La crisis provocada por el corte de la carretera A-397, que conecta la Serranía con la Costa del Sol, sigue generando tensiones políticas en Ronda. En esta ocasión, el coordinador del Partido Popular de Ronda, Ángel Martínez, ha arremetido contra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Cañestro, acusándolo de utilizar la situación actual con un claro objetivo partidista y de no considerar las dificultades que enfrentan trabajadores y empresarios de la región.
El enfrentamiento entre ambos políticos se desató tras las quejas de Cañestro sobre el retraso en la convocatoria de un Pleno extraordinario, que busca analizar las implicaciones del corte de la carretera. Martínez ha defendido que el equipo de Gobierno prioriza la celebración de un Pleno ordinario programado para el 31 de marzo. Este evento no solo tendrá como objetivo abordar el problema de la A-397 sino también unirse a la petición de más de 20 alcaldes de la comarca al gobierno provincial y regional para poder mitigar los efectos de la situación.
Según Martínez, el interés del PSOE en convocar este Pleno extraordinario responde más a un «minuto de gloria» que a un compromiso genuino con la ciudadanía. «El foco deben tenerlo aquellos que realmente están sufriendo las consecuencias de esta crisis, no unos pocos políticos que buscan aprovecharse del momento», subrayó. El coordinador del PP también criticó la petición hecha por Cañestro sobre la eliminación temporal del peaje en la autopista entre Manilva y Marbella, sugiriendo que debería haber sido exigida antes si realmente preocupa a los trabajadores la carga económica que el corte de la carretera ha generado.
Martínez enfatizó que la decisión del PP de celebrar primero el Pleno ordinario no solo se ajusta al marco legal, sino que también ahorra a la localidad un gasto adicional de 3.000 euros que conllevaría la convocatoria prematura del pleno extraordinario solicitado por el PSOE. “Necesitamos actuar con responsabilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos”, señaló, advertiendo del impacto financiero que tiene esta situación en los rondeños.
En este sentido, destacó que el verdadero protagonismo debe ser para los alcaldes de la Serranía, quienes han unificado sus voces en un manifiesto institucional que demanda atención urgente a la crisis desatada. La iniciativa no solo aboga por la rápida reapertura de la carretera, sino que también solicita acciones concretas para mitigar los efectos adversos que el corte añade a una economía ya fragilizada por diversos factores.
La controversia se convierte cada vez más en un escenario donde la política y el bienestar de la comunidad se entrelazan, levantando la pregunta de cuán lejos están dispuestos a llegar los partidos para reclamar lo que consideran urgente. Mientras tanto, los trabajadores y las empresas siguen lidiando con las consecuencias de la carretera cerrada, a la espera de medidas que puedan aliviar su carga en este momento crítico.
La situación en Ronda, marcada por el corte de la A-397, refleja más que un simple problema de infraestructuras; es un claro ejemplo de cómo la política puede ensombrecer la verdadera urgencia de los problemas sociales. En este contexto, las declaraciones del coordinador del Partido Popular, Ángel Martínez, sobre el uso «partidista» de la crisis por parte del PSOE, son un recordatorio de que los intereses de la ciudadanía no deben ser sacrificados en el altar de las disputas políticas. La insistencia del grupo socialista en convocar un Pleno extraordinario, aunque suena como un acto de responsabilidad, podría ser percibida como un intento de monopolizar un tema de relevancia social, restándole al debate la seriedad requerida. Lo que la comunidad realmente necesita es un enfoque colaborativo que priorice soluciones eficientes, en lugar de un juego de acusaciones que apenas logra mitigar el sufrimiento de los afectados.
No obstante, es fundamental reconocer el planteamiento del PP respecto a la gestión de recursos públicos y la necesidad de un Pleno ordinario que integre el problema del corte de la carretera con otros problemas apremiantes. Dilatar la discusión en un pleno extraordinario puede, en efecto, costar tiempo y dinero que la localidad no tiene, pero ello no puede ser una excusa para eludir una respuesta rápida ante una crisis que ya arrastra a trabajadores y empresarios al borde del colapso. Así, ambos partidos, en lugar de limitarse a defender sus posiciones, deberían buscar formas de aliarnos para forjar un plan de acción que, más allá de la lucha política, atienda con urgencia las peticiones de los más afectados, incluidas las propuestas de los alcaldes de la comarca. La solución no está en el antagonismo, sino en el consenso y la acción coordinada, porque, al final, la política no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para mejorar la vida de las personas a las que sirve.
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