La controversia política ha estallado en Málaga tras las declaraciones del vicesecretario del PP de Málaga, Daniel Castilla, quien ha acusado al PSOE malagueño de «aprovechar una catástrofe natural para intentar ocultar el abandono inversor del Gobierno de Sánchez». Las palabras de Castilla llegan después de que los secretarios provinciales del PSOE de Málaga y Cádiz se reunieran en Ronda para exigir a la Junta de Andalucía celeridad en las obras de emergencia de la A-397, una vía crucial para la conexión entre ambas provincias que se ha visto afectada por recientes desprendimientos.
El parlamentario andaluz no ha dudado en calificar la acción del PSOE como un «bochornoso paripé», argumentando que la Junta de Andalucía está actuando con diligencia en la ejecución de las obras. En este sentido, ha recalcado que la Consejería de Fomento informa semanalmente sobre el progreso de los trabajos, contrastándolo con el supuesto «oscurantismo, las promesas incumplidas y la desidia» que, según Castilla, caracterizan la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, en las provincias de Málaga y Cádiz.
Castilla ha defendido con vehemencia el compromiso de la Junta de Andalucía, que ha destinado 4,5 millones de euros a las obras en la A-397. Esta inversión, según el popular, «escuece a unos socialistas que siguen mirando con desdén, antipatía y desprecio a esta tierra». El vicesecretario del PP ha aprovechado la ocasión para recordar la «necesidad de inversión en infraestructuras» que, a su juicio, han sufrido ambas provincias durante los siete años del Gobierno de Pedro Sánchez.
La polémica se agudiza al recordar Castilla la «negativa del Gobierno a bonificar la AP-7 para los afectados por este corte». El parlamentario andaluz subraya que los usuarios de la autopista tendrán que afrontar una subida del 62% en el peaje de la Costa del Sol, lo que considera un nuevo agravio del Gobierno central hacia la provincia.
En este contexto, el PP exige «responsabilidad y rigor» a los socialistas malagueños y gaditanos, instándoles a reconocer los avances en las obras de la A-397 y a exigir al Gobierno central medidas que palíen los efectos negativos de la interrupción del tráfico en la zona. La tensión política está servida y promete nuevos capítulos en los próximos días.
La crispación política, lamentablemente, se ha convertido en una constante incluso ante situaciones que demandarían un mínimo de consenso y coordinación. En este caso, la A-397, vital arteria entre Málaga y Cádiz, es rehén de un cruce de acusaciones donde la ciudadanía queda en un segundo plano. Resulta desalentador observar cómo las necesidades reales de los ciudadanos, afectados por los desprendimientos y la consiguiente interrupción del tráfico, son instrumentalizadas como arma arrojadiza en la arena política. Más allá de quién tenga la razón sobre la gestión de las obras, lo esencial debería ser garantizar una solución rápida y eficaz para los usuarios de esta vía. El fuego cruzado entre PP y PSOE, en lugar de ofrecer certezas, alimenta la desconfianza y la sensación de que los intereses partidistas prevalecen sobre el bien común.
La exigencia de «responsabilidad y rigor» que el PP plantea al PSOE suena a hueco cuando se acompaña de una retahíla de reproches que poco contribuyen a resolver el problema. La inversión autonómica en la A-397 es, sin duda, una buena noticia, pero no justifica la omisión o el retraso que pueda haber por parte del gobierno central en otras infraestructuras clave para la provincia. La bonificación de la AP-7, como medida paliativa para los afectados, es una demanda legítima que no debería caer en saco roto. Urge una reflexión profunda sobre la necesidad de abandonar esta dinámica de confrontación constante y apostar por un diálogo constructivo que ponga en el centro las necesidades de los malagueños y gaditanos. De lo contrario, la A-397 seguirá siendo un símbolo de la parálisis política y la falta de voluntad para trabajar juntos por el progreso de la región.
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