La situación financiera del Ayuntamiento de Benalmádena se ha vuelto alarmante tras la reciente sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Málaga, que condena al Consistorio a abonar la impresionante suma de 724.000 euros más 530.000 euros en intereses de demora a la empresa FCC. Este fallo judicial refleja una serie de facturas pendientes que datan de la época en la que el socialista Víctor Navas era alcalde, y pone de manifiesto las consecuencias de una gestión que ahora se critica ferozmente.
La portavoz del Partido Popular en Benalmádena, Presi Aguilera, ha expresado su “indignación” y “preocupación” por esta situación, que considera una manifestación más de lo que califica como una nefasta etapa de gobierno socialista, señalando que “los benalmadenses están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad y la dejadez de quienes nos gobernaron”. Aguilera argumenta que la gestión del PSOE ha colocado al municipio en una posición económica delicada, obligando al actual equipo de gobierno a hacer frente a una deuda que no había sido prevista en el presupuesto municipal.
Aguilera no se ha quedado callada. En sus declaraciones, ha enfatizado que “hay dos modelos de gestión”: el del PSOE, al que acusa de ser “irresponsable” y el del actual gobierno, liderado por Juan Antonio Lara, que según ella está trabajando “de manera seria y constante” para avanzar en el desarrollo del municipio. “Nos encontramos ante un reto importante, pero nuestro compromiso es con la transparencia y la mejora de Benalmádena. Mientras otros crean deudas, nosotros estamos centrados en impulsar proyectos que beneficien a todos”, ha declarado.
La decisión judicial añade más presión al Ayuntamiento, que ya se enfrentaba a retos de financiación para llevar a cabo las propuestas y iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Aguilera ha manifestado que el actual gobierno está enfocado en “transformar nuestra ciudad” y está haciendo frente a los estragos dejados por la administración anterior, pero que la carga de esta deuda sin duda complica las posibilidades de afrontar nuevos proyectos.
Desde el PSOE, sin embargo, la respuesta ha sido contundente. Aunque no se han brindado declaraciones específicas respecto a esta sentencia en particular, fuentes cercanas al partido han defendido su paso por la alcaldía, afirmando que las circunstancias de la gestión del pasado son interpretaciones sesgadas de la realidad actual. El debate político en Benalmádena se intensifica, y cada partido busca atraer a los votantes a su lado en un clima de creciente tensión.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, los ciudadanos de Benalmádena observan de cerca cómo se gestionará esta crisis financiera. La pregunta en el aire es, ¿cómo afectará esta deuda a los planes futuros del Consistorio y qué medidas se implementarán para mitigar las repercusiones de esta condena judicial? Lo cierto es que la preocupación es palpable, y el futuro de muchos proyectos fundamentales para la comunidad podría estar en juego.
La situación financiera del Ayuntamiento de Benalmádena pone de manifiesto una preocupante ineficiencia en la administración pública y, sobre todo, una falta de previsión que evidentemente no debe dejarse pasar por alto. La condena a abonar más de 1,254,000 euros a FCC, atribuida a la gestión del PSOE, es un recordatorio crudo de las repercusiones que puede tener una política basada en la improvisación. La indignación del Partido Popular no solo es un reflejo de la lucha política entre partidos, sino también un llamado de atención a la población benalmadense, que ahora se enfrenta a las consecuencias de una deuda monumental que podría limitar el desarrollo de proyectos esenciales para la comunidad. La crítica a la administración socialista es válida, pero también debería instar a un examen de conciencia sobre cómo prevenir que situaciones similares vuelvan a surgir en el futuro.
Sin embargo, es importante no caer en un simplismo que reduzca la situación a una mera lucha partidista. El actual equipo de gobierno, liderado por Juan Antonio Lara, se enfrenta a un verdadero desafío: gestionar la herencia de la anterior administración mientras se establecen estrategias para revitalizar la economía local. La promesa de la transparencia y la mejora de Benalmádena debe ir acompañada de un plan sólido que busque no solo saldar deudas, sino también crear un entorno favorable para la inversión y la innovación. En este sentido, el diálogo entre partidos y la colaboración con la ciudadanía se tornan cruciales. La verdadera prueba para Benalmádena será cómo transformará esta crisis en una oportunidad para sentar las bases de un futuro más sostenible y responsable, donde la gestión pública no solo sea una cuestión de política, sino un compromiso con el bienestar colectivo.
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