El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha dado un paso crucial al presentar una Proposición No de Ley que exige al Gobierno de España actuar de manera urgente ante las dificultades que enfrenta la comarca de la Serranía de Ronda. Esta iniciativa, que ha sido registrada ante la Mesa del Congreso de los Diputados, busca la liberación del peaje de la autopista AP7 para aquellos afectados por el reciente corte de la carretera A-397, vital para la conexión entre Ronda y San Pedro Alcántara.
La A-397, que sirve como el único vínculo terrestre entre el interior de la comarca y la Costa del Sol, ha sufrido un desprendimiento que ha dejado a miles de conductores a merced de un tráfico significativamente desviado. Valero no solo propone liberar el peaje en esta autopista, sino que también demanda que se implementen bonificaciones para los usuarios habituales de la AP7, asegurando que las repercusiones económicas y sociales de esta situación sean mitigadas en la medida de lo posible.
La voz de Valero se suma a un coro de preocupaciones que han surgido desde que se anunció el corte de la A-397. «No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras esta situación ocasiona graves perjuicios a la economía de la comarca», afirmó Valero, subrayando la importancia de esta ruta para trabajadores y empresas transportistas que a diario realizan el trayecto entre el interior y la costa. Esta sensación de urgencia se complementa con críticas dirigidas al Gobierno andaluz, que ha afirmado que se requieren meses para restablecer el paso.
La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, también ha hecho eco de estas preocupaciones. Morillas ha señalado que la falta de mejoras en la A-397 a lo largo de los últimos años ha complicado la situación actual. «Es inaceptable que no se hayan realizado inversiones para prevenir lo que ahora estamos viviendo; el gobierno del PP ha sido incapaz de atender las necesidades de esta vía, lo que ha llevado a la difícil situación que enfrentamos hoy», enfatizó Morillas.
El concepto de un «mecanismo de operación sin peajes» se ha convertido en el eje central de la propuesta de Valero, especialmente en situaciones de fuerza mayor, donde la AP7 se convierte en la única vía accesible. Esta solicitud resuena con el sentir de muchos malagueños que ven cómo su movilidad está severamente restringida, planteando un llamado urgente a la acción. La situación actual ha sacado a la luz el déficit de inversiones en materia de movilidad en la provincia, cuestionando las promesas realizadas en campañas anteriores sobre la mejora de infraestructuras viarias.
El impacto que está teniendo el corte de la A-397 se extiende más allá de los inconvenientes de tráfico; se involucra en el tejido económico y social de la comarca. Mientras tanto, la propuesta de Valero añade presión sobre el Gobierno español para reaccionar adecuadamente ante lo que se ha convertido en un problema tangible para miles de ciudadanos. Con esto, el futuro del transporte en la región parece depender no solo de la resolución de la situación actual, sino también de una reflexión seria sobre cómo se gestionan las infraestructuras vitales en Málaga.
La reciente propuesta de Toni Valero para la liberación del peaje en la AP7 no solo responde a una necesidad inmediata ante el corte de la A-397, sino que también pone de relieve la carencia de una planificación adecuada en las infraestructuras de Málaga. La urgencia con la que se demanda esta medida revela un sistema de transporte que, a menudo, parece improvisado y reactivo en lugar de estar basado en un enfoque preventivo e integral. En este contexto, la crítica de Toni Morillas sobre la falta de inversión y el abandono de vías clave como la A-397 es más que pertinente; se trata de un reflejo de una gestión pública que prioriza medidas de corto alcance, dejando de lado las que son realmente necesarias para garantizar un futuro sostenible y conectado para nuestra provincia.
Además, es crucial que esta situación sirva como un llamado a la reflexión acerca de la calidad de las infraestructuras en nuestra comunidad. No basta con liberar peajes; es imprescindible que se establezcan planes de inversión a largo plazo que contemplen el desarrollo sostenible y la seguridad en las carreteras. La propuesta de Valero debe ser un punto de partida para un diálogo más amplio que incluya a todos los sectores implicados en la movilidad y la economía local. Si no se actúa con firmeza y visión, la situación actual podría convertirse en un ciclo crónico de crisis y parches, donde la movilidad de los malagueños siga viéndose comprometida. Así, la responsabilidad no solo recae en el Gobierno español, sino también en la ciudadanía, que debe exigir un compromiso constante hacia una infraestructura adecuada y accesible para todos.
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