En un movimiento que promete transformar significativamente la red viaria de Málaga, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado recientemente contratos por un total de más de once millones de euros, específicamente 11.277.169 euros, para la conservación de 535 kilómetros de carreteras en la provincia. Este ambicioso plan afectará a más de una treintena de vías en las comarcas de la Axarquía, la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce, una noticia que ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de los municipios que dependen de estas carreteras para su desarrollo y conectividad.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado la importancia de estos contratos, que consideran fundamentales para el mantenimiento y mejora del estado de las carreteras de titularidad autonómica. «La renovación del presupuesto para estos servicios de conservación es testimonio del compromiso del Gobierno andaluz con la seguridad vial«, declaró Díaz, aludiendo a los desafíos que identificó su administración al tomar posesión. Estos contratos habían estado en un estado precario, con la mayoría caducados o a un paso de caducar, lo que obligó a la Junta a recurrir a medidas de emergencia para evitar un colapso en la movilidad.
Los detalles de la adjudicación son esclarecedores. Por un lado, el contrato para la conservación de las carreteras de la Axarquía ha sido concedido a Azvi por un total de 5,9 millones de euros. Este servicio abarca 218 kilómetros que conectan municipios clave como Vélez-Málaga, Cómpeta y Torrox. Por otro lado, la empresa Ensayos Laboratorio y Construcción se encargará de los 316 kilómetros de la zona oeste, principalmente en la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce, por más de 5,3 millones de euros.
Una de las principales innovaciones en este proceso es la inclusión de una revisión ordinaria de precios, alineada con la reciente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta novedad ha sido bien recibida, pues responde a las demandas del sector que anhelaba un ajuste en las partidas debido a los crecientes costos de los materiales. Además, la Consejería ha incorporado mejoras laborales que aseguran condiciones dignas para los trabajadores encargados de la conservación, garantizando así un servicio efectivo y continuo a lo largo del año.
La importación de esta convicción de mejora continua no puede subestimarse. En el último año, el Gobierno andaluz ha movilizado más de 230 millones de euros en la renovación de contratos de conservación, y esta acción corresponde a la tercera fase del proceso. Solo resta la renovación de tres contratos más, que se llevarán a cabo conforme se aproximen sus fechas de vencimiento, previsto entre 2025 y 2027.
Es crucial recordar que la red viaria andaluza es la segunda más extensa de España. Los recursos dedicados a su conservación son vitales, no solo para su mejoramiento físico, sino para garantizar que los usuarios puedan disfrutar de un trayecto seguro y cómodo. Las labores abarcarán diversas intervenciones, desde reparación del pavimento hasta el mantenimiento de la señalización, todas ellas esenciales para una movilidad eficiente y segura en la provincia Málaga.
La reciente adjudicación de contratos para la renovación de 535 kilómetros de carreteras en Málaga es un paso positivo que apunta a la mejora de la infraestructura viaria, pero es esencial no perder de vista la realidad que subyace tras estas medidas. A pesar del optimismo de la Consejería de Fomento y la celebración en los municipios beneficiados, la pregunta que surge es si esta acción es simplemente un parche ante un problema más profundo de abandono y falta de planificación a largo plazo. Durante ocho años, la falta de inversión y atención en mantenimiento dejó las carreteras en un estado preocupante, y aunque ahora se buscan soluciones, la urgencia del momento parece indicar que aún no se ha aprendido de los errores del pasado. ¿Qué garantías existen para que este compromiso se mantenga en el tiempo y no volvamos a caer en la inacción?
Adicionalmente, la inclusión de una revisión ordinaria de precios es, sin duda, un aspecto positivo que busca adaptar el sector a la realidad económica actual, y las mejoras laborales para los trabajadores son un avance necesario. Sin embargo, es crucial que este tipo de iniciativas se alineen con un enfoque más integral en la gestión de infraestructuras. Es imperativo que la estrategia no solo se centre en la conservación, sino que también contemple una planificación futura que contemple la sostenibilidad, el desarrollo de alternativas de transporte que reduzcan el tráfico y favorezcan el medio ambiente. De lo contrario, la inversión se verá amenazada por una infraestructura que podría volverse obsoleta si no se adapta también a las necesidades cambiantes de una sociedad en constante evolución.
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