El reciente informe anual sobre violencia de género en Andalucía, presentado por el Consejo de Gobierno, ha revelado cifras alarmantes que colocan a Málaga en el centro del problema. Con un total de 9.445 denuncias registradas, la provincia se posiciona como la más afectada por esta crisis social, aportando un significativo 23,2% del total andaluz, que asciende a 40.717 denuncias.
El estudio, elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, pone de manifiesto no solo la magnitud del problema, sino también la dinámica preocupante del entorno de las víctimas. De hecho, se destaca que apenas un 0,1% de las denuncias proviene de familiares cercanos a las mujeres afectadas, lo que sugiere una cultura del silencio que a menudo rodea este tipo de violencia. Este dato resalta la necesidad de fomentar una conciencia social más activa y empoderadora que incentive a los seres queridos a dar un paso al frente.
A nivel autonómico, Andalucía reportó una incremento del 5,1% en las denuncias comparado con el año anterior, lo que se traduce en un 3,8% más de víctimas, alcanzando la cifra de 39.404 mujeres que sufrieron violencia de género en 2023. A nivel nacional, la situación es igualmente alarmante, con 193.521 víctimas registradas, donde Andalucía representa el 20,4% del total, aunque con una ligera disminución en comparación con 2022.
Los esfuerzos del Gobierno andaluz por abordar esta problemática incluyen la tramitación de 8.790 órdenes de protección, un 4,1% más que en el año anterior. Las cifras reflejan que el 75% de estas solicitudes provienen de mujeres españolas, mientras que el 25% son solicitadas por mujeres extranjeras, evidenciando la diversidad y complejidad de los casos que se manejan en la región.
En un contexto donde el 90,5% de los hombres enjuiciados por violencia de género fueron condenados, las cifras sobre víctimas mortales siguen causando inquietud. En 2023, se registraron 16 asesinatos, siendo Málaga la provincia más afectada con 4 muertes, lo que subraya la urgente necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de prevención y asistencia. Solo el 12,5% de las víctimas mortales había denunciado previamente, un hecho que resalta la importancia de brindar un apoyo sólido y accesible a las mujeres que enfrentan situaciones de abuso.
Frente a estos desafíos, el Gobierno andaluz ha intensificado sus esfuerzos, incluyendo la implementación de una prestación económica destinada a menores huérfanos a causa de la violencia de género, que ya beneficia a 27 niños en la comunidad. Un esfuerzo que, si bien es un paso en la dirección correcta, aún demanda atención y recursos continuos para garantizar la protección y el bienestar de quienes más lo necesitan.
El Servicio Integral de Atención y Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer ha asistido a 2.655 víctimas en 2023, mientras que los equipos provinciales de Atención a la Mujer y Familias del Servicio Andaluz de Salud han atendido a 2.472 mujeres, con un enfoque especial en Málaga, Almería y Huelva. Sin embargo, la cifra de denuncias sigue en aumento y se hace indispensable una intervención colectiva para erradicar de una vez por todas este fenómeno social que asola a nuestras comunidades.
El creciente número de denuncias de violencia de género en Málaga, que ahora supera el 23% del total en Andalucía, debe ser motivo de reflexión colectiva. Este alarmante dato no solo desvela una gravísima crisis social, sino que nos enfrenta a la incómoda realidad de que la violencia de género sigue siendo un tema silenciado, incluso dentro de las propias familias de las víctimas. El hecho de que solo un 0,1% de las denuncias provenga de familiares cercanos indica que aún persiste una cultura del silencio que debe ser desmontada urgentemente. Este silencio no solo perpetúa el ciclo de la violencia, sino que socava la posibilidad de una intervención temprana y efectiva. Mientras que se han anunciado esfuerzos del Gobierno andaluz, como las 8.790 órdenes de protección, es esencial que estos programas vayan acompañados de campañas de concienciación que empoderen a la comunidad para romper esta estructura de complicidad silenciosa.
A pesar de que se están dando pasos en la dirección correcta, como el establecimiento de prestaciones económicas para menores huérfanos, la realidad es que la violencia de género sigue arrasando vidas en nuestra sociedad. La cifra de 16 asesinatos en 2023 y el hecho de que solo el 12,5% de las víctimas mortales habían denunciado su situación revela una alarmante falta de confianza en las instituciones que deberían ofrecer refugio y protección. Esto es un grito de auxilio que demanda una respuesta más robusta, no solo en términos de asistencia legal, sino también en la inversión social y comunitaria para ofrecer un entorno seguro y de apoyo para las mujeres. En un contexto en el que la mayoría de los hombres acusados son condenados, la urgencia de una intervención comunitaria y educativa se hace más latente que nunca. Hay que actuar con firmeza para cambiar el rumbo de la violencia hacia la igualdad real y accesible en nuestra sociedad.
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