En un encuentro reciente que ha tenido lugar en Estepona, la diputada del PSOE por Málaga, Mari Nieves Ramírez, y la secretaria general de los socialistas en la ciudad costera, Emma Molina, han elevado su voz exigiendo que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Estepona actúen de manera decisiva frente a la crisis habitacional que afecta al municipio. Acompañadas de simpatizantes y miembros del partido, ambas líderes han denunciado la falta de viviendas de promoción pública (VPO), un problema que parece agrandarse con el paso del tiempo.
La diputada Ramírez ha compartido datos que ha calificado de “alarmantes”, revelando que solo el 25% de los jóvenes de 30 años actualmente poseen una vivienda en propiedad, una cifra que se ha desplomado respecto al 60% hace una década. “Estepona necesita urgentemente medidas que aborden esta crisis”, ha señalado, enfatizando la responsabilidad tanto del gobierno local como regional en el establecimiento de políticas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda. La parlamentaria ha insistido en que “todas las administraciones públicas deben implicarse” en esta tarea, subrayando la importancia del compromiso colectivo en la lucha por el derecho a una vivienda digna.
Ramírez también ha criticado a la Administración de la Junta por la falta de ejecución de fondos asignados a la vivienda, comentando que en 2024 se dejaron sin utilizar más de 400 millones de euros destinados a este fin, a pesar de que, bajo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, la financiación para vivienda ha alcanzado cifras record, triplicando los montos anteriores. Este escenario suscita interrogantes sobre la gestión y planificación de políticas que deberían facilitar el acceso a viviendas, concluyendo que “es inaceptable que se reciba más presupuesto que nunca y no se traduzca en soluciones concretas para la ciudadanía.”
Por su parte, Emma Molina no ha dudado en dirigir sus críticas al alcalde de Estepona, José María García Urbano, acusándolo de rechazar las propuestas del PSOE que podrían haber aliviado la carga del alquiler a muchas familias del municipio. Con una media de alquiler que supera los 1.635 euros mensuales y un coste por metro cuadrado que alcanza los 3.332 euros, Estepona se ha convertido en uno de los municipios con los precios de vivienda más altos de la provincia. “El alcalde tiene ante sí la posibilidad de decidir si el suelo público se destinará a la especulación o se utilizará para construir vivienda pública”, ha enfatizado Molina, instando al edil a tomar medidas concretas en favor de la ciudadanía.
Ambas líderes socialistas han finalizado el acto demandando un compromiso firme del Ayuntamiento para que se impidan prácticas que perpetúan la crisis habitacional. “La situación es insostenible y no se puede permitir más dilación en la búsqueda de soluciones que protejan a los esteponeros y esteponeras”, han concluido, dejando claro que la lucha por una vivienda asequible es una prioridad que no puede ser ignorada.
La reciente movilización del PSOE en Estepona, liderada por Mari Nieves Ramírez y Emma Molina, resalta una problemática que ha alcanzado niveles críticos: la crisis de vivienda. Es innegable que los datos sobre la propiedad inmobiliaria entre los jóvenes son alarmantes, y que la falta de viviendas de promoción pública (VPO) es una herida abierta en el tejido social de la ciudad. Sin embargo, es relevante cuestionar si estas manifestaciones son simplemente un ejercicio retórico o si realmente se traducirán en acciones efectivas. Resulta irónico que, en un contexto de asignación récord de fondos estatales para vivienda, como apunta Ramírez, observemos una paralización en la ejecución de esos recursos. Este fenómeno fomenta la desesperanza entre quienes ansían una solución habitacional, dejando entrever una disonancia preocupante entre lo prometido y lo realizado en políticas públicas.
Además, las críticas dirigidas al alcalde por parte de las líderes socialistas, aunque legítimas, abren un debate sobre la responsabilidad compartida en la gestión del suelo público. El alcalde, José María García Urbano, enfrenta presiones legítimas en torno a la especulación inmobiliaria, pero el verdadero desafío radica en la formación de un consenso que priorice la creación de vivienda asequible. En lugar de simplemente señalar culpables, es imperativo que todas las partes involucradas, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, trabajen en una estrategia constructiva que no solo contemple la oferta de vivienda, sino que también involucre a la comunidad en la búsqueda de soluciones. Ignorar el clamor social con respuestas tibias o tardías es, en última instancia, una traición a los principios básicos de la gobernanza democrática y la justicia social. La urgencia de una vivienda digna no admite más dilaciones ni evasivas; se requiere un compromiso genuino y acción inmediata.
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