La Guardia Civil asesta un duro golpe al crimen organizado en el campo malagueño con la desarticulación de una banda dedicada al hurto y blanqueo de aceitunas, en una operación bautizada como ‘Zaranda 25’. La investigación, que se prolongó durante ocho meses, ha culminado con la detención de seis individuos y la investigación de otros dos, acusados de delitos que van desde el hurto y la falsificación de documentos hasta la pertenencia a una organización criminal.
La alarma saltó el pasado otoño, cuando dos agricultores de Mollina denunciaron la sustracción de más de cinco toneladas y media de aceitunas de sus olivares. Lo que en principio parecía un robo aislado, pronto reveló ser la punta del iceberg de una sofisticada red que operaba a gran escala. Los agentes, siguiendo el rastro de un tractor inusual visto en la zona de los hurtos, lograron identificar a los primeros sospechosos.
El modus operandi de la banda era complejo y bien planificado. Tras sustraer las aceitunas, las trasladaban a una almazara en la provincia de Cádiz, buscando así dificultar su rastreo. Sin embargo, la investigación pronto reveló que esta era solo una pieza del puzzle. Una familia de la comarca de Antequera, propietaria de varios terrenos de olivar, llamó la atención de los investigadores por sus inusuales entregas de aceituna a una cooperativa local, cantidades que no se correspondían con la producción declarada en sus fincas.
La colaboración con la Oficina Comarcal Agraria de Antequera fue crucial para destapar la magnitud del fraude. Se descubrió que esta familia había realizado al menos cuatro entregas, sumando un total de 72.000 kilogramos de aceitunas sin justificar su procedencia legal. Pero la trama no terminaba ahí. La organización también se dedicaba a la compra de aceitunas robadas en provincias como Sevilla, Córdoba y Badajoz, que luego eran trasladadas a Málaga y vendidas con documentos de trazabilidad falsificados.
La operación ‘Zaranda 25’ no solo ha logrado desmantelar la organización, sino también bloquear los activos bancarios de los detenidos, por orden de la Autoridad Judicial. Se estima que la actividad ilícita de la banda les habría reportado un beneficio de al menos 87.000 euros. Este golpe al crimen organizado en el sector agrícola malagueño es un claro mensaje de la Guardia Civil: no se tolerarán las prácticas fraudulentas que perjudican a los agricultores honestos y a la economía local. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La operación «Zaranda 25» destapa una realidad preocupante y persistente en el campo andaluz: la vulnerabilidad de un sector primario que, pese a su importancia económica y cultural, sigue siendo presa fácil para el crimen organizado. Si bien la detención de los implicados y el bloqueo de sus activos son pasos positivos, es crucial preguntarnos qué fallos estructurales permiten que estas redes operen con tal impunidad. No basta con desarticular bandas; es imperativo revisar y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad, desde la producción hasta la comercialización, para evitar que la aceituna robada acabe blanqueándose en el mercado como si fuera un producto legal.
Más allá de la efectividad policial, la verdadera victoria residirá en erradicar la cultura de la permisividad que a menudo rodea estos delitos. La complicidad tácita de algunos actores del sector, la falta de denuncia por temor a represalias y la laxitud en los controles contribuyen a perpetuar esta situación. Es necesario un compromiso firme por parte de las administraciones, las cooperativas y los propios agricultores para promover una cultura de la legalidad y la transparencia. Solo así se podrá proteger a quienes trabajan honestamente la tierra y garantizar la sostenibilidad del sector olivarero malagueño a largo plazo.
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