La sombra del devastador incendio de 2021, que arrasó 10.000 hectáreas, se alarga sobre la Serranía de Ronda. En un grito desesperado, los alcaldes de Jubrique y Genalguacil, Alberto Benítez y Miguel Ángel Herrera, respectivamente, han alzado la voz este miércoles para denunciar la crítica falta de personal en el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales. Desde la emblemática caseta de vigilancia del Porrejón, un punto estratégico para la detección temprana de conatos, los ediles han manifestado su «profunda preocupación» ante un panorama que consideran de «total desamparo».
Alberto Benítez no se anduvo con rodeos: «Estamos ya en pleno verano y esta caseta, que es primordial para la zona, se encuentra desierta». El alcalde de Jubrique profundizó en la gravedad de la situación, señalando el «desmantelamiento» del sistema Infoca en su municipio. «En Jubrique debería haber siete efectivos y actualmente solamente se encuentra entre tres y cuatro. Por tanto, la situación creemos que es crítica, teniendo en cuenta que en 2021 tuvimos uno de los mayores incendios de España… Deberíamos ser una zona prioritaria para la vigilancia», sentenció.
La indignación era palpable en las palabras de Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, quien no dudó en interpelar directamente a la Junta de Andalucía: «¿Por qué quiere la Junta de Andalucía que los pueblos nos quememos?». Herrera denunció la incomprensible situación de abandono de puestos clave de vigilancia: «¿Es lógico que en pleno verano, a más de 30 grados, el principal puesto de vigilancia, el del Porrejón, no tenga personal? ¿Por qué tampoco en el puesto de vigilancia del Ventorro, en el término municipal de Benarrabá? ¿Por qué por las noches también se queda desierto?».
El alcalde de Genalguacil relató un incidente reciente que puso de manifiesto la precariedad del sistema: «El día 12 de julio tuvimos un fuego, un coche que salió ardiendo, que nadie dio la voz de alerta. Y eso es porque los puestos de mando, los puestos de vigilancia, no están funcionando». Para Herrera, la «política de la Junta de Andalucía va en contra de los pueblos», a pesar de que estos, según sus palabras, «suponen el 70% del territorio».
Los alcaldes recordaron el compromiso adquirido por la Junta de Andalucía de reforzar la vigilancia tras el devastador incendio de 2021. Sin embargo, la realidad, según denuncian, es la contraria: un abandono que califican de inaceptable. «No es lógico que en pleno siglo XXI no se sigan defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de Andalucía», concluyó Herrera, mostrando el temor de una población que, aún con la memoria fresca de la tragedia, se siente desprotegida ante el riesgo de un nuevo incendio. La falta de personal en los puestos de vigilancia, sumado a la escasez de efectivos en el Infoca, dibuja un panorama desolador para la Serranía de Ronda, una zona de alto valor ecológico y paisajístico que clama por una mayor atención y recursos para evitar una repetición de la catástrofe.
El grito desesperado de los alcaldes de Jubrique y Genalguacil no es solo una denuncia puntual, sino el reflejo de una desidia que, lamentablemente, se repite año tras año en la Serranía de Ronda. Tras la épica mediática de la extinción del incendio de 2021, parece que el compromiso político con la prevención se diluye como humo, dejando a la comarca en una situación de extrema vulnerabilidad. No se trata únicamente de una cuestión de números, sino de una priorización de recursos que, a todas luces, está fallando. ¿Acaso la Junta de Andalucía considera que el coste político de un nuevo desastre es menor que la inversión en prevención? La respuesta, lamentablemente, parece evidente.
Más allá de las promesas incumplidas y la evidente falta de personal, la situación en la Serranía pone en tela de juicio el modelo de gestión del Infoca. ¿Es sostenible un sistema que depende de la heroicidad de sus efectivos en el momento crítico, pero que se muestra incapaz de garantizar una vigilancia y prevención efectivas? Es imperativo un replanteamiento integral, que incluya una mayor inversión en tecnología, formación especializada y, sobre todo, una planificación territorial que tenga en cuenta las particularidades de cada comarca. De lo contrario, seguiremos condenados a lamentar las consecuencias de una política cortoplacista que, a la larga, resulta mucho más costosa en términos económicos, medioambientales y humanos.
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