labor”, enfatiza Fernández. La moción se presenta como una oportunidad para reestablecer el diálogo entre las instituciones y los profesionales de la salud animal, buscando así soluciones efectivas a los problemas que enfrenta la comunidad veterinaria de Ronda.
En un momento donde los lazos entre los propietarios de mascotas y los veterinarios son más cruciales que nunca, Ronda se posiciona en la vanguardia de una protestas que podría reconfigurar la atención veterinaria en toda España. La alcaldesa Fernández y su equipo confían en que esta iniciativa impulsará un cambio que beneficiará a propietarios y mascotas por igual, fomentando un entorno más saludable y sostenible para todos.
La reciente movilización de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, contra el **Real Decreto 666/2023** revela una preocupante desconexión entre la administración y los profesionales que operan en el ámbito de la salud animal. Este decreto, que ha sido implementado sin el debido proceso de consulta a los veterinarios, no solo agrava la burocracia existente, sino que también pone en riesgo la salud de los animales y la sostenibilidad de las clínicas veterinarias. La falta de diálogo y el desprecio hacia la experiencia de quienes están en el día a día del sector generan un caldo de cultivo para una crisis que podría haberse evitado. La burocracia excesiva, en lugar de contribuir a un manejo más seguro de los medicamentos, se convierte en un obstáculo que compromete la efectividad de la atención veterinaria.
Además, la propuesta de la alcaldesa de establecer un **periodo de consultas** con las Asociaciones Profesionales de Veterinarios es un primer paso positivo hacia la reparación de esta relación tan maltrecha. Sin embargo, es crucial que este esfuerzo no se quede en una mera formalidad y que realmente se permita a los profesionales influir en las decisiones que afectan su labor. La reivindicación de reducir el IVA veterinario del **21% al 10%** también resulta esencial para aliviar la carga económica a la que se enfrentan tanto veterinarios como propietarios de mascotas. Solo a través de un trabajo conjunto y de un verdadero compromiso por parte del Gobierno se podrá garantizar un futuro donde la salud de nuestras mascotas esté en manos de aquellos que realmente conocen sus necesidades, impulsando así un modelo de atención más humano y eficaz.
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