La crisis educativa en Andalucía se agrava a medida que el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, denuncia la alarmante reducción de unidades escolares en la comunidad. Este lunes, Bernal criticó “el recorte de unidades que se está llevando a cabo por parte del Gobierno del Partido Popular”, que se traduce en un severo golpe para la educación pública. En el año 2024, Andalucía cerrará con la eliminación de 1.075 aulas en infantil y primaria, de las cuales, 158 son de la provincia de Málaga.
Los datos presentados por Bernal revelan un preocupante escenario: “Más de un 45% de supresiones con respecto al curso anterior 2023-2024”. La afectación es amplia, impactando a diversas localidades, incluidas Málaga capital —con la eliminación de 47 aulas—, y otras como Alhaurín de la Torre, Estepona y Marbella. Esta reducción en el número de aulas trasciende lo meramente cuantitativo; representa una amenaza para la calidad educativa de miles de niños y niñas que dependen del sistema público.
En este contexto, Patricia Alba, secretaria de Educación del PSOE en Málaga, subrayó la grave falta de infraestructuras educativas en la provincia. “Ni el instituto de Rincón, ni el de Benalmádena, ni el de Mijas han visto la luz”, afirmó, enfatizando que estas carencias estructurales son fundamentales para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo. Alba también señaló que la creación de aulas prefabricadas no es una solución viable, sino un parche que no aborda los problemas de fondo en la educación pública.
La situación se complica aún más con la escasez de plazas en formación profesional, lo que obliga a muchas familias a recurrir a opciones privadas, “lo que no debería ser la norma en una comunidad con dos pájaros tan bien posicionados”, advirtió Alba. Además, el incremento del 11% en los precios de los comedores escolares ha generado preocupaciones entre los padres, que ven cómo la calidad no siempre acompaña al aumento en el costo.
Bernal concluyó haciendo un llamado a la reflexión sobre las implicaciones de estos recortes, que no solo afectan a la infraestructura y a los recursos, sino que también tienen un impacto directo en la contratación de profesores. “Menos contratación de docentes, ratios más elevadas, y un parón importante en las bolsas de interinos” son las consecuencias palpables de unas políticas que priorizan el ahorro sobre el derecho a una educación de calidad. Para Bernal, si bien el Gobierno justifica estas decisiones por la baja natalidad, “hay en realidad una oportunidad de aumentar la calidad educativa en una comunidad autónoma que debe mirar hacia el futuro con seriedad”.
Así, el PSOE de Málaga continúa su lucha por una educación pública digna, haciendo eco de la voz de miles de familias que dependen de un sistema educativo accesible y de calidad. En un momento en que el futuro educativo se ve amenazado, la solidaridad y la acción conjunta se presentan como la única vía para revertir estos recortes y garantizar el derecho a la educación para todos los ciudadanos malagueños.
La reciente denuncia del PSOE de Málaga sobre los recortes en la educación pública en Andalucía pone de manifiesto un problema estructural que va más allá de la mera eliminación de aulas. La reducción de 1.075 unidades escolares, donde Málaga capital se ve particularmente afectada, puede interpretarse como un síntoma de una política educativa que parece priorizar el ajuste fiscal frente a las necesidades educativas de miles de niños y jóvenes. Estos recortes no solo cierran puertas a oportunidades de aprendizaje, sino que también crean un caldo de cultivo para el deterioro de la calidad educativa, donde los ratios más elevados y la escasez de docentes se traducen en un servicio que no responde a las expectativas ni a los derechos de las familias malagueñas. Este enfoque corto placista del Gobierno del Partido Popular no puede justificarse en un contexto donde la educación se constituye como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad.
Sin embargo, más que simplemente criticar la gestión actual, es imperativo que los partidos políticos, incluidos los del PSOE, trabajen en propuestas concretas y soluciones sostenibles para la educación. La falta de infraestructuras nunca debe ser un “parche” como las aulas prefabricadas, sino que reclama una planificación a largo plazo que contemple la construcción de nuevos centros y una inversión sustancial en recursos. Además, se debería considerar la implementación de políticas que fomenten una verdadera equidad educativa y, al mismo tiempo, un fortalecimiento de la formación profesional que prepare a los jóvenes para un mercado laboral en transformación. La educación debe dejar de ser la primera víctima de recortes presupuestarios en tiempos de crisis, porque al hacerlo, estamos hipotecando nuestro futuro y renunciando a crear un ámbito donde cada niño y niña tenga la oportunidad de desarrollar su potencial al máximo. La situación es crítica, pero aún estamos a tiempo de revertirla, siempre que exista voluntad política y un compromiso real con la educación pública.
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