Este miércoles, el Pleno de la Diputación de Málaga se convirtió en el escenario de un sólido consenso político al aprobar, por unanimidad, dos mociones de carácter institucional que reclaman al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España la urgente atención a infraestructuras clave para la provincia. Las propuestas, que incluyen el arreglo de la carretera A-397 que conecta San Pedro con Ronda y la defensa de las paradas de tren de alta velocidad, reflejan la creciente preocupación de los representantes por la movilidad y seguridad de los ciudadanos malagueños.
La primera de las mociones enfatiza la necesidad de que el arreglo de la A-397 reciba «máxima prioridad». Además de solicitar a la Junta de Andalucía información continua sobre los avances de estas reparaciones, el documento insta a establecer mecanismos de transporte público complementarios en la zona. Entre otros puntos destacados, se incluyen peticiones para llevar adelante el proyecto de la autovía Málaga-Ronda-Campillos y considerar la liberación del peaje en la autopista Manilva-Málaga durante las obras, un tema que ha suscitado numerosas quejas entre los usuarios.
Por su parte, la segunda moción se dirige al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, instando a mantener todas las paradas de los trenes de alta velocidad que conectan Málaga con Granada y Madrid. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, destacó la importancia de integrar la estación de Antequera en la red de Renfe Cercanías para adaptarse mejor a las necesidades laborales de los ciudadanos. La mejora del transporte ferroviario, junto con un estudio exhaustivo sobre el estado de los trenes actuales, son pasos cruciales para garantizar un servicio que no solo sea seguro, sino también eficiente.
Además de los temas de transporte, se abordó un asunto esencial para la seguridad de los ciudadanos: la dotación de recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la provincia. Una moción presentada por el Partido Popular pide al Gobierno de España el aumento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil ante el preocupante incremento de la criminalidad en la región. Datos del Ministerio de Interior expuestos por el vicepresidente, Manuel Marmolejo, evidencian un aumento alarmante en delitos graves, un hecho que ha levantado ampollas entre los habitantes de la provincia.
El clima de colaboración entre los grupos políticos en este Pleno ha dado lugar a un enfoque proactivo para hacer frente a las deficiencias en materia de infraestructuras y seguridad. A medida que los problemas de movilidad y criminalidad se entrelazan en la vida cotidiana de los malagueños, el respaldo unánime a estas mociones refleja una responsabilidad compartida que podría transformar el panorama social y económico de la región.
Con estas iniciativas, la Diputación de Málaga no solo está haciendo eco de las necesidades inmediatas del electorado, sino que también se posiciona como un puente entre la administración local y los organismos superiores en un esfuerzo mancomunado por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
La unanimidad alcanzada en el Pleno de la Diputación de Málaga al exigir mejoras en infraestructuras clave es un reflejo positivo de la capacidad de consenso, pero el verdadero desafío radica en la eficacia de estas demandas. Las mociones, aunque pertinentes, parecen surgir más del oportunismo político que de un plan estratégico a largo plazo. En un contexto donde la *A-397* representa no solo un vínculo físico, sino también socioeconómico entre distintas localidades, la urgencia con que se solicita su arreglo debería corresponder a un compromiso real y no solo a palabras vacías que, como muchas en la política, se diluyen fácilmente en el tiempo. La expectativa es alta y el escepticismo no es menos palpable; los ciudadanos malagueños han sido testigos de promesas incumplidas que han dejado la infraestructura en un estado de deterioro inaceptable.
Asimismo, la mención a la creciente criminalidad en la provincia, junto con el llamado a reforzar las plantillas policiales, subraya otra arista fundamental: la seguridad y la infraestructura no son elementos aislados, sino que deben ser abordados de manera conjunta. La *colaboración institucional* es un paso hacia adelante, pero es igualmente crucial que se acompañe de acciones concretas, tales como un análisis riguroso de la efectividad de las actuales políticas de seguridad y un plan de acción que no se limite solo a aumentar el número de efectivos. Es necesario establecer una visión holística que contemple no solo las intervenciones urgentes, sino también la creación de entornos que prevengan delitos y promuevan una cultura de seguridad. Solo así podremos convertir esta dinámica de consenso en una verdadera transformación política y social que repercuta en la calidad de vida de los malagueños.
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