Las sombras del pasado planean sobre Benalmádena, sumiendo al Consistorio en una crisis económica inesperada. El Ayuntamiento se enfrenta al pago de 444.850 euros tras la exigencia de la Inspección Laboral, una consecuencia directa de la gestión realizada durante el mandato socialista de Víctor Navas entre 2019 y 2020. Las contrataciones realizadas bajo los programas EMPLE@ 30+, EMPLE@ 45+ y el PLAN AIRE, destinados a paliar el desempleo, se han revelado como una bomba de relojería que ahora explota en las arcas municipales.
La notificación, recibida el pasado 25 de julio, desvela que la Inspección Laboral ha detectado graves irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores contratados. La situación es aún más delicada al conocerse que la Intervención Municipal ya había advertido en su momento sobre el incumplimiento de los derechos salariales y las incorrectas cotizaciones, generando incluso un reparo de legalidad que fue ignorado por los responsables políticos de la época.
La Inspección Laboral ha certificado que los trabajadores de estos planes de empleo, lejos de recibir el salario correspondiente al convenio del Ayuntamiento, fueron retribuidos únicamente con el Salario Mínimo Interprofesional, una práctica denunciada en su momento por la Jefatura de Recursos Humanos. Aunque la posibilidad de reclamar la diferencia salarial ha prescrito, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha hecho la vista gorda y exige el pago íntegro de los 444.850 euros, enviando ya las correspondientes cartas de pago.
La situación se agrava aún más si se considera que este desembolso no estaba previsto en el presupuesto municipal y se suma a la ya pesada carga de 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento debe abonar a FCC por facturas pendientes del periodo anterior, relacionadas con la limpieza de edificios públicos. En total, Benalmádena deberá desembolsar más de 1.640.000 euros, una cifra que pone en jaque la estabilidad financiera del municipio y obliga a replantear las prioridades de gasto. El actual equipo de gobierno se enfrenta ahora a un difícil equilibrio entre la responsabilidad de sanear las cuentas y la necesidad de seguir invirtiendo en el bienestar de los ciudadanos. La pregunta que resuena en las calles de Benalmádena es clara: ¿quién pagará la factura de esta gestión negligente?
La noticia que sacude Benalmádena es un claro ejemplo de cómo la *voluntad política de implementar medidas para paliar el desempleo puede verse empañada por una gestión deficiente y, presuntamente, negligente*. Los planes de empleo, ideados como una tabla de salvación para los más vulnerables, terminan convirtiéndose en un lastre para las arcas públicas y en un ejemplo de precariedad laboral institucionalizada. No solo se trata de la suma millonaria que ahora debe afrontar el Ayuntamiento, sino de la erosión de la confianza ciudadana en unas administraciones que, en ocasiones, parecen más dispuestas a sortear la ley que a velar por su cumplimiento. Es imperativo que se depuren responsabilidades y que se establezcan mecanismos de control más rigurosos para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Más allá de la condena a la gestión pasada, es fundamental que el actual equipo de gobierno demuestre transparencia y responsabilidad en la gestión de esta crisis. No basta con señalar culpables, sino que se debe ofrecer un plan de contingencia claro y creíble que explique cómo se afrontará este agujero económico sin sacrificar servicios esenciales para la ciudadanía. Además, esta situación debería servir como un toque de atención para todos los ayuntamientos de la provincia: la lucha contra el desempleo no puede ser una excusa para precarizar el empleo y vulnerar los derechos laborales. La solución pasa por una gestión eficiente, transparente y respetuosa con la legalidad vigente, que garantice tanto la sostenibilidad financiera de los municipios como el bienestar de sus ciudadanos.
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