Ronda, 20 de junio de 2025. La brisa del Tajo, que a menudo trae alivio a la Ciudad Soñada, no parece llegar a las aulas de sus colegios e institutos. Con Ronda, grupo municipal, ha anunciado que presentará una moción en el pleno del próximo 30 de junio para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento efectivo de la Ley 1/2020, de Bioclimatización de los centros educativos públicos andaluces. Cinco años después de su aprobación, la ley permanece, según denuncian, como "papel mojado", dejando a los estudiantes rondeños a merced de las temperaturas extremas.
¿Quién no recuerda el sofoco de las aulas en pleno verano o el tiritar de los niños en invierno? Fran Sancho, concejala de Con Ronda, lo resume así: "Cinco años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue siendo papel mojado, mientras los centros educativos de Ronda continúan enfrentando temperaturas extremas sin soluciones efectivas". La formación política denuncia que la situación es especialmente preocupante en los cinco CEIP y el centro de la pedanía de Los Prados, así como en los cuatro IES de la ciudad. La falta de sistemas adecuados de calefacción y refrigeración, junto con la escasez de zonas de sombra en los patios, convierte el día a día escolar en un auténtico desafío. Incluso, en un gesto de desesperación, algunas AMPAs han tenido que asumir la compra de aires acondicionados, una tarea que, recalcan, no les corresponde.
La moción que Con Ronda presentará en el pleno plantea soluciones concretas: acelerar las auditorías energéticas pendientes y aplicar las recomendaciones de las ya realizadas; ejecutar los fondos presupuestados estableciendo un calendario claro y mecanismos de evaluación del cumplimiento de la Ley 1/2020; e impulsar desde el Ayuntamiento de Ronda un Plan Municipal de Sombra con financiación y plazos definidos. Un grito de auxilio desde las aulas rondeñas que clama por un futuro más confortable y sostenible.
Pero la preocupación de Con Ronda no se limita a las aulas. El grupo municipal ha manifestado su "más firme condena" ante las actuaciones llevadas a cabo en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del río Guadalevín y su entorno, dentro del Espacio Natural Sierra de las Nieves. Una "destrucción inaceptable de hábitats naturales protegidos", según denuncian, con posible afección directa a especies en peligro de extinción.
Durante el mes de mayo, se han llevado a cabo trabajos de eliminación masiva de vegetación y corta de árboles de gran porte, incluyendo álamos adultos de hasta 60 cm de diámetro, en ambos márgenes del cauce. Más de 3.000 metros cuadrados de superficie ribereña han sido devastados, afectando a hábitats de interés comunitario protegidos por la normativa europea, como los bosques de galería de Salix alba y Populus alba, así como matorrales ribereños termomediterráneos.
A esta agresión ecológica se suma un daño incalculable a especies catalogadas como vulnerables y en peligro de extinción, como el odonato Oxygastra curtisii y el pez endémico Squalius malacitanus. Los trabajos, lamentablemente, se realizaron en pleno periodo de vuelo y emergencia de estas especies, agravando aún más el impacto. Un doble golpe para Ronda, que exige soluciones urgentes tanto para sus estudiantes como para su valioso patrimonio natural.
Resulta profundamente decepcionante, aunque lamentablemente no sorprendente, la inacción de la Junta de Andalucía ante la imperiosa necesidad de bioclimatizar los centros educativos de Ronda. Cinco años después de la aprobación de la Ley 1/2020, la situación denunciada por Con Ronda revela un preocupante desprecio por el bienestar de los estudiantes y una flagrante dejación de funciones. Más allá de las promesas vacías y los presupuestos sin ejecutar, lo que se evidencia es una falta de voluntad política para priorizar la educación en condiciones dignas. Que sean las AMPAs quienes tengan que recurrir a la compra de aires acondicionados, ante la inoperancia de las administraciones, es un síntoma inequívoco de la desidia y abandono que sufren nuestros centros educativos. Esta dejadez no solo afecta al rendimiento académico de los alumnos, sino que atenta directamente contra su salud y bienestar.
La denuncia de la «agresión ecológica» en el Guadalevín, sumada a la anterior, conforma un retrato desolador de la gestión medioambiental en la provincia. La devastación de más de 3.000 metros cuadrados de superficie ribereña, con la consiguiente afección a especies protegidas, es un acto de barbarie que exige una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar. No basta con lamentar los daños, sino que es imprescindible depurar responsabilidades y establecer medidas preventivas para evitar que este tipo de atropellos se repitan. La protección de nuestros espacios naturales debería ser una prioridad ineludible, y la actuación en el Guadalevín demuestra una alarmante falta de sensibilidad y compromiso con la conservación de la biodiversidad. Es hora de que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto y demuestren que la defensa del medio ambiente no es solo un eslogan, sino una política real y efectiva.
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